Federaw.- La concentración, convocada por CNT Ciudad Real bajo el lema «Por todas las Mari Carmen», reclama medidas para evitar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad y un aumento del parque de vivienda social
Unas 250 personas se han concentrado este viernes 25 de septiembre en la plaza del Pilar de Ciudad Real para mostrar su rechazo a los desahucios y expresar su solidaridad con Mari Carmen, una mujer de 87 años que fue desalojada el pasado miércoles 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante siete décadas.
La movilización, convocada por CNT Ciudad Real, a la que se han sumado otras organizaciones como Amnistía Internacional, se suma a las protestas impulsadas en Madrid y en otras ciudades del país a raíz del desahucio de Mari Carmen. La convocatoria se ha desarrollado bajo el lema «Por todas las Mari Carmen», con el objetivo, según los organizadores, de visibilizar también las situaciones de otras personas que se enfrentan a la pérdida de su vivienda.
Según el comunicado difundido por CNT Ciudad Real antes de la concentración, Mari Carmen fue desalojada de su vivienda, situada en el barrio madrileño de El Retiro, pese a la movilización de personas que acudieron para intentar impedir el desahucio. La organización señala que la mujer tuvo que salir del edificio en camilla y posteriormente fue trasladada a un hospital.
Durante la concentración de Ciudad Real, los convocantes defendieron que el acceso a una vivienda debe formar parte de las condiciones necesarias para garantizar una vida digna y reclamaron que las personas en situación de vulnerabilidad dispongan de alternativas habitacionales antes de que se ejecute un desahucio.
Reivindicaciones sobre vivienda
Los organizadores plantearon la necesidad de establecer un protocolo específico para evitar los desahucios de personas en riesgo de exclusión o con dificultades económicas para hacer frente al alquiler. También reclamaron un incremento del parque de vivienda social y una regulación de los procedimientos de desahucio que tenga en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.
Durante la concentración, uno de los representantes de la organización defendió que la vivienda no debería tratarse únicamente como un activo destinado a generar rentabilidad y reclamó que las administraciones adopten medidas para facilitar el acceso a una vivienda y evitar que personas vulnerables terminen en la calle.
Los convocantes también hicieron referencia a las dificultades que, según señalaron, encuentran especialmente las personas jóvenes para acceder a una vivienda, así como a las situaciones de personas mayores que desean permanecer en sus hogares y en sus barrios.
«Queremos que nuestras madres y nuestros padres puedan envejecer en sus casas», manifestó uno de los participantes en la concentración, que reclamó que las políticas de vivienda tengan en cuenta las circunstancias económicas y sociales de las personas afectadas.
Críticas a la actuación durante el desahucio
La organización también se refirió al dispositivo policial desplegado durante el desalojo de Mari Carmen. Los convocantes denunciaron que se produjeron cargas, empujones y utilización de gas pimienta contra personas que se encontraban en el lugar para protestar contra el desahucio.
A partir de estos hechos, la organización cuestionó la actuación policial y reclamó que las movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda puedan desarrollarse sin enfrentamientos ni situaciones de violencia.
Estas afirmaciones forman parte del posicionamiento de los convocantes de la concentración y fueron expuestas durante el acto celebrado en Ciudad Real.
«La vivienda es un derecho»
Durante la intervención ante los asistentes, los organizadores insistieron en la necesidad de que las administraciones públicas intervengan en aquellos casos en los que una persona pueda quedar en la calle como consecuencia de un desahucio.
Entre las medidas planteadas se encuentra también la ampliación del parque público de vivienda y la búsqueda de alternativas habitacionales para las personas que no puedan hacer frente a sus gastos de vivienda.
Los convocantes consideran que el caso de Mari Carmen evidencia las consecuencias que puede tener un desahucio sobre una persona mayor que ha permanecido durante décadas en el mismo domicilio. En este sentido, reivindicaron el papel de las redes vecinales y de las organizaciones que acompañan a las personas afectadas durante los procedimientos de desalojo.
«Mari Carmen ya no está en su casa y eso no podemos cambiarlo», señalaron durante la concentración, al tiempo que reclamaron que pueda disponer de una solución habitacional estable y que su caso sirva para evitar situaciones similares.
El artículo 47 de la Constitución, en el centro del debate
Preguntados por el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, los convocantes consideraron que las administraciones no están garantizando de forma suficiente el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Este artículo establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y señala que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando también la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Los convocantes señalaron durante la concentración distintas situaciones de precariedad habitacional como ejemplo de los problemas que, a su juicio, persisten. Entre ellas mencionaron las condiciones de vivienda de algunas familias, los problemas relacionados con los suministros básicos y las dificultades que afectan a personas mayores.
