Joaquín G. Cuevas Holgado.- Hay momentos en política en los que las palabras dejan de ser suficientes. Momentos en los que un Gobierno no puede seguir escondiéndose detrás de los discursos, de los argumentarios, de los asesores de comunicación ni de una bancada parlamentaria que aplaude por disciplina aquello que quizá fuera del hemiciclo muchos de sus propios votantes ya no comprenden.
Lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez ha traspasado esa frontera.
Porque una cosa es defender políticamente una determinada posición y otra muy distinta pretender que los ciudadanos acepten como verdad una versión de los hechos cuando existen informes, testimonios profesionales y acontecimientos sobre el terreno que plantean serias contradicciones.
Sánchez ha comparecido para hablar de Ceuta y ha vuelto a insistir en que no existen pruebas sólidas que permitan responsabilizar a Marruecos de la entrada masiva de inmigrantes. Al mismo tiempo, se ha conocido el contenido de un informe policial que sitúa a la Gendarmería marroquí en una posición que, como mínimo, obliga a formular muchas más preguntas de las que el presidente parece dispuesto a responder.
Y ahí está precisamente el problema.
No estamos hablando de una discusión académica. No estamos hablando de una cuestión partidista. Estamos hablando de Ceuta. De una ciudad española. De ciudadanos que han vivido en primera persona una situación extraordinaria. De policías que han tenido que enfrentarse a ella. De profesionales que han trabajado sobre el terreno. Y de una población que ayer volvió a salir masivamente a la calle para decir que algo no funciona.
El 2 de septiembre no fueron solamente los dirigentes de la oposición quienes hablaron. Hablaron las calles.
En Ceuta miles de personas se concentraron para reclamar una respuesta ante la crisis. Y en diferentes puntos de España se produjeron movilizaciones de apoyo a la ciudad autónoma.
Ese es el dato que Pedro Sánchez debería escuchar.
Porque cuando un Gobierno necesita explicar una realidad a los ciudadanos, pero los ciudadanos que viven esa realidad le responden directamente que no se sienten representados por esa explicación, el problema deja de ser exclusivamente político. Se convierte en un problema de credibilidad.
Y hoy, en el Congreso, esa credibilidad ha quedado todavía más deteriorada.
El problema no es que Pedro Sánchez sea socialista. Tampoco que exista una oposición de derechas, de centro derecha o de cualquier otra orientación ideológica que lo critique.
El problema es que cada vez resulta más difícil aceptar que la respuesta del Gobierno pueda estar por encima de la experiencia de quienes están sufriendo las consecuencias de sus decisiones.
Cuando miles de ceutíes salen a la calle y dicen que algo no funciona, lo mínimo exigible a un presidente del Gobierno es escuchar.
Cuando los profesionales que han intervenido sobre el terreno plantean preguntas, lo mínimo exigible es responder.
Cuando aparecen informes que contradicen aspectos esenciales del relato oficial, lo mínimo exigible es investigarlos hasta el final.
Y cuando todo eso ocurre, la respuesta no puede ser repetir el mismo argumentario con mayor solemnidad desde la tribuna del Congreso.
Eso no es una explicación. Es una estrategia de comunicación.
Y luego está la otra imagen de la mañana.
La de los ministros y diputados que aplauden. Los que asienten. Los que parecen vivir en una realidad parlamentaria paralela mientras fuera del hemiciclo existe una sociedad que exige respuestas.
Porque resulta muy sencillo aplaudir cuando se está sentado en una bancada.
Lo difícil es ponerse delante de un policía que ha tenido que afrontar una situación límite.
Lo difícil es hablar con una familia ceutí que teme por el futuro de su ciudad.
Lo difícil es explicar a quienes llevan semanas soportando las consecuencias de una crisis que todo está bajo control.
Y mucho más difícil todavía es mirar a los ciudadanos a los ojos y reconocer que quizá el Gobierno se equivocó.
Eso es precisamente lo que un Gobierno democrático debería tener la valentía de hacer cuando las circunstancias lo exigen.
Reconocer errores no debilita a un presidente. Negarse a reconocerlos sí.
También tengo que lamentar el asentimiento constante de Isabel Rodriguez. Y en esta escenificación parlamentaria también hemos podido observar otra imagen que merece una reflexión.
