El informe trienal sobre el grado de cumplimiento y el impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha ha sido aprobado por la mayoría socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha frente a una oposición que ha puesto en duda el éxito que ha defendido el Gobierno, con votos en contra de Vox y abstenciones del PP.
Así, el PSOE ha querido resaltar en el debate los avances conseguidos, admitiendo en todo caso que todavía es pronto para desarrollar todas las políticas reflejadas en el texto normativo aprobado hace años.
Por contra, Vox ha cargado contra una ley que ha provocado subvenciones a órganos que a su juicio no tienen ningún recorrido; mientras que PP ha admitido la premisa de que la ley puede funcionar, pero ha lamentado que se esté quedando, de momento, corta.
VOX CRITICA LA INOPERANCIA DE LA LEY
El diputado de Vox Luis Blázquez ha sido el primero en tomar la palabra para «condensar lo que muchos piensan, que es la hipocresía del PSOE».
«Vienen a poner etiquetas. Si una mujer es feminista, tiene que ser socialista. Un claro ejemplo de la degradación de la mujer», ha dicho, apuntando que si una mujer «no comulga con el PSOE, es una radical».
Mientras, las mujeres «sufren» en Castilla-La Mancha, con problemas de acceso de vivienda o de listas de espera para entrar en la sanidad. «Frente a eso, solo recetan ideología».
Ha cargado contra el «millón de euros en subvenciones» del organismo que se ha hecho cargo del informe, lamentando «las campañas y los sueldos» que absorben.
«El informe es demoledor y reconoce que no puede medir con rigor la discriminación. Ustedes crean organismos y luego reconocen que no tienen instrumentos para medir lo que desean combatir. Es un despropósito», ha lamentado, asegurando que tras tres años de ley, «no son capaces de evaluar sus resultados o decir si tiene un impacto social pese a las subvenciones».
PP LAMENTA LA FALTA DE «DATOS OBJETIVOS» TRAS LA LEY
La diputada del PP Ana Cantarero, de su lado, ha empezado asegurando que su partido rechaza la discriminación de cualquier colectivo, al tiempo que ha admitido que se han creado herramientas con esta ley que han sido útiles, pero «tres años después el plan estratégico sigue sin aprobarse y la coordinación entre consejerías sigue sin reunirse».
«No hay una política transversal y cuando una ley no se desarrolla no se cumplen las expectativas. El informe no permite valorar el impacto real de las actividades organizadas», ha lamentado la parlamentaria, que pide «datos objetivos para responder la pregunta de si esta ley ha mejorado la vida de las personas».
Ha resaltado la dificultad para acceder a los recursos que despliega la ley en los pequeños pueblos y en las zonas rurales, al tiempo que ha exigido al Gobierno «que haga lo que la ley refleja y que ponga en funcionamiento los órganos previstos para coordinar de verdad».
Hay una «gran diferencia» entre «gobernar con fotografías o con resultados», por lo que ha reclamado «demostrar» y cumplir las «obligaciones pendientes» del texto legislativo.
«Que este informe sirva para poner en funcionamiento todo lo que la ley recoge. La igualdad exige que no nos dediquemos solo a hacer propaganda», ha abundado.
PSOE VALORA LOS AVANCES Y ADMITE QUE «QUEDA POR HACER»
La parlamentaria socialista Rosario García Saco, ha tomado la palabra en nombre de su grupo para fijar posición en cuanto al informe de una ley que tiene «credibilidad».
Estos informes, ha dicho, «sirven para mejorar políticas públicas» mientras que para la oposición funcionan para desacreditar los «avances» cosechados.
Una ley que con solo «tres años de recorrido» ha puesto en marcha servicios públicos «que no existían», si bien admite que quedan «cosas por hacer».
«Pero no hay que negar lo que ya se ha conseguido», ha dicho García Saco, que carga contra Vox por «no proponer mejoras» y limitarse a desacreditar «la existencia de recursos específicos destinados a los que sufren discriminación».
Ahí es, ha dicho, donde el PSOE discrepa, ya que «hablar de igualdad consiste en garantizar que quienes parten de situación de vulnerabilidad llegan a esa igualdad». «Y eso no es ideología, eso es justicia», ha apuntado.
SARA SIMÓN: «VAMOS POR EL BUEN CAMINO»
La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado por su parte que este informe trienal a cuenta de la ley demuestra que, si bien la norma es «muy joven» todavía, ya ha demostrado que en su corta vida «se ha trabajado para implementarse» si bien es evidente que «queda camino».
«Solo en tres años no se pueden evaluar políticas recientes, pero se demuestra con datos que en tres años el 84% de este articulado ya se ha iniciado, una cifra importante. Pero tenemos que seguir mejorando tras este buen punto de partida», ha señalado.
Las políticas ahora tendrán que abordar un «impacto positivo en la sociedad» a tenor de un informe que «marca la hoja de ruta para evaluar» todas las políticas que pretende desplegar la norma.
Pero, hoy por hoy, «es imposible ver el efecto de estas políticas», si bien se sabe que «se va por el buen camino».
Ha citado los servicios instaurados de cara a prestar servicio jurídico y psicológico al colectivo LGTBI, que se han ampliado por toda la región para «llegar de forma más determinante» a todas las personas con alguna necesidad.
Para la consejera, la región «tiene un presidente que tiene clara la hoja de ruta a seguir» en cuanto a la defensa de los derechos de las personas LGTBI, con leyes que son «diques de contención» ante los discursos de odio.
