Comunicado de Stop Biometano Tomelloso.- Stop Biometano Tomelloso ha presentado sus aportaciones a la consulta pública que ha abierto la Junta de Comunidades para elaborar el futuro decreto que regulará la instalación de las plantas de biometano en Castilla-La Mancha. Este proceso se ha iniciado después de que el Gobierno autonómico trasladase a las organizaciones vecinales que el Plan Regional de Biometanización “es cosa del pasado”.
La plataforma ciudadana propone un marco regulador restrictivo, apuesta por la electrificación para reducir la dependencia del gas fósil y plantea otros métodos para la valorización eficaz de los residuos agroganaderos. También exige una moratoria de cuatro años que implique la suspensión de los proyectos en tramitación, topes al tamaño de estas instalaciones y la garantía de que los residuos sean solo de origen local.
LA CONSEJERÍA SE EQUIVOCA
El movimiento vecinal considera que la Consejería de Desarrollo Sostenible desconoce la realidad energética de Castilla-La Mancha cuando afirma en la justificación del decreto que la economía está carbonizada y depende del exterior. El último informe de Red Eléctrica indica que la comunidad autónoma produce el triple de la energía eléctrica que consume. Además, más del noventa por ciento de la generación procede de fuentes renovables y de la nuclear, mientras que solamente el 8,4 por ciento procede del gas, bien por ciclo combinado o por cogeneración.
Respecto a la producción de una ingente cantidad de residuos, la plataforma señala que las plantas de biometano no resuelven ese problema, al transformar más del noventa por ciento de su materia prima en digestato, otro residuo que tendría que valorizarse antes de su hipotético uso como fertilizante. Si no es tratado, su dispersión podría acarrear un riesgo real de contaminación de las aguas subterráneas por lixiviación.
La regulación propuesta por la Junta no cuestiona el papel de la ganadería industrial en la región, causante de una parte destacada de estos residuos. Tampoco promueve una economía circular real, al permitir que se puedan utilizar desechos de otros lugares, evitando que se traten en origen.
Con los datos existentes, Stop Biometano Tomelloso entiende que no existe un problema en la región que justifique la concentración de nuevos residuos y macroplantas de biometano en nuestro territorio.
PROCESO POCO TRANSPARENTE
En la respuesta enviada a la Consejería, se demanda que se responda de forma motivada a las más de 15000 alegaciones que se presentaron al anterior Plan Regional de Biometanización, en lugar de “ignorar a la ciudadanía y pretender hacer tabula rasa con el nuevo decreto”. La organización vecinal argumenta que la falta de respuesta a dichas alegaciones “podría viciar de raíz la legitimidad y la solidez jurídica de la norma resultante”.
Asimismo, Stop Biometano Tomelloso critica que durante la consulta previa no se haya publicado un borrador del futuro decreto, como se ha hecho en procesos participativos anteriores, ni que este se facilitase a las plataformas que se reunieron con la consejera del área, Mercedes Gómez, el pasado 25 de junio.
ALTERNATIVAS RESPONSABLES
La plataforma vecinal rechaza que las plantas de biometano sean la solución idónea al tratamiento de los residuos existentes en el territorio, como tampoco la mejor opción para avanzar en la transición ecológica.
Por esas razones, considera necesario que se priorice en la planificación energética regional la electrificación de usos actualmente dependientes del gas, como la calefacción, algunos procesos industriales o el transporte. También que se refuercen los programas de eficiencia energética y las fuentes renovables ya consolidadas en la región, como la eólica y la solar fotovoltaica. En ese sentido, defiende que el biometano debería reservarse exclusivamente a usos donde la electrificación no sea una alternativa en el corto plazo.
El colectivo vecinal exige la paralización de la implantación de plantas de biometano y macrogranjas de ganadería industrial en Castilla-La Mancha hasta que se establezca un marco legal regulatorio garantista y preventivo. Hasta la aprobación de esa normativa, se propone una moratoria mínima de cuatro años en la tramitación de nuevas autorizaciones vinculadas a plantas de biometano, y la suspensión cautelar de los proyectos actualmente en tramitación.
Entre las propuestas formuladas figura elevar la distancia mínima con respecto a los núcleos urbanos. Stop Biometano Tomelloso considera insuficientes los dos kilómetros propuestos en la resolución aprobada en las Cortes regionales y pide que las distancias planteadas en el futuro decreto tengan en cuenta la literatura científica existente y se basen en estudios independientes.
La plataforma ve imprescindible que esa distancia se aplique también a los núcleos de los municipios colindantes y no solo del término municipal de la planta, para evitar que se repitan problemáticas como la de la macroplanta de Noez y Casasbuenas.
Igualmente, la entidad reclama que el cien por cien de los residuos empleados en las plantas sea de origen local, pide fijar un límite máximo de toneladas anuales tratadas por las plantas y la prohibición de ampliaciones que lo superen. También propone la prohibición del vertido directo del digestato sin tratamiento, topes al tráfico pesado derivado de estas instalaciones y prohibir su instalación en zonas de riesgo de inundación.
Stop Biometano Tomelloso exige que ningún proyecto se tramite sin la aprobación expresa del ayuntamiento afectado, teniendo que pasar antes por sesión plenaria o someterse a una consulta popular.
Finalmente, la plataforma afirma que no es necesario recurrir a las macroplantas de biometano para tratar los residuos agroganaderos, y defiende que existen alternativas técnicamente viables como la digestión aerobia, los tratamientos biológicos de las vinazas o el compostaje controlado de alpechines y alperujos.
