La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha ha convocado una concentración para el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 12.30 horas en la Plaza de España de Alcázar de San Juan. Bajo el lema «Abortar es un derecho. La sanidad pública debe garantizarlo», la movilización busca exigir a la Administración autonómica que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se practiquen de forma efectiva en la red sanitaria pública regional.
Las organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos que integran el colectivo han denunciado que las mujeres de la comunidad autónoma continúan viéndose obligadas a salir de la red pública y ser derivadas a clínicas privadas cuando necesitan acceder a esta prestación sanitaria. A su juicio, esta situación introduce severas desigualdades en función del lugar de residencia, las circunstancias económicas o la disponibilidad de red de apoyo de las usuarias, afectando gravemente a quienes viven en zonas rurales o en situación de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, la plataforma rechaza que la atención se concentre en un único recurso regional y califica de «insuficiente» el anuncio de la creación de un centro público para toda la comunidad. Por ello, reclaman al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) la puesta en marcha de una red pública integrada y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias bajo la consigna «Ni privatizado ni derivado: aborto en la pública».
Datos de derivación exterior y objeción de conciencia
Para argumentar sus demandas, la organización sostiene que en el año 2024 el 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla-La Mancha se practicaron en centros privados. Asimismo, indican que en los últimos 15 años cerca del 60% de las mujeres castellanomanchegas que decidieron interrumpir su embarazo se vieron obligadas a desplazarse fuera de la región para ejercer este derecho.
Frente a la justificación administrativa sobre la falta de personal debido a la objeción de conciencia, la plataforma asegura que existen profesionales dispuestos a realizar el procedimiento y remarca que la objeción es un derecho individual que no puede argumentarse a nivel de servicio, centro o unidad sanitaria. Según recuerdan, la Administración autonómica tiene la obligación legal de planificar y organizar el sistema para garantizar el acceso en condiciones de igualdad.
Transparencia y protección frente al acoso
Entre las principales exigencias que trasladarán al Gobierno regional se encuentran el establecimiento de un calendario público concretando fechas, centros y recursos asignados; mayor transparencia mediante la publicación de datos sobre profesionales objetores y derivaciones; y la difusión de información pública accesible sobre el itinerario asistencial.
Por último, la convocatoria reclamará la adopción de medidas de protección efectivas tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios ante posibles campañas de acoso, intimidación o coacción en las inmediaciones de los centros donde se practiquen estas intervenciones.
