Los diputados del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han manifestado que las políticas sociales representan uno de los principales instrumentos del Estado del bienestar para promover la igualdad de oportunidades, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la cohesión social. Al hilo de esta cuestión, han informado que cada año las distintas administraciones públicas destinan a estas políticas miles de millones de euros con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante actuaciones en ámbitos tan diversos como la dependencia, la discapacidad, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la protección de la infancia, el apoyo a las familias, la conciliación, el envejecimiento activo o la atención a las personas en situación de exclusión residencial, entre otras.
“Sin embargo, el éxito de una política pública no puede medirse únicamente por el volumen de recursos que moviliza ni por el número de actuaciones que desarrolla. La verdadera medida de su eficacia reside en el impacto que produce sobre la realidad que pretende transformar”, han declarado. Por tanto, sostienen que conocer qué políticas funcionan, cuáles requieren mejoras y cuáles no alcanzan los objetivos previstos constituye una condición imprescindible para garantizar una gestión pública más eficiente, más transparente y orientada a resultados.
En este sentido, apuntan los diputados ciudadrealeños que la evaluación de las políticas públicas ha adquirido un protagonismo creciente en las democracias más avanzadas, y que diversos organismos nacionales e internacionales vienen reclamando desde hace años un fortalecimiento de la evaluación de las políticas públicas. “La AIReF ha señalado reiteradamente la necesidad de incorporar sistemas de evaluación que permitan mejorar la eficiencia del gasto y orientar las decisiones públicas hacia los resultados”, han recordado. En la misma línea, señalan que la Comisión Europea ha reforzado la exigencia de indicadores verificables y mecanismos de seguimiento en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mientras que la OCDE considera la evaluación uno de los pilares esenciales de una gobernanza pública moderna. El Tribunal de Cuentas también ha puesto de relieve, en distintos informes de fiscalización, deficiencias en el seguimiento y evaluación de numerosas políticas públicas. “En definitiva, la evaluación del impacto social no persigue aumentar el control administrativo ni generar nuevas cargas burocráticas, sino facilitar que las decisiones públicas se apoyen en el conocimiento y en los resultados obtenidos”, han aseverado.
Entienden Fúnez y Belda que España dio un paso importante con la aprobación de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. No obstante, la implantación efectiva del sistema previsto en dicha ley avanza despacio, como pone de manifiesto el hecho de la reciente aprobación del Real Decreto 65/2026, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Superada esta primera fase de construcción institucional, resulta necesario orientar los esfuerzos hacia aquello que constituye la verdadera finalidad de la evaluación: mejorar la eficacia de las políticas públicas y facilitar una toma de decisiones basada en la evidencia.
Este objetivo, indican los parlamentarios populares, adquiere una especial relevancia en el ámbito de las políticas sociales, ya que, tal y como han explicado, a diferencia de otros sectores de la acción pública, las políticas sociales se desarrollan en un contexto de gobernanza multinivel, en el que intervienen, desde sus respectivos ámbitos competenciales, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Esta realidad exige, a su juicio, reforzar la cooperación institucional para compartir metodologías de evaluación, generar conocimiento útil, identificar experiencias exitosas y promover una mejora continua de las políticas públicas, siempre desde el máximo respeto a la autonomía de cada administración.
“La evaluación del impacto de las políticas sociales no debe entenderse como un mecanismo de supervisión entre administraciones ni como un instrumento de comparación territorial. Su finalidad es muy distinta: conocer mejor la realidad sobre la que actúan las políticas públicas, medir sus resultados, aprender de la experiencia acumulada y facilitar que las decisiones futuras respondan cada vez más a criterios de eficacia, eficiencia y calidad de los servicios prestados a los ciudadanos”, han afirmado.
En este sentido, subrayan que la propia Ley 27/2022 prevé la elaboración de una estrategia de ámbito estatal destinada a reforzar el sistema público de evaluación, y, por otra parte, reconoce que la función evaluadora no se agota en el ámbito de aplicación de esta, admitiendo la cooperación con otras administraciones públicas en materia de evaluación. Es por ello que se considera pertinente ir un paso más allá y ampliar la función evaluadora a otros ámbitos competenciales a través de una estrategia especifica de evaluación y mejora del impacto de las políticas sociales con pleno respeto al reparto constitucional y estatutario de competencias. Una estrategia de este tipo permitiría entre otras cuestiones identificar ineficiencias, ámbitos de mejora y buenas prácticas en materia de lucha contra la pobreza, familia e infancia, envejecimiento activo, políticas educativas o inclusión.
“La mejor política social no es necesariamente la que más recursos consume, sino la que consigue mejores resultados para las personas. Evaluar no significa cuestionar las políticas públicas sino dotarlas de mejores herramientas para cumplir su finalidad y garantizar que cada decisión pública contribuya de la forma más eficaz posible a mejorar la vida de los ciudadanos. Vamos por ello a pedir al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a aprobar una Estrategia de Evaluación del Impacto de las Políticas Sociales, que incorpore la evaluación como instrumento permanente para la mejora de la eficacia y la calidad de las políticas sociales, impulse una cultura de toma de decisiones basada en la evidencia y refuerce la transparencia y la rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos. También a elaborar dicha Estrategia en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales y demás instituciones implicadas, con el apoyo técnico de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, mediante los órganos de cooperación competentes en cada ámbito, con el fin de promover metodologías de evaluación compartidas, favorecer el intercambio de conocimiento y buenas prácticas e impulsar la mejora continua de las políticas sociales, con pleno respeto al reparto constitucional y estatutario de competencias”, han finalizado.
