Ley de Memoria Histórica. El caso de Ciudad Real: cuando una ciudad decide a quién quiere homenajear

José Luis Herrera Jiménez. Presidente de la Mesa de la Memoria Histórica 2016-2018. Presidente del Ateneo Republicano de Ciudad Real.- Hay carpetas que un político cierra el último día de su mandato y no vuelve a abrir jamás, y hay otras que permanecen abiertas para siempre.

Hace unos días volví a sacar de un cajón de mi casa una de esas carpetas. La había guardado hace casi diez años atrás. En ella estaban las actas de la Mesa de Memoria Histórica de Ciudad Real de la que fui presidente, los informes de los técnicos municipales, las biografías, algunos emails, las votaciones, los recursos y decenas de páginas que ocuparon buena parte de mi trabajo como concejal durante aquellos meses.

Mientras las releía, me di cuenta de el peso de la responsabilidad que sentía en aquellos momentos, porque detrás de aquellas reuniones se decidía a quien había que homenajear en nuestra ciudad.

Y esa era la verdadera cuestión que debatíamos, no debatíamos de Franco, ni de la guerra, ni de la represión, o no solo, debatíamos algo mucho más profundo que es el hecho de preguntarnos qué valores queremos que representen nuestros espacios públicos.

Han pasado casi diez años desde entonces y una sentencia obliga ahora al Ayuntamiento a devolver cinco nombres al callejero de Ciudad Real. Me han escrito wasaps, me han preguntado mi opinión, y algunos incluso me han preguntado si me arrepiento.

La respuesta es no.

Y no porque crea que todo se hiciera perfectamente, al contrario, puede ser que aquel expediente podía haberse fundamentado mejor, podíamos haber incorporado más documentación, o haber dado mayor profundidad a la motivación jurídica de cada caso. Pero no lo consideramos necesario, estaba bastante claro, después del debate, que aquellas calles no cumplían con la ley.

He vuelto a leer todo el expediente, y sigo sin encontrar esa arbitrariedad de la que algunos hablaron durante años, porque aquello no fue una decisión tomada una mañana entre cuatro personas.

Aquello comenzó con una moción del grupo municipal Ganemos aprobada democráticamente por el Pleno del Ayuntamiento. Después se constituyó una Mesa de Memoria Histórica.Nos reunimos representantes políticos, técnicos municipales y asesores, y estudiamos documentos, debatimos durante meses, se analizaron uno por uno los nombres propuestos, y luego se votó cada caso de manera individual. Incluso el PP votó a favor de retirar algunas de las calles y se abstuvo en otras. De hecho, hubo calles que se decidió mantener porque la propia Mesa entendió que no existían razones suficientes para retirarlas. Y, finalmente, fueron los propios ciudadanos quienes eligieron mediante un proceso participativo las nuevas denominaciones.

Ésa fue la realidad.

Por eso me resulta difícil aceptar el relato según el cual aquello fue una imposición ideológica, porque simplemente no ocurrió así.

La sentencia que ahora conocemos es inconcebible en un estado democrático europeo, es imposible una sentencia así en Francia, Alemania o Italia, por ejemplo, y aunque respeto la sentencia no significa que renuncie a pensar sobre ella.

Los tribunales tienen la función constitucional de controlar la legalidad de las decisiones administrativas, eso está claro, pero la cuestión que me planteo es otra: Cuando una Administración pública ha estudiado un asunto durante meses, ha reunido documentación, ha debatido, ha votado y ha motivado su decisión, ¿hasta dónde debe llegar ese control judicial?, ¿debe limitarse a comprobar si el procedimiento se ajustó a Derecho?, ¿o puede terminar sustituyendo, como ha sido el caso, la valoración histórica y jurídica realizada por una Administración democrática por otra distinta?.

Porque la sentencia no afirma que el Ayuntamiento actuara sin expediente, no dice que no hubiera informes, no sostiene que no existiera un procedimiento, y ni siquiera afirma que las personas afectadas fueran ajenas al régimen franquista.

Lo que hace es considerar insuficiente la motivación del expediente para entender acreditado que aquellos homenajes constituían una exaltación de la dictadura en el sentido exigido por la ley, y eso es muy discutible. Yo estudié quienes eran las cinco personas a las que retiramos los honores, solo hay que buscar en internet sus biografías para darse cuenta de que eran personas que no merecen una calle de una ciudad en un estado democrático como el nuestro.

Y precisamente por eso el debate no debería darse por terminado, y sigo pensando exactamente igual que hace diez años. Una calle no cuenta la Historia, tener el nombre de una calle es un honor, y ese honor tiene la función de representar aquello que una ciudad decide reconocer públicamente, y ésa es la razón por la que una democracia tiene derecho a preguntarse si desea seguir homenajeando a quienes ocuparon responsabilidades relevantes dentro de las instituciones que sostuvieron una dictadura llena de represión y asesinatos políticos, entre muchos, por ejemplo, la de dos alcaldes de nuestra ciudad -que por cierto, no tienen calle-.

No se trata de borrar el pasado, el pasado no puede borrarse, se trata de decidir qué valores queremos que representen el presente.

Por eso estoy tan profundamente dolido con Francisco Cañizares, el alcalde actual, viendo el debate, y el poco nivel intelectual de los argumentos de su portavoz -el señor Arroyo-, en el pasado pleno municipal. Los ciudadanos necesitamos algo más que echar balones fuera, necesitamos un mínimo rigor intelectual, para poder seguir confiando en nuestros políticos.

Es una opción política pensar que esto termina aquí, eso  parece que piensa el PP, y yo creo que esto aquí no termina. Hoy existe una Ley de Memoria Democrática distinta de la que nosotros aplicamos hace diez años, mas desarrollada, precisa y con un marco jurídico diferente. Nada impide al Ayuntamiento estudiar de nuevo cada uno de esos expedientes con nuevos informes históricos, una motivación jurídica más completa y todas las garantías procedimentales. Nada obliga a resignarse.

La memoria democrática nunca ha consistido en reabrir heridas, consiste justamente en lo contrario, en cerrar definitivamente una etapa mediante el reconocimiento de los valores democráticos que hoy compartimos.

Quizá por eso, después de volver a abrir aquella vieja carpeta, terminé pensando que el verdadero debate nunca fueron cinco calles.

El verdadero debate siempre fue otro. El debate es qué tipo de ciudad queremos ser. Porque las placas cambian y las generaciones pasan, pero las decisiones que una sociedad adopta sobre aquello que merece ser homenajeado hablan mucho más de quienes las toman, que de las personas cuyos nombres aparecen escritos en una esquina.

Y esa carpeta, por decencia, estoy seguro, todavía no está cerrada.