Artículo de opinión · Por Elena Bello Muñoz · Mutualista.- La aprobación de la pasarela al RETA el 23 de julio de 2026 marca uno de los hitos normativos más relevantes en la historia de la protección social de los profesionales colegiados desde la creación de las mutualidades alternativas. Por primera vez, el legislador reconoce de forma explícita que el marco vigente era insuficiente, desigual y difícilmente justificable en términos de equidad contributiva.
La nueva ley redefine el marco jurídico aplicable a quienes han cotizado durante años en sistemas paralelos al régimen público, abre la puerta a una integración progresiva en la Seguridad Social y corrige —aunque solo parcialmente— una desigualdad histórica que afectaba a miles de profesionales. Sus implicaciones son profundas: actuariales, económicas, laborales y también éticas, porque toca el núcleo de la relación entre Estado, profesión y protección social.
Sin embargo, el avance llega con una sombra evidente: la exclusión de los mutualistas pasivos/jubilados. El Congreso ha decidido que quienes ya están en situación de retiro queden fuera de la pasarela, pese a haber contribuido durante décadas a un sistema que ahora se reconoce como insuficiente. Es una decisión que genera frustración, agravio comparativo y una sensación de justicia incompleta. El día es histórico, sí, pero también agridulce.
La aprobación de la pasarela demuestra que la movilización organizada y la perseverancia colectiva funcionan. Ha sido el trabajo constante de miles de mutualistas —informando, presionando, documentando, insistiendo— lo que ha permitido que esta reforma llegue al Congreso y se apruebe. Pero el camino no termina aquí: queda pendiente resolver la situación de los jubilados, garantizar una transición ordenada y asegurar que la integración en el sistema público se haga con criterios técnicos sólidos y no con improvisaciones.
El 23J no cierra una etapa: la inaugura. Y obliga a seguir trabajando para que la protección social de los profesionales deje de ser una excepción histórica y se convierta, por fin, en un derecho plenamente garantizado.
Un día que ya es historia, pero la historia queda incompleta con la exclusión de los pasivos/jubilados
El 23 de julio de 2026 ya forma parte de la historia social y profesional de España. No es una fecha más en el calendario legislativo: es el día en que el Congreso de los Diputados aprobó una ley que incorpora a los mutualistas a un marco jurídico más coherente, reduciendo de forma significativa las desigualdades generacionales y las limitaciones que durante años afectaron a su protección social.
Miles de personas que vivieron durante años en la incertidumbre ven hoy reconocidos sus derechos en una ley que, por fin, les devuelve el lugar que nunca debieron perder.
Una pasarela hacia el RETA
Por primera vez, la pasarela hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se abre de manera más amplia: los mutualistas en activo y los que estuvieron en el sistema quedan incorporados a la nueva arquitectura legal.
Pero los pasivos/ jubilados, quienes soportan las pensiones más bajas del sistema —en muchos casos por debajo del mínimo vital— y quienes no tuvieron ninguna opción en su día, han quedado fuera.
Esta exclusión es inaceptable. No solo porque perpetúa una injusticia histórica, sino porque afecta al colectivo más vulnerable, el que ya no tiene capacidad de maniobra y vive con pensiones que no alcanzan ni lo mínimo para una vida digna.
Y conviene afirmarlo con toda claridad: este avance es exclusivo de la perseverancia y del trabajo de los mutualistas, si bien el Congreso hoy ha abortado una pasarela verdaderamente inclusiva, dejando fuera a los más débiles.
Una solicitud formal ignorada
La amplia mayoría de mutualistas presentó formalmente a los grupos parlamentarios una petición clara y documentada: votar NO a la enmienda 26, única vía para evitar la exclusión de los jubilados.
No se trató de una mera reivindicación: fue una actuación institucional, ordenada y plenamente ajustada a derecho. Es difícil comprender —y aún más difícil aceptar— que una solicitud tan relevante, respaldada por miles de profesionales, no haya sido atendida ni siquiera mencionada.
Mantener la enmienda 26, pese a la petición formal de una mayoría amplia de mutualistas, es una decisión difícil de sostener desde un punto de vista social, ético y jurídico. El avance del 23J queda así como un logro agridulce: se reconoce un derecho, pero se deja atrás a quienes más lo necesitan.
De los 347 diputados que participaron en la votación, 290 apoyaron la enmienda que excluye a los pasivos/jubilados, mientras que 57 votaron en contra. El contraste entre la demanda de los mutualistas y el resultado parlamentario es, como mínimo, llamativo.
Un agradecimiento necesario
Un agradecimiento necesario se merecen algunos grupos parlamentarios, y en concreto algunos políticos que, sin duda, se sentirán identificados.
En este punto, es justo reconocer el avance logrado gracias a la sensibilidad mostrada por diversos grupos parlamentarios y, en especial, por algunos de sus miembros que, por deferencia, no nombro. Ellos sabrán reconocerse al leer estas líneas. Su disposición al diálogo, su capacidad de escucha y su respeto hacia la pluralidad de los mutualistas han contribuido a que hoy podamos afirmar que “hay que señalar también lo que se ha avanzado”, palabras que en su día resonaron en los pasillos del Senado. En reconocimiento a ellos, y al trabajo desplegado, hago extensivo este párrafo.
