El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha anunciado que la formación promoverá la activación del procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución Española para investigar las posibles responsabilidades criminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de miembros de su Ejecutivo por eventuales delitos de traición y contra la seguridad del Estado.
El diputado nacional de VOX por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha afirmado que «el artículo 102 debe activarse para investigar si Sánchez y su Gobierno han cometido traición contra España. Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que afectan directamente a nuestra soberanía, a nuestras fronteras y a la seguridad nacional, y deben ser esclarecidos hasta sus últimas consecuencias».
El anuncio realizado por Santiago Abascal se produce tras los graves acontecimientos registrados en Ceuta. VOX considera que existen indicios suficientes para investigar la actuación del Ejecutivo y, particularmente, determinar qué conocimiento previo tenía el Gobierno sobre lo que podía producirse en la frontera española y qué medidas adoptó para impedirlo.
«Los españoles tienen derecho a saber qué sabía el Gobierno, desde cuándo lo sabía y por qué no se adoptaron todas las medidas necesarias para proteger nuestra frontera. Cuando un Gobierno dispone de información que afecta a la seguridad nacional y a la integridad de nuestras fronteras, tiene la obligación de actuar. Si no lo hizo, habrá que investigar las razones y determinar las responsabilidades que correspondan», ha señalado Chamorro.
El diputado nacional por Ciudad Real ha subrayado que Ceuta y Melilla son España y que cualquier actuación que comprometa su seguridad debe ser abordada como una cuestión de soberanía nacional.
«Aquí no estamos hablando simplemente de inmigración. Estamos hablando de la seguridad de una frontera española, que además es frontera exterior de Europa. España no puede acostumbrarse a que terceros países utilicen nuestras fronteras como instrumento de presión mientras nuestro Gobierno permanece pasivo o responde con debilidad», ha afirmado.
Chamorro ha señalado que la iniciativa anunciada por Abascal pretende precisamente utilizar los mecanismos que contempla el propio Estado de Derecho: «La Constitución no está solamente para invocarla en los discursos. Está para aplicarla, especialmente cuando puede estar comprometida la seguridad del Estado. El artículo 102 existe precisamente para exigir, en su caso, responsabilidad criminal al presidente y a los miembros del Gobierno».
El artículo 102.2 de la Constitución establece que cuando una acusación contra el presidente o los miembros del Gobierno se refiera a traición o a delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones, deberá ser planteada por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso y aprobada por mayoría absoluta de la Cámara.
Por ello, VOX necesitará que diputados de otras formaciones se sumen a la iniciativa para alcanzar el umbral constitucional necesario.
«Ahora el resto de partidos tendrá que retratarse. Tendrán que decidir si quieren que se esclarezca lo ocurrido o si prefieren proteger políticamente a Pedro Sánchez. Cuando está en juego la seguridad de España, no caben cálculos partidistas ni silencios interesados», ha declarado Chamorro.
El diputado de VOX ha incidido además en que la relación con Marruecos debe estar subordinada a la defensa de los intereses nacionales españoles.
«La primera obligación de cualquier Gobierno de España es defender a España. Ninguna relación diplomática, ningún acuerdo internacional y ningún supuesto interés estratégico puede situarse por encima de nuestra soberanía, de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles», ha manifestado.
Chamorro ha concluido asegurando que «VOX utilizará los instrumentos que ofrece la Constitución para que se investigue lo ocurrido. Si existen responsabilidades, deberán depurarse hasta las últimas consecuencias. Nadie está por encima de la ley y, desde luego, tampoco el presidente del Gobierno. España, su soberanía y su seguridad están por encima de cualquier Gobierno y de cualquier interés partidista”. El fundamento constitucional está formulado conforme al texto vigente: el artículo 102 atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la eventual responsabilidad criminal del presidente y los ministros y exige, para acusaciones de traición o delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, iniciativa de una cuarta parte del Congreso y aprobación por mayoría absoluta.
