Tres detenidos en Ciudad Real y Poblete por pertenecer a una red nacional dedicada a estafar a ancianos

La Policía Nacional ha detenido en los municipios de Ciudad Real y Poblete a tres de los principales implicados en una organización criminal acusada de estafar a personas de edad avanzada en toda España con el único objetivo de lograr el cambio de titularidad de sus viviendas. La red, que contaba con ramificaciones por todo el territorio nacional, concentraba la mayoría de sus víctimas en la Comunidad de Madrid.

Según ha informado la Ñolicía Nacional, la operación se ha desarrollado de manera simultánea en varios puntos del país. En el marco de este dispositivo, la Policía Nacional ha llevado a cabo tres registros domiciliarios en los municipios de Ciudad Real y Poblete.

Como resultado de estas intervenciones, los agentes han detenido a tres de los principales implicados en la trama, quienes operaban de forma estable con base en la provincia de Ciudad Real. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

La operación se ha saldado con la detención de 32 personas y el bloqueo registral preventivo de 47 inmuebles. Los arrestados seleccionaban a víctimas de edad avanzada que vivían solas y que, en algunos casos, presentaban limitaciones físicas o cognitivas y carecían de una red de apoyo familiar. El objetivo principal de la trama era hacerse con la nuda propiedad de sus inmuebles por importes muy inferiores a su valor real en el mercado.

La investigación se inició en abril de 2025 a raíz de la denuncia presentada por el familiar de una víctima en Alcalá de Henares (Madrid). Con el avance de las pesquisas, los investigadores detectaron nuevas denuncias con un patrón idéntico, lo que permitió acreditar la existencia de una red coordinada, jerarquizada, altamente especializada y con reparto de funciones.

Para llevar a cabo la estafa, los integrantes del grupo actuaban bajo la falsa apariencia de empresas dedicadas a la venta directa a domicilio de productos de salud, hogar o cultura. A través de engaños, hacían firmar a las víctimas contratos de financiación que generaban un endeudamiento creciente e inasumible.

Posteriormente, en una segunda fase, otras sociedades vinculadas a la propia trama —que se presentaban como asesorías jurídicas o intermediarios financieros— contactaban con los afectados ofreciéndoles solucionar los problemas económicos generados por las compras anteriores. Contando con la colaboración de letrados en ejercicio, planteaban como supuesta vía de salida un proceso de exoneración de deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

Sin embargo, este asesoramiento desembocaba en el cobro de honorarios desproporcionados financiados de nuevo. Ante la incapacidad de hacer frente a los pagos, los estafadores proponían como única solución la transmisión de la nuda propiedad de la vivienda. Esta maniobra provocaba que, tras el fallecimiento de los ancianos, sus herederos se encontraran de forma sobrevenida con que los inmuebles ya no formaban parte del patrimonio familiar.