Aun con la prudencia que exige el momento, sí es oportuno destacar el gesto de Don Enrique Santiago (SUMAR) hacia la diputada Doña María Jesús Moro (PP), en reconocimiento a su trabajo; un gesto, desde la tribuna del parlamento, que nos hace volver a creer en la esencia del sistema democrático: el respeto entre adversarios, la altura institucional y la convicción de que el diálogo sigue siendo el camino. Aunque en el caso que nos ocupa el camino debió ensancharse para ser totalmente inclusivo.
Ese detalle, profundamente democrático, merece ser recordado.
Más de tres años de trabajo desde la legalidad
Esta normativa no ha sido fruto de improvisaciones ni de protagonismos individuales, que han ido quedando en evidencia por el transcurso del tiempo y sus propias actuaciones. Ha sido el resultado de más de tres años de trabajo sereno, técnico y profundamente legal por parte de los mutualistas. Profesionales que, lejos del ruido, han sabido sostener una reivindicación justa con rigor documental y pluralidad. En un contexto donde la desinformación y los intereses cruzados podían haber desviado el camino, los mutualistas optaron por la vía más difícil y más noble: la de la legalidad, la documentación exhaustiva, la transparencia y la perseverancia; en su mayoría, huyendo de insultos, descalificaciones y posturas no ajustadas a nuestro ordenamiento jurídico. Es evidente que las formas no adecuadas deslegitiman y quitan toda la razón, y que la fuerza de esta reivindicación ha residido precisamente en la coherencia, la solvencia técnica y el respeto escrupuloso a la ley. Como símbolo de ese proceder nos quedará la imagen gráfica de un gran tifo que recorrió toda la geografía española.
Pluralidad, no uniformidad
Como en cualquier proceso de cambio de sistema, siempre existe una minoría que opta por posiciones más confrontativas o por dinámicas que se alejan del trabajo colectivo. En todo movimiento social aparecen también enfoques que priorizan modelos de representación más rígidos o centralizados. Se trata de fenómenos conocidos y estudiados en la sociología de los grupos, y forman parte de la lógica habitual de cualquier transformación estructural.
Las voces que se autoaislaron
En todo proceso de transformación social aparecen dinámicas diversas. Algunas voces optan por situarse al margen del trabajo colectivo, priorizando enfoques distintos o estrategias que no siempre convergen con la mayoría, pudiendo distorsionar el objetivo. Este tipo de comportamientos es habitual en cualquier cambio de sistema y forma parte de la lógica de los grupos cuando afrontan transiciones profundas.
En este punto resulta inevitable recordar ciertas figuras clásicas de la literatura y la filosofía: personajes que confunden el ruido con la razón, el grito con el argumento y la estridencia con la autoridad. Como el tambor hueco de las antiguas fábulas, su sonido es intenso pero su interior carece de sustancia. O como el eco que resuena en las montañas: repite, pero no origina; imita, pero no construye. La historia también ha mostrado que, cuando falta la serenidad interior, algunos buscan refugio en el ruido exterior; y que, cuando no se posee la fuerza de las ideas, se intenta compensar con la fuerza de las palabras. Es un fenómeno humano tan antiguo como conocido: quien aspira a ser la única voz suele ser, precisamente, quien menos escucha. Como en el cuento del traje nuevo del emperador, hay quien se empeña en exhibir una grandeza inexistente, confiando en que el miedo o el desconcierto impidan a los demás señalar lo evidente. Pero la realidad siempre acaba pronunciándose, y lo hace con la claridad serena de quien no necesita elevar el tono para decir la verdad.
La filosofía ha reflexionado ampliamente sobre estas dinámicas. En contextos universales y sin referencia a personas concretas, ya advertía que “la polémica es el recurso de quienes carecen de razones” y que “donde falta el poder interior, se busca ruido exterior”. Estas ideas, formuladas como análisis generales del comportamiento humano, ayudan a interpretar fenómenos que se repiten en distintos ámbitos sociales y profesionales, sin vincularse a situaciones específicas ni a individuos determinados.
La experiencia de estos años ha mostrado que: • la autoridad se consolida a través de la coherencia, • el mérito sostiene las posiciones, • la excelencia es la que finalmente legitima el liderazgo.
Los mutualistas han encarnado esa autoridad verdadera: la que se reconoce por la solidez del esfuerzo colectivo; la que se concede por la consistencia del trabajo; la que nace del compromiso interior y no de la búsqueda de protagonismo.
La filosofía frente al vaso medio vacío
La filosofía también enseña que, en contextos de cambio social, interpretar los avances desde una perspectiva exclusivamente negativa puede llevar a lecturas incompletas de la realidad. En términos generales, Nietzsche señalaba que “el resentimiento es el refugio de quienes no pueden crear”, y Schopenhauer advertía que “la voluntad débil se aferra al lamento porque no sabe sostener la acción”. Estas reflexiones, formuladas como análisis universales del comportamiento humano, ayudan a comprender dinámicas que se repiten en distintos ámbitos sociales y profesionales, sin referirse a personas concretas.
