El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado este viernes a sus principales órganos de participación en materia social cuatro iniciativas con las que avanza en la ampliación de derechos, la inclusión de las personas con discapacidad, la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento del voluntariado en la región.
El Consejo Asesor de Servicios Sociales y la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social han celebrado hoy sendas reuniones en las que se ha informado sobre el proyecto de Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha; el proyecto de decreto que regulará el servicio de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad y su procedimiento de acceso; la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social 2026-2030 y el proyecto de Ley de Voluntariado.
La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, ha subrayado que el paso de estas iniciativas por ambos órganos responde al modelo de elaboración participativa que el Ejecutivo autonómico aplica a las principales políticas sociales.
“La participación no es el último trámite de una política pública, sino una parte esencial de su diseño. Escuchar a quienes trabajan cada día junto a las personas y conocen de primera mano sus necesidades nos permite mejorar las normas, las estrategias y los servicios que ponemos en marcha”, ha afirmado.
Martín ha agradecido la implicación y las aportaciones realizadas por las entidades y representantes que integran estos órganos y ha señalado que “el diálogo sirve cuando tiene capacidad real para enriquecer las decisiones y transformar las propuestas iniciales en respuestas más completas, más cercanas y útiles para la ciudadanía”.
En estos dos órganos también han participado hoy el comisionado para la Accesibilidad de Castilla La Mancha, José Luis Escudero; el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, y el director general de Acción Social, Santi Vera.
Dos ámbitos de participación diferentes y complementarios
El Consejo Asesor de Servicios Sociales es el órgano de participación más amplio y representativo de la Consejería de Bienestar Social. En él están presentes entidades sociales de diferentes ámbitos, representantes de las administraciones públicas, la universidad, los sindicatos, la Federación de Municipios y Provincias, las Diputaciones provinciales y distintos colegios profesionales, entre otros agentes relacionados con los servicios sociales.
Por su parte, la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social, constituida en desarrollo de la Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, permite analizar las políticas públicas desde la perspectiva específica de las entidades sociales y valorar su impacto en las organizaciones que colaboran con la Administración regional en la prestación de servicios y en el desarrollo de numerosos programas.
Aunque las dos reuniones han compartido los principales puntos del orden del día, cada órgano los ha abordado desde su propio ámbito de representación. “Son espacios diferentes, pero complementarios, que permiten incorporar una mirada plural y garantizar que las decisiones se adopten con conocimiento del territorio y de la realidad social”, ha explicado la viceconsejera.
La Ley de Accesibilidad avanza en su proceso participativo
La primera de las iniciativas analizadas ha sido el proyecto de Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha, que actualizará la normativa autonómica vigente desde 1994 y sustituirá un enfoque centrado fundamentalmente en la eliminación de barreras físicas y arquitectónicas por una concepción integral, transversal y basada en derechos.
El texto incorpora la accesibilidad física, sensorial, cognitiva, comunicativa y digital y extiende su aplicación a ámbitos como los espacios públicos y naturales, los transportes, la vivienda, la educación, el empleo, los servicios sociales y sanitarios, la cultura, el deporte, las relaciones con las administraciones públicas, las tecnologías y las situaciones de emergencia.
También presta una atención específica a las características territoriales y demográficas de Castilla-La Mancha, especialmente a las necesidades del medio rural.
El borrador se encuentra actualmente en una fase avanzada de participación. Desde el pasado mes de febrero permanece abierto el proceso en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha y, durante estas semanas, el texto está siendo presentado y debatido en 16 consejos y comisiones regionales, entre ellos los reunidos hoy. La fase de información pública está prevista para finales de julio y permanecerá abierta durante el mes de agosto.
Hasta el momento, el proceso ha registrado cerca de 300 participantes, alrededor de un centenar de aportaciones y más de 2.000 visitas al espacio habilitado en el Portal de Participación. El Gobierno regional está analizando las propuestas recibidas para incorporarlas, siempre que sea posible, al texto definitivo.
La futura Ley prevé, además, la creación del Consejo Regional de Accesibilidad Universal como órgano consultivo, participativo y de asesoramiento, con el fin de dar continuidad al diálogo entre la Administración regional, las entidades locales, el Tercer Sector, los agentes económicos y sociales, los colegios profesionales y las universidades.
Apoyos personalizados para la inclusión social y laboral
Las reuniones han abordado también el proyecto de decreto que regulará por primera vez de forma específica el servicio de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, así como el procedimiento para acceder a esta prestación.
El futuro decreto dará una base normativa común a un recurso dirigido a favorecer la autonomía, la participación comunitaria y la inclusión laboral de personas adultas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite o trastorno del espectro autista.
La intervención se desarrollará mediante apoyos profesionales personalizados, de acuerdo con los intereses, capacidades y proyecto vital de cada persona. Además, priorizará las actuaciones en entornos comunitarios y laborales reales frente a los espacios segregados, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, facilitar el acceso al empleo y reforzar la toma de decisiones sobre el propio proyecto de vida.
La viceconsejera ha señalado que la regulación permitirá “consolidar y seguir extendiendo un modelo que no parte de las limitaciones, sino de las capacidades de cada persona, de sus preferencias y de los apoyos que necesita para desarrollar su vida con la máxima autonomía posible”.
Una estrategia transversal contra la pobreza hasta 2030
El tercer asunto ha sido el borrador definitivo de la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha 2026-2030, elaborada mediante un amplio proceso de participación con las entidades del sector y con la implicación de los diferentes departamentos del Gobierno regional.
El documento plantea una respuesta transversal ante un fenómeno complejo y multidimensional, que no depende exclusivamente de los ingresos, sino también del acceso al empleo, la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales y las oportunidades de participación.
El borrador se estructura en tres grandes retos: la inversión social en las personas y los territorios; el fortalecimiento de la protección social; y el desarrollo de alianzas y del trabajo en red. En conjunto, contempla 118 medidas.
Entre sus ámbitos de actuación se encuentran el apoyo a las familias con menos recursos, la educación inclusiva, la formación y el empleo de calidad, el acceso a la vivienda, la atención sanitaria, el respaldo a la infancia y las familias, el fortalecimiento de los servicios sociales y la igualdad de oportunidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
La Estrategia contará, además, con mecanismos de seguimiento, evaluación intermedia y final, rendición de cuentas y participación del Tercer Sector durante su desarrollo.
Nueva Ley de Voluntariado
Finalmente, se ha informado sobre el proyecto de Ley de Voluntariado de Castilla-La Mancha, que sustituirá a la norma autonómica aprobada en 1995, con la que la región fue pionera en España.
El futuro texto adaptará el marco normativo a la realidad social actual y a los cambios incorporados durante las últimas décadas en la legislación estatal. Reconocerá los diferentes ámbitos de la acción voluntaria -social, cultural, deportiva, ambiental, educativa o de cooperación, entre otros- y reforzará los derechos y deberes de las personas voluntarias, de las entidades y de quienes reciben su apoyo.
Asimismo, delimitará con mayor claridad qué actividades tienen la consideración de voluntariado, establecerá nuevas garantías y medidas de fomento y actualizará los instrumentos de planificación, acreditación y participación.
El proyecto ha sido elaborado junto a la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha y las entidades que desarrollan programas con personas voluntarias. Tras completar los procesos de participación y aportaciones, la Consejería está analizando las propuestas recibidas con el compromiso de elevar el texto al Consejo de Gobierno en septiembre.
