El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada este martes, ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil (ZAGEPC) los territorios perjudicados por un total de 112 episodios adversos acaecidos entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026. Entre los municipios incluidos en este acuerdo de alcance se encuentran las localidades de Almodóvar del Campo, Puebla de Don Rodrigo y Retuerta del Bullaque, tras sufrir diversos incendios forestales durante el período estival.
En concreto, las emergencias forestales notificadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) en estos municipios de Castilla-La Mancha corresponden a los incendios forestales registrados en Almodóvar del Campo (comunicado el 31 de julio), Puebla de Don Rodrigo (1 de agosto) y Retuerta del Bullaque (4 de agosto).
El acuerdo adoptado por el Ejecutivo central abarca sucesos acontecidos en catorce comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Región de Murcia. Además de los incendios de la provincia de Ciudad Real, la declaración engloba otros fuegos en provincias como Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete, además de sucesos de diversa índole a nivel nacional, entre los que destaca la serie sísmica registrada en la provincia de Granada.
LÍNEAS DE AYUDA Y MEDIDAS PALIATIVAS
La declaración de ZAGEPC habilita a los ministerios a poner en marcha líneas de ayuda y medidas económicas y fiscales destinadas a compensar los daños sufridos por personas físicas, corporaciones locales y establecimientos.
Las personas y entidades afectadas pueden presentar sus solicitudes ante la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior para paliar daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, gastos extraordinarios de las corporaciones locales, así como perjuicios en establecimientos industriales, mercantiles o de servicios. Asimismo, se contempla la posibilidad de eximir del pago de tasas de la Jefatura Central de Tráfico para tramitar duplicados de permisos o bajas de vehículos siniestrados, además de la exención de tasas para la expedición de nuevos DNI.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda concretará reducciones y exenciones fiscales, como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), quedando exentas del IRPF las ayudas por daños personales. Paralelamente, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar bonificaciones y exenciones de cuotas a la Seguridad Social.
Finalmente, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática otorgará subvenciones de hasta el 50 por ciento a los proyectos municipales destinados a reparar infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad local. Todos los departamentos ministeriales podrán declarar obras de emergencia para garantizar la rápida recuperación de los servicios e infraestructuras públicas dañadas.
