«El periodista debe ser crítico, defensor del ciudadano frente al poder, al iluminar las zonas oscuras y ocultadoras de una realidad y de una clase política que con frecuencia cree poco en los ciudadanos y que, en los casos más extremos, se constituyen en castas»
ALBERT CAMUS
Desde hace algún tiempo se viene denunciando en España —por gran parte de la prensa crítica especializada en investigación política— que existe una sincronización en la transmisión de información, de más que dudosa objetividad, que con idéntico contenido publican de forma simultánea varios medios de comunicación oficialistas, sean públicos o privados, para crear en la sociedad una opinión favorable a los postulados que defienden y que están en sintonía con el argumentario oficial que el Gobierno proporciona a sus altos cargos.
Ocho años después del inicio de los gobiernos de Pedro Sánchez, en lo que afecta a la libertad de expresión, la situación es manifiestamente mejorable. En los numerosos casos de corrupción del Gobierno, estos medios oficialistas han callado, en el mejor de los casos, o los han justificado. Pero hoy estos casos se han generalizado tanto en su partido como en sus gobiernos, incluso en su ámbito personal. Aunque regados generosamente con recursos públicos, estos medios y periodistas muestran su fidelidad no incomodando al Ejecutivo.
Pese al intento por ganar el relato de la información sobre estos casos, el presidente del Gobierno no pudo evitar que los supuestos de nepotismo y corrupción llegaran a sus allegados y familiares, por lo que el Equipo de Opinión Sincronizada parecía insuficiente. Para paliar esa carencia, han creado un equipo para que desactive, por cualquier medio legal o ilegal, los casos de corrupción más acuciantes ante los miembros de la Fiscalía, los de la judicatura o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investigan esas causas.
Y en esas estamos. En el conocido como «caso Leire» se investiga a los miembros de este grupo de personas que dirige un alto cargo del partido del presidente. Sus miembros tienen la misión de forzar el archivo o el sobreseimiento, cuando no la nulidad, de los procesos judiciales de sus familiares o de altos cargos implicados en los casos de corrupción generados en la gestión de las distintas administraciones públicas en las que gobiernan, así como de sus ramificaciones en entidades privadas, nacionales o extranjeras.
Ambos equipos organizados y sincronizados lo que pretenden es ocultar las irregularidades producidas en el funcionamiento de la cosa pública desinformando a los ciudadanos con el primero de estos equipos; y, con el segundo, mediante extorsión, la coacción, el ofrecimiento de dádivas o promesas a testigos para cambiar su testimonio o exigiendo la separación de funcionarios que tramitan, instruyen o sancionan a las personas investigadas por los casos de corrupción cuya responsabilidad sea exigible por su actuación irregular.
Aunque la prensa oficialista también es utilizada como aparato ideológico del Gobierno con la idea de conquistar, mantener y consolidar el poder del presidente Sánchez, para que —como defendía el marxista Antonio Gramsci a principios del siglo XX— la clase dominante mantenga el poder no solo con el control económico, sino mediante el consenso; de manera que la cultura, los medios y las instituciones educativas difundan una visión del mundo que los dominados asimilen como sentido común, logrando así su aceptación voluntaria.
Estos medios de comunicación, siguiendo esta filosofía gramsciana, defienden y difunden coordinada y simultáneamente el argumentario que les hace llegar el Ejecutivo, sin cuestionar ni criticar los contenidos que les ofrecen para ocultar las irregularidades en su actuación o las incoherencias, contradicciones e ilegalidades que han producido muchas de sus decisiones.
Además, se ataca a los profesionales independientes del periodismo que no aceptan el relato oficial que se les ofrece e investigan por su cuenta los entresijos del poder del actual Gobierno. El desamparo de estos profesionales es más que evidente. Sobre todo porque son denostados no solo desde los medios públicos, sino que también lo hacen los medios privados oficialistas, atacándolos de manera inmisericorde y estigmatizándolos para cuestionar su objetividad profesional como periodistas. Para ilustrar todo esto baste un ejemplo.
Ketty Garat, directora adjunta del diario The Objective, fue denunciada por Ábalos en 2021, quien le exigió judicialmente una indemnización por injurias y calumnias tras informar sobre él. Pasados varios años, los tribunales le dieron la razón a la periodista, utilizando el principio de la exceptio veritatis, que rige en el derecho penal y que permite al acusado por delitos contra el honor quedar exento de toda responsabilidad si logra, como ella hizo, demostrar que las afirmaciones emitidas en sus declaraciones o publicaciones eran ciertas.
Pero también le tocó sufrir el desprestigio de algunos profesionales de los medios de comunicación privados de la conocida como sincronizada, cuando publicaron sobre ella que actuó, supuestamente, de manera irregular con alguna de sus fuentes de información. Algo que no tuvo mayor recorrido, dejando en evidencia a la periodista que la difamó.
