«No podemos pedir al taxista rural que sea la solución a la falta de transporte en nuestros pueblos y, al mismo tiempo, dejar que soporte en solitario el incremento de todos los costes. Si queremos que haya transporte rural, tiene que existir también un taxi rural económicamente viable.»
La Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real (APTCR) alerta de la creciente presión que el precio de los carburantes está ejerciendo sobre la economía de los profesionales del taxi en general y del rural, en particular.
El carburante no es el único gasto. A él se suman seguros, mantenimiento, neumáticos, reparaciones, impuestos, financiación y amortización del vehículo. El resultado es que cada incremento del precio del combustible reduce directamente el margen económico de un profesional que ya trabaja, en muchos casos, con una rentabilidad muy ajustada.
MÁS KILÓMETROS, MÁS COSTES Y NO MÁS INGRESOS
Para un taxi que recorra aproximadamente 300 kilómetros diarios y tenga un consumo de 7 litros cada 100 kilómetros, una subida de 50 céntimos por litro supondría aproximadamente 10,50 euros adicionales de combustible cada día.
Con 22 días de trabajo al mes, serían aproximadamente 231 euros adicionales al mes, o 2.772 euros al año, únicamente por ese incremento del combustible.
Y esta cantidad no contempla el aumento de mantenimiento, neumáticos, reparaciones ni el resto de costes asociados al vehículo. Especial mención merece el precio de los seguros de los vehículos que llegan en muchos casos a 4.000 ó 5.000 euros anuales, e incluso es complicado encontrar compañías que quieran formalizar el seguro. Se han intentado buscar soluciones por parte de la Administración nacional con poco éxito hasta el momento.
«No se puede exigir al taxi rural que mantenga vivo el transporte de nuestros pueblos mientras se dispara el coste de prestar el servicio»
EL TAXI RURAL NO PUEDE TRABAJAR A PÉRDIDAS
APTCR considera que las Administraciones deben analizar el taxi rural como lo que realmente es: un servicio público esencial de movilidad para numerosos municipios y una pieza fundamental contra el aislamiento territorial.
En muchos pueblos, el taxi permite acceder a hospitales, centros sanitarios, farmacias, centros educativos, estaciones de transporte y servicios administrativos.
Cuando un taxi rural deja de ser viable económicamente, el problema no afecta solamente al profesional que conduce el vehículo. Afecta directamente al ciudadano que depende de ese servicio público para poder desplazarse.
APTCR PIDE MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL TAXI RURAL
La Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real reclama a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y al Gobierno de España que tengan en cuenta las especiales condiciones económicas del taxi en general y del rural en particular adoptando medidas que permitan garantizar su continuidad. Entre ellas:
-Mecanismos de compensación ante incrementos extraordinarios del carburante.
-Ayudas específicas para el taxi rural y el taxi adaptado.
-Revisión de las condiciones económicas de los servicios de transporte financiados por las administraciones.
-Incentivos para la renovación de vehículos profesionales.
Desde APTCR se recuerda que el mantenimiento del servicio de taxi en el medio rural no debe contemplarse únicamente desde una perspectiva empresarial, sino también desde la perspectiva de la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos para todas las personas, con independencia del municipio en el que residan.
El taxi rural contribuye a que los habitantes de los pueblos puedan acceder a servicios esenciales, mantener sus vínculos sociales y familiares, y participar plenamente en la vida económica, educativa y sanitaria de la provincia. Por ello, APTCR considera imprescindible que las administraciones reconozcan su condición de servicio público esencial dándole valor estratégico y articulando medidas estables que aseguren su viabilidad.
Garantizar un taxi rural sostenible no es solo apoyar a un sector profesional: es proteger un servicio público, además de la cohesión territorial, combatir la despoblación y avanzar hacia una sociedad en la que vivir en un municipio rural no suponga disponer de menos oportunidades.
