Un conjunto de organizaciones ha constituido la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, «un espacio de coordinación regional que nace para sumar capacidades, hablar con una sola voz ante las administraciones y exigir que la vivienda sea tratada como un derecho humano y no como un mero bien de mercado».
En un comunicado, han confirmado que el lunes 5 de octubre la Plataforma convocará una rueda de prensa en Toledo.
La Plataforma advierte de que el Gobierno regional está presentando la Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística como su respuesta al problema de la vivienda, cuando en realidad se trata de un nuevo «parche legal», y lo definen como «una reforma puntual de la ley que regula las viviendas de protección pública y de la legislación urbanística vigente que elude la necesidad de una verdadera Ley de Vivienda integral, competencia exclusiva de la Junta de Comunidades».
Aunque la Plataforma valora que la norma persiga incrementar el parque de vivienda social, con medidas como la protección permanente y una duración mínima de cincuenta años del régimen de alquiler de las viviendas de protección pública, denuncia que la norma, en su redacción actual, «desprotege gravemente a las personas más vulnerables frente a desalojos administrativos».
La regulación de la resolución de contratos de arrendamiento y cesión de uso de vivienda pública ignora el perfil de vulnerabilidad económica y social de quienes las habitan, «hasta el punto de que el mero impago de una cuota puede bastar para justificar el desalojo», afirman desde la plataforma.
La previsión de una moratoria que contempla esta proposición para casos «excepcionales de marcado carácter social resulta excesivamente vaga, discrecional e insuficiente», ha afirmado la Plataforma.
Además, critica que «la norma prioriza la construcción y la reclasificación de suelo frente a fórmulas más ágiles, como la adquisición de viviendas ya existentes mediante tanteo y retracto, primando la compra en zonas tensionadas».
La plataforma reclama un plan regional de movilización de vivienda vacía que incorpore al mercado residencial viviendas desocupadas –especialmente las susceptibles de alquiler social o asequible–, junto con medidas de adquisición, rehabilitación y recuperación de vivienda existente. También reclama la ejecución de la inversión del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
DESPROTECCIÓN DE ADMINISTRACIONES
Bajo este marco, la Plataforma denuncia que las administraciones de Castilla-La Mancha «no protegen suficientemente frente a la especulación y la discriminación residencial, y no garantizan con medidas positivas un parque público acorde a las necesidades actuales de vivienda y alternativas habitacionales dignas en casos de desalojo de personas vulnerables».
Reclaman el «control de precios y zonas tensionadas, la prevención y protección frente a desalojos, el incremento del parque público de vivienda, perseguir el fraude en alquileres de temporada, limitar la vivienda turística y dar respuesta estructural a la vivienda de temporeros, mayor protección para las personas con problemas de salud mental o discapacidad, con protocolos sociosanitarios previos a cualquier desalojo, reforzar el turno de oficio especializado en desahucios y vigilar que se valore la vulnerabilidad de las personas ante un desahucio».
Asimismo, piden «atención específica a los hogares monomarentales y las víctimas de violencia de género, a la discriminación residencial de la población migrante, racializada y gitana, a la precariedad que impide la emancipación juvenil, y a los desahucios invisibles de las personas mayores y una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, una ley integral que reconozca la vivienda como derecho humano, sin que la actual Proposición de Ley sirva de coartada para retrasarla».
INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA
Los integrantes de la plataforma son el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, Unión Popular de Inquilinos de Toledo, Asamblea de Vivienda Talavera, PAH Tomelloso, PAH Toledo, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, CCOO Castilla-La Mancha, Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM), Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo y Proyecto Kieu.
También la integran la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM, Colectivo Sin Fronteras de Albacete, Plataforma 8M Toledo y Feministas de Pueblo CLM.