La de quienes, desde los escaños del Gobierno, parecen haber convertido el asentimiento permanente en una forma de actividad política.
Isabel Rodríguez, como otros miembros del Ejecutivo, ha mostrado hoy esa imagen de respaldo absoluto al presidente.
Pero la pregunta no es si un ministro debe apoyar a su presidente.
Por supuesto que debe existir lealtad dentro de un Gobierno.
La pregunta es otra:
¿Dónde termina la lealtad política y dónde empieza la responsabilidad individual?
Porque un ministro no está en el Consejo de Ministros para decir siempre que sí.
Está para asesorar, advertir, corregir y, llegado el caso, decirle al presidente que se está equivocando.
Un Gobierno compuesto exclusivamente por personas que asienten ante cada palabra del presidente deja de ser un equipo de Gobierno para convertirse en una corte de aduladores.
Y España no necesita cortes.
Necesita ministros.
Quizá lo más importante de todo lo ocurrido no esté dentro del Congreso.
Está fuera. En las calles.
Porque cada vez parece más insuficiente responder a una crisis política con otra intervención parlamentaria, otro argumentario, otra comparecencia y otro discurso perfectamente preparado.
Los ciudadanos quieren hechos.
Quieren seguridad.
Quieren fronteras controladas.
Quieren que sus instituciones sepan qué ocurre y actúen cuando corresponde.
Y quieren, sobre todo, que no se les trate como si fueran incapaces de comprender lo que están viendo delante de sus propios ojos.
Ayer las calles hablaron.
Hoy el Congreso ha respondido.
Y la distancia entre ambas cosas es preocupante.
Porque mientras en el hemiciclo se escuchaban aplausos, fuera había ciudadanos reclamando respuestas.
Mientras el presidente defendía su versión de los acontecimientos, existen informes que han abierto interrogantes sobre esa misma versión.
Mientras sus ministros asentían, quienes viven el problema siguen reclamando soluciones.
Eso es lo verdaderamente grave.
Ya no basta con decir que la oposición exagera. Durante demasiado tiempo, la respuesta ante cada crítica al Gobierno ha consistido en descalificar al adversario.
Si lo dice la derecha, es propaganda.
Si lo dice Vox, es extremismo.
Si lo dice el PP, es oportunismo.
Pero ¿qué ocurre cuando quienes hablan son los ciudadanos?
¿Qué ocurre cuando salen a la calle miles de personas?
¿Qué ocurre cuando los profesionales que han vivido una crisis plantean una versión diferente?
¿Qué ocurre cuando aparecen informes que obligan a revisar el relato oficial?
Entonces ya no basta con señalar al adversario político.
Porque el problema deja de ser la oposición.
El problema es la realidad.
Y la realidad no se puede censurar con un aplauso parlamentario. Un Presidente no puede gobernar contra la evidencia. Pedro Sánchez puede tener mayoría parlamentaria suficiente para mantenerse en La Moncloa.
Puede tener ministros que lo defiendan.
Puede tener diputados que aplaudan.
Puede tener socios que, por interés político, decidan seguir sosteniéndolo.
Todo eso puede permitirle permanecer en el poder.
Pero permanecer en el poder y tener autoridad política no son exactamente la misma cosa.
La autoridad se construye con credibilidad.
Y la credibilidad desaparece cuando una sociedad comienza a pensar que su Gobierno no escucha lo que está sucediendo.
Por eso la cuestión que debería preocupar hoy a Pedro Sánchez no es cuántos aplausos ha recibido en el Congreso.
Debería preguntarse cuántos ciudadanos siguen creyendo en su palabra.
Porque los aplausos de los fieles duran unos segundos.
El descontento de una sociedad puede durar años.
Y quizá el mensaje más importante que recibió ayer el Gobierno no estaba escrito en ningún informe ni pronunciado desde ninguna tribuna.
Estaba en las calles.
Ceuta habló y España habló. Ahora le corresponde al Gobierno decidir si quiere escuchar. Porque cuando un presidente deja de escuchar a los ciudadanos y solamente escucha a quienes le aplauden, el poder puede seguir siendo legal.
Pero empieza a perder algo mucho más importante:
la legitimidad moral para seguir diciendo que representa a quienes gobierna.
