Pedro Oliver.- ¿Podía la jueza madrileña Elena Cortina Blanco aplazar el desahucio de Maricarmen? Claro que podía. Si se hubiera considerado el contexto humano y social del caso se tendría que haber aplazado la ejecución. Pero la poderosa magistrada ha hecho otra cosa que también se puede hacer: tener en cuenta la resistencia y el asco social que provoca una amenaza de desahucio como la de Maricarmen para ejecutarlo sin más contemplaciones y con toda la fuerza bruta policial que la ley le permite desplegar.
Lo de Maricarmen es espectacularmente sangrante, pero su desgracia es una entre miles. No consuela, pero tal vez sea un mal que por bien nos venga: el proceder agresivo e impertérrito de la jueza, la dureza del operativo policial y la actitud canalla del «fondo buitre» Urbagestión, que se ha negado a hablar y negociar, quizás estén desencadenando el principio de algo nuevo, un hartazgo y una movilización imparables contra el dolor y el absurdo de la problemática de la vivienda. Ojalá.
