La Plataforma Vecinal STOP Biometano de Socuéllamos ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha que permita al Ayuntamiento ejercer un veto “definitivo y vinculante” sobre cualquier proyecto de planta de biometano en el municipio, al considerar que estas instalaciones amenazan la salud pública, los recursos hídricos, la actividad agraria y el sector vitivinícola.
La organización ha trasladado su posición tras registrar 13.819 firmas contra la instalación de macroplantas de biometano y presentar 80 alegaciones al borrador de Decreto de la Junta de Castilla-La Mancha, según ha expuesto durante una rueda de prensa.
La plataforma ha acusado al Ejecutivo autonómico de intentar recuperar un modelo de implantación que, a su juicio, ya tuvo que retirar debido a la presión social. En este sentido, ha rechazado que el nuevo borrador sea “más garantista” y ha advertido de que Socuéllamos “no va a ser el vertedero de la región”.
Rechazo a la declaración de inversiones estratégicas
Entre sus principales demandas, la plataforma exige que la decisión del Pleno municipal contrario a una planta implique el archivo inmediato del expediente. Critica que la Junta pueda declarar determinados proyectos como “inversiones estratégicas”, una figura que, según la organización, permitiría sortear la autoridad de los ayuntamientos.
También reclama capacidad municipal para restringir el tránsito de camiones pesados por los caminos rurales, especialmente durante la vendimia. La plataforma advierte de que el transporte de purines, lodos y otros residuos podría deteriorar las infraestructuras rurales y dificultar la actividad agrícola.
Asimismo, exige que los proyectos sean sometidos desde el inicio a una Autorización Ambiental Integrada y a una evaluación conjunta de todos sus elementos: plantas, balsas de digestato, viales y conducciones de conexión a la red gasista. A su juicio, tramitar estas instalaciones por separado permitiría ocultar su impacto acumulado.
Críticas jurídicas y ambientales
La organización considera que el borrador de Decreto podría vulnerar la normativa ambiental estatal y europea. Entre sus alegaciones figura la supuesta ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, al haberse sustituido la figura de un plan por la de un decreto.
La plataforma también rechaza la distancia mínima de 2.000 metros prevista respecto a los núcleos de población y reclama elevarla a 25 kilómetros del casco urbano y 5 kilómetros de bodegas, pozos de agua potable y viviendas rurales.
Otro de los motivos de oposición es la protección del acuífero Mancha Occidental II. La organización sostiene que Socuéllamos se encuentra en una zona vulnerable a los nitratos y sobre una masa de agua subterránea declarada en riesgo de sobreexplotación. Por ello, pide que no se autoricen plantas ni balsas que puedan empeorar el estado de los recursos hídricos.
La plataforma reclama además que estas instalaciones sean consideradas industrias de alto riesgo y queden sometidas a la normativa europea Seveso III, con planes de emergencia exterior y protocolos específicos ante posibles fugas, incendios o explosiones.
Exigencias sobre agua, gas y digestato
STOP Biometano solicita que cualquier proyecto que no disponga desde el inicio de una concesión firme de agua y de un punto de inyección de gas garantizado sea inadmitido automáticamente.
En relación con el digestato, subproducto del proceso de producción de biometano, la organización pide prohibir su aplicación directa sobre terrenos agrícolas y reclama que sea procesado íntegramente en seco dentro de las propias instalaciones. La plataforma sostiene que su esparcimiento podría generar emisiones de amoniaco, degradar el suelo, dañar las cepas y afectar a la trazabilidad y reputación de los vinos de la Denominación de Origen La Mancha.
La entidad vecinal ha reclamado también un aval bancario de 3 millones de euros antes del inicio de las obras y un seguro de responsabilidad ambiental de 10 millones para cubrir posibles daños o abandonos de las instalaciones.
Por último, defiende aplicar el principio de proximidad y limitar la entrada de residuos al término municipal, de modo que no puedan transportarse purines, lodos de depuradora o residuos industriales procedentes de otras comarcas o regiones.
La plataforma ha concluido que mantendrá su oposición al borrador y que, si fuera necesario, acudirá a los tribunales, a los organismos europeos y a la movilización ciudadana para defender los intereses del municipio.