La concentración concluyó con un llamamiento a mantener la movilización en defensa del acceso a la vivienda y contra los desahucios de personas que, según los convocantes, no cuentan con alternativas habitacionales.
DESMONTANDO EL RELATO IZQUIERDISTA SOBRE EL CASO DE MARICARMEN
Maricarmen, una anciana de 87 años, vivía en un piso de la calle Sainz de Baranda, en el barrio del Retiro, una de las mejores zonas de Madrid.
Se mudó allí en 1956, con 17 años, junto a su familia, gracias a que su padre consiguió un contrato de arrendamiento franquista de los denominados hoy como de renta antigua.
Tras la muerte de su padre, hacia 1960, siguió viviendo con su madre. Desde 2005, al fallecer esta, residía sola y era responsable de pagar un alquiler de renta antigua, muy por debajo del precio de mercado.
La ley solo permite permanecer de forma indefinida al titular original y a quien se subroga en primer lugar. Esa primera subrogación correspondió a su madre tras el fallecimiento del padre. La de Maricarmen fue la segunda y esta solo daba derecho a dos años, salvo que existiera una discapacidad superior al 65 %, circunstancia que ella no cumple.
Es decir, Maricarmen, que trabajó durante cuarenta y nueve años como auxiliar administrativa hasta 1998 y cuya pensión actualmente ronda los 1450 euros, ha tenido más de veinte años para buscar un nuevo lugar donde vivir, pero simplemente no ha querido.
Ella quería quedarse pagando 440 euros por un piso en el barrio del Retiro de 92 metros cuadrados, que disponía de tres habitaciones, salón, cocina, baño y un cuarto de servicio.
Para hacerse una idea, por un piso de tres habitaciones y unos 94 metros cuadrados en la misma calle se piden 2950 euros al mes.
Un primo de Maricarmen le ha ofrecido su casa para que se quede, pero se ha negado. También ha rechazado la plaza de emergencia gratuita en una residencia que le ofrecía el Ayuntamiento de Madrid.
El caso de Maricarmen es un caso de caradurismo apoyado en las políticas de la dictadura franquista para vivir en una de las mejores zonas de Madrid sin pagar lo que corresponde por ello, en lugar de trasladarse simplemente a una zona más barata. Ademas, ella misma, denuncia el abandono que ha sufrido por parte de la PSOE y de PEDRO SANCHEZ …
Maricarmen lleva décadas en un piso de renta antigua en el Retiro. Su padre firmó el contrato en 1956, con prórroga forzosa (el casero no podía echarle y se podía heredar).
En 1985 el Decreto Boyer (PSOE de Felipe González) acabó con la prórroga forzosa, pero solo para contratos nuevos. Los antiguos siguieron.
En 1994 la Ley de Arrendamientos Urbanos (también del Gobierno de Felipe González) limitó esos contratos: el inquilino original y su viudo/a podían quedarse de por vida, pero si pasaba a un hijo solo tenía 2 años, salvo excepciones (discapacidad ≥65 % o ser mayor de 65 y subrogarse antes de final de 2004).
La madre de Maricarmen murió en 2005. Ella ya tenía más de 65, pero el plazo de la excepción se había cerrado en 2004 y su discapacidad es del 50 %. Según la ley, el contrato debía acabar.
Durante 15 años los dueños siguieron cobrándole. En 2018 se vendió el edificio. Los nuevos propietarios le ofrecieron comprar el piso por ~250.000 € o pagar 1.650 €/mes (ella cobra 1.450 de pensión). Rechazó las dos opciones y la demandaron.
No la echa una ley franquista ni un “fondo buitre”. La echa una ley del PSOE de 1994 que ningún gobierno posterior ha cambiado. Su familia ha disfrutado 70 años de un alquiler muy bajo (~500 € frente a ~2.650 € de mercado). Desde 1994 (cuando ella tenía 56 años) sabía que esto podía pasar.
La propiedad privada es sagrada, también cuando el caso es duro.
-Periodista: ¿A quien responsabilizas tú de todo lo que te está pasando?
-Maricarmen: A Pedro Sánchez
https://youtu.be/6dYmzTIztGk?is=_oCZK7ZIFq4QESGG
Estaba en mi casa ésta tarde partiendo almendras y me he dado un martillazo en el dedo…. Me he cagao en Pedro Sánchez y toda su familia por tener la culpa de que en España haya almendras.
Diganselo a Vivas , Su Majestad Pedro Sánchez Casoplón.
La derechita tensa porque este caso desvíe la atención de Ceuta, no por solidaridad con el pueblo ceutí, sino porque es su ariete contra el gobierno. Felicidades a los inhumanos que deshumanizan a la víctima. Luego les pasa a sus madres y lloran….