Joaquín G.Cuevas Holgado.- Hay momentos en los que un Gobierno no puede esconderse detrás de las palabras. Hay momentos en los que no basta con hablar de “normalidad”, “gestión”, “coordinación” o “respuesta humanitaria”. Y lo que está ocurriendo en Ceuta ha llegado ya a un punto en el que las palabras del Gobierno empiezan a resultar insultantes para quienes llevan semanas sufriendo las consecuencias en primera persona.
El Boletín Oficial del Estado ha declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y reconoce que la entrada masiva de personas en situación irregular ha superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana, afectando al funcionamiento de los servicios públicos.
Entonces, ¿de qué normalidad nos están hablando?
¿Normalidad para quién?
Desde luego, no para los vecinos que llevan semanas viendo cómo determinados espacios de su ciudad se convierten en lugares de concentración de personas que han entrado irregularmente en territorio español.
No para quienes tienen miedo.
No para quienes han visto alterada su vida cotidiana.
No para quienes reclaman más Policía, más Guardia Civil y más capacidad de respuesta.
Y tampoco para los militares que esta misma semana han sido atacados con piedras.
Cuatro militares resultaron heridos después de que un grupo rodeara el vehículo en el que viajaban y comenzara a lanzar piedras de grandes dimensiones. Doce personas fueron detenidas.
¿También esto forma parte de la “normalidad” del Gobierno?
Una ciudad no puede quedar abandonada a su suerte
Aquí hay que hablar claro. Una cosa es defender los derechos fundamentales de cualquier persona que se encuentre en España y otra muy diferente permitir que una ciudad española quede sometida a una situación de desorden, inseguridad o insalubridad que termine perjudicando precisamente a quienes viven allí.
Los ceutíes tienen derechos.
Derecho a caminar por sus calles.
Derecho a utilizar sus playas.
Derecho a vivir con seguridad.
Derecho a que los servicios públicos funcionen.
Derecho a que haya policías suficientes.
Derecho a que el Estado ejerza el control de sus fronteras.
Y derecho, sobre todo, a no sentirse abandonados por el Gobierno de España.
Porque cuando los vecinos cuentan que determinados espacios se han convertido en asentamientos improvisados, cuando las fuerzas de seguridad tienen que multiplicarse para mantener el orden y cuando incluso el Ejército acaba siendo objeto de ataques, ya no estamos hablando únicamente de inmigración.
Estamos hablando de seguridad, de convivencia, de salubridad y de autoridad del Estado.
Esto no apareció de la noche a la mañana
Y hay algo que resulta especialmente difícil de aceptar.
Una entrada masiva de decenas de miles de personas no aparece de repente como si hubiera surgido de la nada.
Según las cifras oficiales, fueron 72.000 las personas que entraron irregularmente durante la crisis del 30 y 31 de julio, aunque desde el propio Gobierno llegaron a manejar públicamente la cifra de 80.000 antes de matizarla posteriormente.
Setenta y dos mil personas.
Piénsenlo por un momento.
No son 700.
No son 7.000.
Son 72.000.
Y la pregunta que debería estar encima de cualquier debate político es muy sencilla:
¿Cómo puede producirse una entrada masiva de semejante magnitud sin que el Estado tenga capacidad para anticiparla, impedirla o responder inmediatamente?
La respuesta no puede ser echar la culpa a los vecinos.
Ni llamar extremista a quien tiene miedo.
Ni acusar de xenofobia a quien reclama seguridad.
Ni convertir a los ceutíes en sospechosos por denunciar lo que están viviendo.
Los ciudadanos no tienen que pedir perdón por exigir que el Estado funcione.
El Gobierno se contradice mientras Ceuta paga las consecuencias
Y después aparece otro problema todavía más grave: la contradicción permanente del Gobierno.
Un ministro dice una cifra.
Después su propio departamento la matiza.
Interior mantiene una versión.
Defensa ofrece otra explicación sobre la información de la que disponía el Estado.
Y mientras los ministros se corrigen entre ellos, Ceuta continúa soportando las consecuencias. Eso no es coordinación. Eso es desconcierto. Y cuando un Gobierno transmite desconcierto en una crisis fronteriza de esta magnitud, lo mínimo que puede hacer es asumir responsabilidades.
No esconderse.
No buscar culpables externos.
No fabricar cortinas de humo.
¿Dónde está Pedro Sánchez?
Y volvemos a la pregunta que sigue sin desaparecer:
¿Dónde está Pedro Sánchez?
Porque enviar ministros no es lo mismo que estar.
Una crisis de esta magnitud, en una ciudad española situada en una frontera exterior de la Unión Europea, requería desde el primer momento la máxima presencia política.
No semanas después.
No cuando la presión social aumenta.
No cuando las protestas se multiplican.
No cuando el propio Gobierno termina declarando la situación de interés para la Seguridad Nacional.
El presidente debería haber estado en Ceuta.
Con los ceutíes.
Escuchándolos.
Mirándolos a los ojos.
Explicándoles qué iba a hacer España para recuperar el control de la situación.
Pero no lo hizo.
Y eso también es una decisión política.
Los vecinos no son el problema
Que nadie intente darle la vuelta a la realidad.
Los ceutíes que reclaman seguridad no son el problema.
El vecino que pide más policías no es el problema.
