El Gobierno de Castilla-La Mancha afronta la nueva etapa que se abre en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con más de 82.700 personas atendidas, cerca de 124.000 prestaciones y servicios activos y una amplia experiencia en distintas políticas de autonomía, proximidad y permanencia en el entorno que ahora adquieren un peso renovado en la legislación estatal.
Así lo ha destacado hoy la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la inauguración del Seminario Tecnodependencia Castilla-La Mancha ‘Tecnología al Servicio del Bienestar’, celebrado en Alcázar de San Juan coincidiendo con el 20.º aniversario de la Ley 39/2006 y apenas dos días después de que el Congreso de los Diputados haya concluido definitivamente la tramitación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad.
García Torijano ha puesto en valor estos 20 años de progreso de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, marcados, ha señalado, por “mucho trabajo” y “mucha apuesta política” para conseguir que este derecho pudiera desarrollarse con garantías en la Comunidad Autónoma. En este contexto, ha considerado que la reforma aprobada confirma que Castilla-La Mancha “va por el buen camino”, ya que varias de las iniciativas que incorpora el nuevo texto cuentan con recorrido previo en la región.
Una reforma que Castilla-La Mancha valora positivamente
La titular de Bienestar Social ha trasladado la valoración positiva del Gobierno regional sobre una reforma que introduce cambios relevantes tanto en el sistema de dependencia como en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.
Entre las modificaciones previstas se encuentran la reducción de seis a tres meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de dependencia; el refuerzo de la teleasistencia como derecho; la ampliación de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario; una nueva regulación de la asistencia personal; la incorporación de los productos de apoyo al catálogo del SAAD; una mayor compatibilidad entre servicios y prestaciones y el refuerzo del principio de corresponsabilidad financiera entre administraciones.
“Desde Castilla-La Mancha apoyamos este avance de derechos y vamos a colaborar activamente en su desarrollo”, ha afirmado García Torijano, quien ha considerado especialmente relevante que el nuevo marco avance también en una reivindicación mantenida por la Comunidad Autónoma en relación con la financiación del sistema, de tal forma que se sustente en una relación 50-50 entre Estado y región. Hasta ahora, es Castilla-La Mancha quien asume casi tres cuartas partes de la financiación del sistema.
La consejera ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “venía trabajando y luchando” por alcanzar esa corresponsabilidad financiera del 50 por ciento, al considerar que permitirá a las comunidades autónomas disponer de mayores posibilidades para desarrollar sus políticas y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.
Castilla-La Mancha “no parte de cero”
García Torijano ha incidido en que algunos de los principios hacia los que evoluciona el modelo estatal cuentan ya con un importante recorrido en Castilla-La Mancha. “Muchas de las líneas que ahora refuerza la legislación estatal no son nuevas para Castilla-La Mancha. Llevamos años trabajando en esa dirección y eso supone también un reconocimiento al camino que se ha venido recorriendo en nuestra región”, ha afirmado.
Entre ellas se encuentra el Servicio Público de Teleasistencia, que en Castilla-La Mancha tiene carácter público, universal y gratuito. Los últimos datos sitúan el servicio por encima de las 88.100 personas beneficiarias, con presencia en el 93 por ciento de los municipios y cobertura para más del 99 por ciento de la población regional.
La región dispone asimismo de un Servicio Público de Productos de Apoyo, gratuito y en régimen de préstamo, que cuenta con más de 5.000 personas usuarias y alrededor de 7.600 productos activos para favorecer la autonomía y facilitar los cuidados en el domicilio.
A ello se suma la red de Viviendas de Mayores, especialmente implantada en el medio rural, con 174 recursos y 1.720 plazas. El Gobierno regional ha precisado que estos recursos no son jurídicamente equivalentes al nuevo servicio de cuidados y apoyos en viviendas previsto en la reforma estatal, aunque comparten una misma orientación hacia la proximidad, la convivencia, la autonomía y la permanencia de las personas en su entorno.
“Lo importante es que Castilla-La Mancha no parte de cero. Tenemos experiencia, tenemos servicios funcionando y tenemos un modelo que lleva tiempo apostando por que las personas puedan seguir viviendo cerca de su familia, de sus vecinos y de aquello que forma parte de su vida”, ha señalado la consejera.
Más de 82.700 personas y cerca de 124.000 prestaciones
El seminario se celebra además en un momento de máximo histórico para el Sistema de Dependencia regional. A 31 de agosto, Castilla-La Mancha contabiliza 82.708 personas atendidas y 123.820 prestaciones y servicios, frente a las 34.688 personas beneficiarias y las 47.160 prestaciones existentes en 2015. El crecimiento supone 48.020 personas beneficiarias más y un incremento de las prestaciones superior al 162 por ciento.
García Torijano ha destacado que las 123.820 prestaciones y servicios actuales permiten superar ampliamente el objetivo de alcanzar las 100.000 prestaciones que el Gobierno regional se había marcado al inicio de la legislatura. “Lo estamos superando con creces”, ha señalado la consejera, quien ha subrayado que el reto ahora es seguir avanzando “no solamente en números, sino también en calidad de estas prestaciones”.
El presupuesto regional destinado a dependencia alcanza en 2026 los 692,2 millones de euros, 320 millones más que en 2015 y un incremento del 86 por ciento.
Junto a la expansión del sistema, Castilla-La Mancha registra un tiempo medio de resolución de 165 días, frente a los 302 días de media estatal en el último corte empleado por la Consejería. La reforma aprobada esta semana establece un nuevo plazo máximo de tres meses, un estándar que, según ha señalado García Torijano, “obliga a seguir avanzando y mejorando también allí donde los resultados son buenos”. Asimismo, el XXVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia sitúa a Castilla-La Mancha en primera posición, con una valoración de 8,25 puntos sobre diez y la máxima puntuación en 15 de sus 20 criterios de evaluación.
De Alcázar de San Juan a Valdepeñas: un foro permanente
El seminario de este viernes da continuidad al trabajo iniciado con la primera edición de Tecnodependencia Castilla-La Mancha, celebrada en Alcázar de San Juan en mayo de 2025, y sirve como espacio de reflexión y preparación para la segunda edición, prevista en Valdepeñas durante el primer trimestre de 2027.
El seminario ha comenzado con un acto institucional en el que han participado, junto a la consejera, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, y la presidenta de Fundación Ceres, Antonia Valverde. La jornada cuenta también con la participación, entre otros, de Fernando Lamata, ex vicepresidente y ex consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, y del presidente del Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez, así como con expertos universitarios y profesionales vinculados a proyectos de innovación y cuidados.
