La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ha presentado 10 alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre la regulación de los centros de datos para reclamar una norma que combine sostenibilidad y eficiencia energética con seguridad jurídica, proporcionalidad, respeto a las competencias autonómicas y protección de las inversiones que ya se encuentran en marcha.
Padilla ha recordado que el periodo de audiencia pública concluyó el pasado 10 de septiembre y que corresponde ahora al Gobierno de España analizar las alegaciones antes de aprobar el texto definitivo de una normativa que todavía se encuentra en tramitación, pero que puede condicionar inversiones tecnológicas estratégicas ya comprometidas en Castilla-La Mancha.
La portavoz ha querido dejar claro que el Gobierno regional comparte los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética que dicha norma persigue, al igual que defiende que los centros de datos avancen hacia “un uso responsable” de los recursos naturales; concretamente, del agua, “un bien tan limitado, valioso e imprescindible para nuestra tierra: imprescindible para beber, para nuestros cultivos y ecosistemas”.
No obstante, Padilla ha defendido que una regulación de este alcance debe ofrecer también seguridad jurídica y evitar que exigencias desproporcionadas pongan en riesgo proyectos ya avanzados o generen una desventaja para las regiones del interior.
Proteger las inversiones ya en marcha
Una de las principales alegaciones de Castilla-La Mancha, según ha relatado Padilla, se refiere al tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red. El proyecto de Real Decreto establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.
Padilla ha considerado que no resulta razonable modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente. Por este motivo, el Gobierno regional reclama un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada.
Esta cuestión, ha advertido la portavoz, puede afectar directamente a Castilla-La Mancha y, en particular, al proyecto de Meta en Talavera de la Reina, en Toledo.
La posición del Gobierno regional, ha resumido, es que los nuevos proyectos deberán cumplir las obligaciones que finalmente establezca la normativa, pero que deben respetarse los derechos y las condiciones consolidadas de las inversiones ya autorizadas o que se encuentren en una fase avanzada de implantación.
En los proyectos que se desarrollen por fases, Padilla ha señalado que Castilla-La Mancha propone además que los nuevos requisitos se apliquen únicamente a la capacidad adicional correspondiente a cada nueva fase y no de forma retroactiva al conjunto de la inversión.
Medidas proporcionadas
Otro de los bloques de alegaciones se refiere al rango jurídico y a la proporcionalidad de las medidas previstas.
Así, Padilla ha explicado que el proyecto contempla recargos que pueden alcanzar el 500 por ciento, así como la pérdida de permisos de acceso y conexión e incluso la caducidad de permisos ya concedidos. “Entendemos que medidas de esta intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no deberían quedar definidas íntegramente mediante una norma reglamentaria”, ha señalado.
La Junta reclama además que los recargos sean “graduales y proporcionados”, de manera que no tenga las mismas consecuencias un incumplimiento puntual que uno grave y continuado, según ha apuntado la consejera. Asimismo, el Ejecutivo regional plantea en las alegaciones que la pérdida de permisos quede reservada para los casos “más graves” y que se garantice siempre la audiencia del interesado y “un plazo efectivo para subsanar los incumplimientos”.
Más participación autonómica
Padilla ha indicado también que el Gobierno regional reclama una mayor participación de las comunidades autónomas en la aplicación de la futura normativa.
Según ha explicado, el proyecto concentra en el Estado decisiones relacionadas con la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que pueda quedar liberada. Si bien la implantación de estas infraestructuras afecta a ámbitos como el territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución. En todos ellos, las comunidades autónomas tienen competencias y responsabilidades, tal y como ha puntualizado la portavoz. Por ello, Padilla ha reivindicado “una participación activa” de las autonomías antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad energética. También ha reclamado que los conflictos relacionados con los permisos de conexión en redes autonómicas sean resueltos por la administración competente conforme a la normativa del sector energético.
“Creemos que una norma de esta trascendencia debería haber contado previamente con un verdadero proceso de diálogo institucional”, ha señalado la consejera, quien ha relatado que las comunidades autónomas conocieron directamente el proyecto publicado, de manera que solo han podido realizar sus aportaciones posteriormente mediante alegaciones, “sin que existiera un trabajo previo”.
Criterios adaptados a cada territorio
El último gran bloque de alegaciones se refiere a los criterios de eficiencia energética y consumo de agua. Padilla ha explicado que Castilla-La Mancha plantea que estos indicadores tengan en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio y utilicen factores de normalización compatibles con los establecidos por la Unión Europea.
Si bien ha insistido en que la Junta no pide rebajar los estándares ambientales ni establecer excepciones para la región, sino aplicar las exigencias teniendo en cuenta las diferencias existentes entre territorios. “Un centro situado en una zona con temperaturas más bajas necesita menos energía para refrigerarse que otro ubicado en territorios con temperaturas más elevadas”, ha señalado. Por ello, Padilla ha advertido de que, si esta realidad climática no se incorpora a los criterios de evaluación, podría generarse una nueva desigualdad territorial y concentrarse las inversiones en determinadas zonas del país, “en claro agravio a las regiones del interior”.
Castilla-La Mancha propone igualmente una implantación progresiva de las exigencias relativas al consumo renovable, acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.
La portavoz ha defendido, en definitiva, una regulación exigente en materia de sostenibilidad, pero también “jurídicamente segura, proporcionada y territorialmente justa”.
Padilla ha concluido que el objetivo de las alegaciones es proteger los recursos naturales y garantizar la eficiencia sin comprometer inversiones tecnológicas ya avanzadas en Castilla-La Mancha ni apartar a las comunidades autónomas de decisiones que afectan directamente a su territorio. El Ejecutivo regional confía ahora en que el Gobierno de España estudie las 10 alegaciones presentadas y las tenga en cuenta en la redacción definitiva de la norma.
