UGT CLM reclama adaptar los salarios al repunte de los precios

Los datos del IPC correspondientes al mes de agosto, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en CLM en el 4,7%, lo que nos posiciona como una de las regiones con a mayor subida de precios con el tercer mayor incremento del país.  

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 4,3%, 7 décimas más que en el mes anterior

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM; Isabel Carrascosa; ha mostrado su preocupación por estos datos y ha incidido en la necesidad de acelerar la recuperación salarial para que las familias no sigan perdiendo poder adquisitivo.

“Resulta imprescindible incorporar mecanismos eficaces de protección del poder adquisitivo, como las cláusulas de garantía salarial, que permiten hacer frente a posibles desviaciones de la inflación, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, marcado por una elevada incertidumbre geopolítica, que sigue favoreciendo una evolución volátil y alcista de los precios a corto y medio plazo. Así, la recuperación salarial no puede seguir aplazándose: si no se producen avances reales en esta materia, la pérdida de poder adquisitivo acumulada condicionará de forma inevitable la próxima negociación colectiva y elevará la conflictividad”.

Carrascosa, ha añadido que esta evolución de los precios hace inaplazable una nueva subida del SMI, que proteja a las personas trabajadoras con menores ingresos frente al encarecimiento de los bienes esenciales y de la vivienda.

“Con una inflación que sobrepasa el incremento del 3,1% pactado para 2026, debe aplicarse la cláusula prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que permite revisar el SMI cada seis meses cuando la evolución de los precios se desvía de las previsiones. Por ello, desde UGT reclamamos la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social para la adaptación del SMI, evitando que quienes tienen los salarios más bajos vuelvan a perder poder adquisitivo. La ley contempla esta revisión y no hay ninguna razón para retrasar una decisión que resulta necesaria para proteger las condiciones de vida de las personas trabajadoras”.

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