«La forma que en política ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal.»
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
(Pensador español)
Cuando se produjo el advenimiento de la Segunda República Española en 1931, todos pensaron que el sistema político más apropiado era el de una democracia liberal que, como diría Winston Churchill, era el menos malo de los sistemas de gobierno. Pero pronto se pudo comprobar que esta elección se hizo en el peor momento posible para su implantación porque, en el ámbito internacional y en Europa, los regímenes totalitarios del fascismo y del comunismo prevalecieron sobre este sistema en los años treinta del siglo pasado, lo que impidió la implantación del modelo en España.
Se trata de un modelo de éxito que surgió en Inglaterra en el siglo XVII y en Francia en el XVIII, pero que acabaría imponiéndose también en los países occidentales más modernos, no solo europeos, durante todo el siglo XIX y en los inicios del XX. Son esenciales a este sistema político la abolición de las monarquías absolutas, la implantación del Estado de derecho, el establecimiento de la división de poderes, la celebración de elecciones periódicas que faciliten la alternancia conformando mayorías en los órganos representativos y el respeto a los derechos individuales de los ciudadanos.
Pero, para el común de los mortales, todo esto hay que hablarlo en paladín castellano. Lo que se quiere decir es que todo lo que caracteriza a este sistema político no puede ser ajeno a los mutuos controles entre poderes para evitar el abuso de cualquiera de ellos, o de algún otro, en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Es decir, deben existir y tolerarse los contrapoderes que limiten e impidan la concentración de poder, lo que facilitaría la invasión de competencias y cercenaría la autonomía del resto de poderes, conculcándose el respeto necesario a nuestro Estado de derecho.
En estos tiempos convulsos que se viven en el ámbito internacional, hay democracias consolidadas, más o menos recientes, que se encuentran en una verdadera crisis de lo que son los estándares de calidad que se deben exigir. Autores como Norberto Bobbio o Robert Dahl inciden y coinciden en la necesidad de que haya algunas reglas básicas para que la democracia sea más igualitaria. Entre otras, están la elección directa de los cargos públicos, las elecciones frecuentes y preestablecidas, el derecho a la libertad de expresión o el derecho al acceso a fuentes de información independientes.
La principal razón de esta crisis es el deseo de perpetuarse en el poder de algunos líderes políticos que no desean ser controlados por los contrapoderes establecidos en democracia. Y ocurre, por citar solo dos ejemplos, en países en los que funciona desde hace doscientos cincuenta años, como en los EE. UU.; o en países en los que lleva funcionando desde hace cincuenta, como en España. Aunque políticamente sean muy diferentes, Donald Trump y Pedro Sánchez tienen el mismo deseo de controlar al resto de poderes e imponer sus políticas más allá de las instituciones establecidas.
EE. UU. es un régimen presidencialista cuya forma de Estado es la de una república federal y constitucional, mientras que España es una democracia en la que la forma de Estado es la monarquía parlamentaria, aunque ambos sistemas políticos forman parte de ese universo de las democracias liberales actuales. La ambición y la osadía de ambos líderes desbordan la ortodoxia del funcionamiento de una democracia en la que, en el poder ejecutivo, no es aceptable que se pretenda imponer a sus miembros y controlar al resto de los poderes del Estado, como desean ambos mandatarios.
El problema de estos mandatarios es su populismo. En el caso del norteamericano, de carácter ultraderechista y, en el caso del español, de izquierda radical, con connotaciones secesionistas. Lo peor en ambos es que tienen serios problemas con la justicia de su país y, sobre todo, por ese toque autocrático que imprimen en su forma de gobernar, ya que suelen actuar, en la mayoría de los casos, al margen del poder legislativo utilizando «las órdenes ejecutivas», Trump, y «los decretos-leyes», Sánchez, lo que impide una actuación como exige la buena praxis en una democracia liberal.
Conviene recordarle al señor Sánchez que su partido optó por diferenciarse del PCE en 1921 cuando se escindieron políticamente. Y hay que recordar que dos líderes del PSOE, Fernando de los Ríos y Daniel Anguiano, en el año 1920 debatieron con Lenin sobre la libertad de prensa y de expresión, a lo que este les respondió: «¿Libertad para qué?». Y luego, cuando hablaron del acceso al poder mediante su participación en las democracias liberales, les dijo que se accede por la revolución y que esa democracia liberal —que el líder ruso calificó de burguesa— se sustituiría por «la dictadura del proletariado».
Pero parece que el actual líder del PSOE no es muy partidario de lo que sus predecesores consideraron fundamental hace más de un siglo: la libertad, la igualdad y la democracia.
