El pleno municipal de Puertollano abordará este jueves, la toma en consideración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) de 17 de noviembre de 2025, que obliga al cumplimiento de esta resolución judicial tras constatar el incumplimiento de las obligaciones del consistorio en relación con los afectados por la interrumpida urbanización del plan de actuación urbanística del Sector IV en la barriada del Abulagar, que se remonta a enero de 2007, en el marco de la operación de permuta que permitió iniciar la construcción del campo de fútbol del Cerrú.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz Rodríguez, quien ha anunciado además la intención del equipo de gobierno de promover una nueva urbanización de la zona y ha adelantado que ya se trabaja en la redacción de un nuevo proyecto para acometer las obras.
Ruiz ha explicado que el Ayuntamiento interpuso en su día un recurso de casación contra la sentencia del 17 de noviembre, que el Tribunal inadmitió el pasado 28 de mayo, por lo que el consistorio procede ahora a llevar el asunto al pleno para iniciar los trámites que marca el fallo. Estos consisten, fundamentalmente, en dar audiencia a todos los interesados durante un plazo de 30 días para que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas.
Según ha detallado el alcalde, la resolución judicial establece dos puntos principales: que el Ayuntamiento determine si las contribuciones realizadas en su día por los propietarios se destinaron íntegramente a los gastos de urbanización, y si se ejecutaron las garantías que estos habían depositado inicialmente, para proceder en tal caso a su devolución. El regidor ha reconocido que ni todo el dinero aportado por los propietarios se dedicó a la propia urbanización ni se ejecutó ninguna de las garantías.
COMPROMISO CON LA REMODELACIÓN DE LA ZONA
El alcalde ha subrayado que su equipo de gobierno, que llegó al Ayuntamiento en junio de 2023, se ha encontrado con este expediente como «uno de los principales problemas» heredados de la gestión de anteriores corporaciones en una urbanización abandonada. Ha señalado que la intención municipal es «remodelar» por completo la actuación y que ya se trabaja en la redacción de un nuevo proyecto para poder sacar a licitación las obras de urbanización.
En cuanto a plazos, Ruiz Rodríguez ha explicado que el objetivo es que en 2027 exista partida presupuestaria para la redacción del proyecto, con una dotación estimada de unos 300.000 euros, sin descartar una modificación de crédito este mismo año para adelantar la licitación. A esa fase, que calcula en torno a 5 o 6 meses más labores de supervisión, le seguiría la búsqueda de financiación y la ejecución de las obras, cuyo coste estima el alcalde entre 14 y 15 millones de euros. En conjunto, el regidor ha situado el horizonte de resolución completa del problema en un plazo de entre 5 y 6 años.
El alcalde ha defendido que la solución al Abulagar «pasa por construir esa urbanización» y poner suelo asequible a disposición de los promotores, ante lo que ha definido como un déficit de suelo y de vivienda en la ciudad, para desbloquear así un problema que, según ha dicho, lleva «enquistado» en Puertollano más de 20 años.
UN LITIGIO QUE SE ARRASTRA DESDE 2007
El conflicto en torno al Sector IV del Abulagar se remonta a enero de 2007, en el marco de la operación de permuta que permitió construir el campo de fútbol del Cerrú. En 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real ya obligó al Ayuntamiento a tramitar la cancelación del plan urbanístico y a determinar las indemnizaciones debidas a los propietarios de los terrenos, tras constatar que la administración local no vigiló el cumplimiento del convenio urbanístico ni actuaron conforme a sus obligaciones ni la promotora inicial ni la empresa pública creada para desarrollar la urbanización, posteriormente disuelta.
El pasado mes de diciembre, el TSJCM volvió a fallar contra el Ayuntamiento de Puertollano al considerar que la sentencia de 2018 seguía sin ejecutarse, pese a que el consistorio sostenía haberla cumplido «en sus propios términos». La Sala de Albacete condenó entonces al Ayuntamiento a dictar un nuevo acuerdo para fijar las devoluciones y compensaciones a los propietarios por las contribuciones a los gastos de urbanización efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, además de imponerle las costas del procedimiento.
