La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado en su reunión de este lunes un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados, que se firmará en los próximos días y dotado con 5.000 euros, para la creación y puesta en marcha de la Oficina Municipal de Asesoramiento ante la Ocupación Ilegal de Viviendas.
Según ha explicado la viceportavoz del equipo de Gobierno, Aurora Galisteo, se trata de una nueva herramienta que nace con el objetivo de “prestar información y asesoramiento gratuito a los titulares de viviendas ubicadas en nuestro término municipal de Ciudad Real que se vean afectadas por las ocupaciones ilegales”. La edil ha asegurado que es una iniciativa pionera en Castilla-La Mancha “especialmente dirigida a particulares y propietarios, es una medida que creemos que va a reforzar ese apoyo institucional a quienes están sufriendo una situación especialmente compleja e injusta como es que te ocupen la vivienda, y además va a permitir a los afectados disponer de una información clara, acompañamiento legal y herramientas para poder actuar con seguridad y rapidez”.
Esta medida se suma a otra serie de acciones que está impulsando el equipo de Gobierno para mejorar la respuesta municipal frente a la ocupación ilegal, “un tema que nos ocupa y preocupa y con el que estamos trabajando desde hace bastante tiempo”, especialmente en barrios como el de La Granja o el de La Esperanza, donde la concejalía de Servicios Sociales ha constatado la existencia de varias viviendas ocupadas, todas propiedad de la Junta de Comunidades, institución con la que ya se han mantenido reuniones para establecer líneas de colaboración.
«Con este acuerdo garantizamos que todos los vecinos cuenten con un recurso accesible que sea capaz de orientarlos desde los primeros momentos», ha señalado la viceportavoz municipal.
Aunque el Ayuntamiento no dispone de datos concretos sobre ocupaciones en la ciudad, Galisteo ha reconocido la preocupación existente en el barrio de La Granja, donde hay viviendas propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, según ha indicado, vuelven a ser ocupadas poco después de quedar libres.
En este sentido, ha explicado que el Consistorio mantiene conversaciones con el Gobierno regional para analizar posibles soluciones, protocolos y medidas, dentro de un marco de «colaboración total».
Galisteo ha señalado que el objetivo pasa por que las viviendas públicas que estén libres puedan arreglarse, ya que algunas se encuentran «en un estado deplorable», y adjudicarse «lo más rápido posible» a las personas incluidas en la lista de solicitantes de vivienda en la capital, que ha cifrado en unas 5.000.
Según ha apuntado, en torno al 80% del parque de vivienda del barrio de La Granja es propiedad de la Junta.
Los okupas en España no existen, es un relato de la extrema derecha.
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