La persona que quiere volver a utilizar una playa sin miedo no es el problema.
El ciudadano que pregunta por qué faltan recursos no es el problema.
El problema es que un Estado que presume de tener uno de los sistemas administrativos más grandes de Europa haya permitido que una ciudad de apenas unos 20 kilómetros cuadrados termine soportando una presión que el propio Gobierno reconoce oficialmente como superior a sus capacidades ordinarias.
Y cuando eso ocurre, la responsabilidad es del Gobierno.
No del vecino.
Defender a Ceuta no significa odiar a nadie
Hay que decirlo también para que nadie manipule estas palabras.
Defender a los ceutíes no significa odiar a los inmigrantes.
Exigir seguridad no significa ser racista.
Pedir que se cumpla la ley no significa carecer de humanidad.
Y defender nuestras fronteras no significa renunciar a los derechos humanos.
Precisamente porque creemos en el Estado de derecho exigimos que las leyes se cumplan.
En el caso de los menores, habrá que aplicar escrupulosamente la legislación que corresponda.
Pero respecto de los adultos que han entrado irregularmente, el Estado también tiene la obligación de hacer cumplir la legislación de extranjería y proteger sus fronteras.
Una frontera que no se controla deja de ser una frontera.
Y mientras tanto, ¿quién se acuerda de los españoles abandonados?
Hay otra imagen que debería avergonzar a cualquier Gobierno.
La de los españoles que duermen en nuestras calles.
Personas sin hogar.
Personas que pasan frío.
Personas que comen cuando pueden.
Personas que sobreviven entre cartones.
Personas que han perdido absolutamente todo.
Para ellos no siempre hay dispositivos extraordinarios.
No hay grandes despliegues.
No hay cámaras.
No hay titulares diarios.
No hay una maquinaria administrativa movilizada a toda velocidad.
Y esto no significa que haya que abandonar a quien llega.
Significa que el Estado debe cuidar también de quienes ya forman parte de él.
Porque la solidaridad no puede convertirse en una competición en la que los españoles más vulnerables terminen siendo siempre los últimos.
Pegasus y los silencios de La Moncloa. Y aquí volvemos al silencio del presidente.
No voy a afirmar que Marruecos tenga secretos sobre Pedro Sánchez.
Pero cuando un presidente mantiene un silencio tan llamativo ante una crisis de esta magnitud, los ciudadanos tienen derecho a preguntar por qué.
Y permitámonos la ironía.
Cuando en España hablamos de teléfonos, espionajes, información sensible y asuntos todavía envueltos en polémica, aparece inevitablemente un nombre:
Pegasus.
No porque Pegasus demuestre nada en relación con Ceuta.
Sino porque se ha convertido casi en el nombre propio de una época política en la que demasiadas preguntas han quedado flotando en el aire.
Y un presidente democrático no debería tener miedo a las preguntas.
Debería responderlas.
Ceuta está llegando al límite
Hoy el problema ya no puede ocultarse detrás de los argumentarios.
Hay tensión en las calles.
Hay vecinos enfrentándose con migrantes.
Hay fuerzas de seguridad intentando impedir enfrentamientos.
Hay militares que han sido atacados.
Hay personas durmiendo al raso.
Hay espacios públicos sometidos a una presión extraordinaria.
Hay servicios que han sido desbordados.
Y hay una población que lleva semanas reclamando que alguien tome el mando. El Estado ha llegado tarde. Y ahora tiene que demostrar que ha llegado para quedarse y resolver el problema.
No para hacerse una fotografía.
No para emitir otro comunicado.
No para que un ministro diga una cosa y otro la contradiga.
Para recuperar la seguridad, la normalidad y la autoridad del Estado.
Ceuta no puede convertirse en tierra de nadie
Porque si los ciudadanos perciben que el Estado retrocede, alguien terminará intentando ocupar ese vacío.
Y ese sería el peor de los escenarios.
Los ciudadanos no deben sustituir a la Policía.
Los vecinos no deben organizar patrullas.
El Ejército no puede convertirse en objetivo de agresiones.
Y nadie puede tomarse la justicia por su mano.
La respuesta tiene que ser el Estado.
Un Estado fuerte, democrático, legal y firme.
Un Estado que proteja al menor.
Un Estado que controle sus fronteras.
Un Estado que persiga al delincuente, sea quien sea.
Un Estado que proteja a sus policías y militares.
Un Estado que garantice los derechos de los ceutíes.
Un Estado que no abandone a los españoles más vulnerables.
Y un Gobierno que deje de esconderse detrás de sus ministros.
Porque Ceuta no necesita propaganda.
Ceuta necesita España.
Y España necesita un Gobierno que gobierne.
Pedro Sánchez todavía está a tiempo de demostrarlo.
Pero cada día que pasa sin hacerlo, cada contradicción que se acumula, cada vecino que se siente abandonado y cada incidente que termina poniendo en peligro a ciudadanos, policías o militares agranda una pregunta que ya no puede silenciarse:
¿Quién está realmente al mando de Ceuta?
Porque los ceutíes han aguantado mucho.
Han demostrado paciencia.
Han pedido ayuda.
Han reclamado seguridad.
Y ahora están diciendo algo que ningún Gobierno debería ignorar:
“No nos abandonen”.
Escucharlos no es estar contra España.
Escucharlos es defender España
