El Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real quiere poner en valor el informe elaborado por el Área de Servicios Operativos con motivo de la solicitud de colaboración recibida para participar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la Sierra Norte de Guadalajara.
Este documento, elaborado por la Jefatura del Área de Servicios Operativos, analiza de forma detallada la situación de la plantilla, la disponibilidad de recursos materiales y el contexto operativo existente en el momento de la petición, concluyendo que “no era viable desplazar efectivos ni vehículos fuera de la provincia sin comprometer la cobertura y la capacidad de respuesta del servicio de emergencias en Ciudad Real”.
El informe, al que ha hecho referencia públicamente este lunes, 27 de julio, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, durante la sesión plenaria, pone de manifiesto que la decisión adoptada por el SCIS respondió exclusivamente a criterios técnicos y operativos, tras la valoración realizada por los responsables del servicio.
Entre las conclusiones del documento destaca que la dotación disponible permitía únicamente garantizar, de forma ajustada, la cobertura de las necesidades ordinarias de la provincia. Asimismo, señala que el desplazamiento de medios al incendio de la Sierra Norte de Guadalajara habría supuesto disminuir la capacidad de respuesta de los nueve parques de bomberos del Consorcio en un momento especialmente sensible, con riesgo extremo de incendios forestales y múltiples intervenciones activas en distintos puntos de la provincia.
El informe también recuerda que la provincia de Ciudad Real presenta unas características que condicionan especialmente la planificación de los recursos de emergencia, como su gran extensión territorial, la dispersión de los municipios y los tiempos de respuesta necesarios para garantizar una atención eficaz a la ciudadanía.
En este sentido, el documento concluye expresamente que la salida extraprovincial de recursos hubiera incrementado el riesgo tanto para la población como para los propios bomberos, al obligar a operar con una estructura ya ajustada y reducir la capacidad de respuesta ante posibles emergencias simultáneas.
El presidente del SCIS, Julián Triguero, ha reiterado, tras la controversia generada por representantes socialistas regionales y povinciales en relación a este asunto de no enviar efectivos del SCIS al incendio de La Mierla el pasado 21 de julio, que la decisión «no fue política ni discrecional, sino el resultado de un análisis técnico realizado por los profesionales responsables del operativo del Consorcio».
«Desde el primer momento nuestra voluntad fue estudiar la petición de colaboración, como hacemos siempre. Sin embargo, los informes técnicos fueron concluyentes y nuestra obligación era garantizar la seguridad de los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real. Esa responsabilidad está por encima de cualquier otra consideración», ha señalado.
Triguero ha querido agradecer además el trabajo desarrollado por la Jefatura del Área de Servicios Operativos y por los responsables de los distintos parques, «que toman decisiones complejas pensando exclusivamente en la seguridad de los ciudadanos y en la protección de los propios intervinientes, siempre desde criterios estrictamente profesionales y no buscando la confrontación».
Asimismo, ha recordado que el Consorcio continúa desarrollando una planificación continuada de recursos humanos para reforzar la plantilla mediante las sucesivas Ofertas de Empleo Público aprobadas desde 2023, con el objetivo de seguir incrementando la capacidad operativa del servicio y ofrecer la mejor respuesta posible a las emergencias de la provincia.
El SCIS reitera finalmente su plena disposición a colaborar con cualquier administración cuando sus capacidades operativas lo permitan, siempre desde la responsabilidad que supone garantizar la adecuada cobertura del servicio público esencial que presta en la provincia de Ciudad Real.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una sentencia firme que condena a la Comunidad de Madrid por desviar casi 38 millones de euros que debían destinarse a la mejora de equipos, instalaciones y vehículos de los bomberos. Estos fondos fueron utilizados en otras partidas presupuestarias en lugar de reforzar los recursos contra incendios.
Y luego llega una mamarracha y pide ayuda a papá Estado para que mientras ella se lo gasta en toritos el gasto de la extinción de incendios se lo paguemos entre todos.
Lista la tiparraca eh?…., y mientras tanto bajando impuestos a sus amigos los ricos.