Ecologistas en Acción-Ciudad Real ha presentado alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de una explotación ganadera avícola en Tomelloso (Ciudad Real), promovido por la empresa Becerra Ponce SL. La iniciativa contempla elevar la capacidad de la granja de 115.000 a 265.000 gallinas ponedoras, además de su correspondiente recría.
Según informa la organización ecologista en una nota de prensa, las actuaciones previstas requieren la construcción de dos naves para ponedoras con capacidad para 50.000 aves cada una y una tercera para albergar a 50.000 pollitas de recría. Con este incremento, el colectivo calcula que la generación anual de gallinaza ascenderá a 3.975 toneladas (unas 11 toneladas diarias), las cuales se trasladarán en cintas a remolques para uso agronómico sin utilizar balsas de almacenamiento en la finca.
Entre las deficiencias detectadas, Ecologistas en Acción advierte de que el expediente ofrece hasta tres cifras incompatibles sobre la distancia al núcleo urbano habitado más cercano, oscilando según los documentos entre los 700 metros, más de 8 kilómetros y aproximadamente 10 kilómetros.
Asimismo, señalan «contradicciones» en la calificación de los terrenos, pues mientras el Proyecto Básico y el Sistema de Gestión Ambiental enmarcan a Tomelloso como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) lo niega. A juicio de la organización, esta disparidad resulta clave para determinar el régimen jurídico aplicable y los límites máximos de nitrógeno autorizados por hectárea.
El colectivo denuncia además que, aunque la promotora prevé necesitar 748,23 hectáreas agrícolas para la aplicación del estiércol, no se acredita en el expediente la existencia o compromiso de dicha superficie mediante contratos con agricultores que garanticen la trazabilidad del residuo.
Por último, añaden la omisión de estudios de impacto por olores, acústico y de avifauna esteparia protegida, la ausencia del plan de bienestar animal exigido por el Real Decreto 348/2000 y un análisis de alternativas «insuficiente» por omitir la opción de no realización del proyecto. Ante esta situación, han solicitado a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha que pida la corrección del expediente o dicte resolución desfavorable.