Ignorar los progresos alcanzados no suele aportar profundidad analítica, sino que puede limitar la comprensión global de los procesos de transformación. En un día como el 23J, observar la realidad únicamente desde la carencia puede conducir a interpretaciones parciales que no reflejan la dimensión completa del cambio producido.
Lo que de ningún modo lleva a ignorar las deficiencias, y exclusiones antijurídicas e inconstitucionales.
La Abogacía Institucional: presente en la foto, ausente en el esfuerzo
La Abogacía Institucional estuvo presente en la sesión del Congreso, pero su contribución al proceso ha sido inexistente. Pese a los intentos tardíos de aproximación hacia sus colegiados, la distancia generada por años de falta de posicionamiento efectivo es hoy estructural. Esta brecha resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que no existe una desvinculación real entre el CGAE y la Mutualidad, y que incluso un representante de esta última forma parte del propio Consejo.
Las advertencias internas formuladas en distintos momentos —como las de 2005— no tuvieron continuidad pública ni se tradujeron en actuaciones institucionales que permitieran abordar el problema con la profundidad requerida. Del mismo modo, análisis de relevancia técnica como el informe MERCER, las conclusiones de las Jornadas de Tenerife o las reflexiones surgidas en diversas asambleas permanecieron en el ámbito interno, sin proyección hacia los mutualistas ni hacia los poderes públicos. La ausencia de una estrategia institucional sostenida contribuyó a que la cuestión permaneciera durante años silenciada.
La ley aprobada hoy es, por tanto, el resultado directo del trabajo continuado de los mutualistas, quienes han impulsado la reivindicación con constancia, documentación y rigor. El avance legislativo no deriva de iniciativas institucionales previas, sino de la persistencia de quienes mantuvieron vivo el debate cuando las estructuras corporativas optaron por la inacción. La trayectoria de estos años evidencia que la iniciativa, la articulación técnica y la presión social han procedido de la base profesional, no de la representación institucional.
La fase decisiva: el reglamento
Con la ley ya aprobada, se abre una nueva etapa decisiva: la elaboración del reglamento que definirá: • el procedimiento de conversión de fondos, • el cómputo de años, • la integración plena en el sistema público, • y la equivalencia actuarial de las aportaciones.
Esta fase será eminentemente técnica. Requerirá precisión, transparencia y vigilancia. No es tiempo de discursos: es tiempo de trabajo experto.
Los colectivos mutualistas deberán mantenerse coordinados para asegurar que el desarrollo reglamentario respete el espíritu inclusivo de la ley y garantice una transición justa para todos.
El papel de los medios: luz frente a la sombra
Este medio ha sido un aliado fundamental durante estos tres años. Ha dado voz a quienes no la tenían, ha permitido que la ciudadanía conozca la realidad de las mutualidades y ha contribuido a que la reivindicación se mantuviera viva, documentada y visible. Gracias por sostener la información cuando otros optaron por el silencio o por ofrecer relatos que no reflejaban con precisión la complejidad del problema, alejándose del deber de proporcionar información veraz y contrastada. La libertad de expresión no es solo un derecho: es una responsabilidad. Y este medio la ha ejercido con dignidad.
Bien es cierto que, a nivel nacional, otros medios han dado voz o medio voz y otros directamente nos han vetado.
Un cierre que inaugura una nueva etapa
El 23 de julio de 2026 marca el inicio de la recuperación de derechos que nunca debieron ser desplazados. Es el día en que la justicia social comienza a imponerse sobre la inercia institucional y en el que la dignidad profesional deja de ser una expectativa para adquirir rango normativo. No obstante, la pasarela no puede considerarse universal mientras los pasivos/jubilados permanezcan excluidos; sin ellos, la integración es incompleta.
Este día también evidencia que la transformación normativa ha sido consecuencia directa de la fuerza de la legalidad, la serenidad, la pluralidad y el esfuerzo sostenido de una amplia mayoría de mutualistas. No ha sido fruto de imposiciones partidistas ni de objetivos individuales, sino del trabajo constante, documentado y técnicamente solvente de quienes han mantenido viva la reivindicación durante años.
La exclusión de los pasivos/jubilados deberá ser objeto de revisión en sede judicial. Resulta difícilmente conciliable con los principios de suficiencia y dignidad de las prestaciones que, tras más de cuatro décadas de actividad profesional, existan pensiones inferiores incluso a las no contributivas. Esta situación no es imputable a los afectados, y la documentación histórica de la propia Mutualidad así lo refleja: durante años se recomendó permanecer en el sistema mutual, incluso después del informe MERCER y de las conclusiones de las Jornadas de Tenerife.
Con estos antecedentes, la vía judicial y el desarrollo reglamentario se convierten en fases decisivas. Será necesario avanzar hacia un reglamento justo, técnicamente preciso y plenamente respetuoso con la dignidad de todos los mutualistas. La responsabilidad colectiva exige continuar el trabajo hasta lograr una inclusión definitiva, voluntaria y ajustada a derecho en un sistema que garantice la protección social que todo ciudadano merece.
