Han venido a coincidir en estos días del final del verano y del comienzo del otoño, las dos caras de la vivienda: ya se sabe la cara social y la cara económica. O quizás, han venido a coincidir sólo una de las dos caras; por lo que hemos visto lo mismo, desde dos prismas ópticos diferentes. Digo esto, por la coincidencia del debate sobre la compraventa del ático de Martínez Campos, en el distrito de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid, como sede temporal de la residencia de la presidenta Díaz Ayuso, mientras duran las obras de la Puerta del Sol. Donde los tejemanejes y politiqueos han sido más propios de una comedia de enredo o de un vaudeville pinturero, que de un asunto de calado político y mecha social. Tras la compra por 6,3 millones de euros del repetido ático presidencial que, tras las denuncias informativas y políticas, se ha vuelto a poner a la venta, ahora por la adquiriente Planifica Madrid –entidad responsable de los negocios patrimoniales–.
Componiendo un nuevo musical dictado por la coreografía ayusil –‘Chao pescao’ y ‘el culo del bulo’– con tintes de campaña electoral en el horizonte próximo. Como visualizan las intervenciones de Mónica García y Óscar López, candidatos de sus propias formaciones, Más Madrid y PSOE, a la Comunidad y a lo que quede del ático de Martínez Campos. Todo ello, encabalgado con el otro problema dimensional –nunca mejor dicho–, social, político y moral, como ha sido el desahucio de una anciana, Carmen Abascal, de 87 años de su casa madrileña de Sainz de Baranda, tras residir en ella 71 años, y contando con una minusvalía del 50%. Que no ha impedido, todo ello, el inoportuno desahucio, tras siete años de desavenencias con el fondo de inversiones propietario del inmueble, Urbagestión Desarrollo e Inversión, y con la pretensión de revisar una renta original de 500 euros hasta 2.650. Todo ello para una persona que percibe una pensión de 1.350.
Las reacciones del activismo urbano –heredero de las plataformas contra los desahucios y de los sindicatos de inquilinos del 15M de 2011– señalan a un problema que no deja de crecer –por ausencia de políticas sociales de vivienda– y de vaciar los centros urbanos por las antiguas y machacadas clases medias en aras de la gentrificación y de la turistificación. Hay quien señala no solo ese retorno de las protestas, sino subraya aún más la ausencia de políticas específicas en el campo de la vivienda social, por parte del autodenominado ‘gobierno de coalición progresista’, que desde 2018 no ha sido capaz de ejercer cierto control contra el caballo desbocado de la carestía inmobiliaria. Y que ahora, mira para los lados buscando un responsable final del despropósito. Con un déficit habitacional, que el Banco de España cifra en 1 millón de viviendas. Tantas como los desahucios practicados en los últimos 20 años.
