El Partido Animalista PACMA se concentrará el próximo domingo 4 de octubre, a las 12:00 horas, en la plaza de España de Valdepeñas, frente al Ayuntamiento, para reclamar una respuesta de las autoridades ante el caso de José Luis Serrano, guardia civil ya retirado, antiguamente conocido como «El Tigre» y actualmente como el «matagatos de Valdepeñas».
Lo hacen tras presentar nuevas peticiones de actuación tanto al Ayuntamiento de Valdepeñas y a la Guardia Civil, que ya habían sido puestos en conocimiento de los hechos, como al Instituto de La Mujer de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y al propio Ministerio de Igualdad.
La formación política exige en nota de prensa que se investiguen con urgencia sus declaraciones sobre la muerte de gatos y los «graves» insultos dirigidos a las gestoras de colonias felinas y al presidente de PACMA, Javier Luna; que los hechos acreditados tengan consecuencias legales inmediatas, y que se adopten medidas para proteger a las personas afectadas y a los animales del municipio.
El caso salió a la luz en agosto de 2026, cuando Serrano difundió un vídeo en su perfil de Facebook, ya cerrado, en el que afirmó haber «mandado a Turruchel» a alrededor de cuarenta gatos que habían entrado en su finca y haber atropellado aproximadamente a otros diez.
El Partido Animalista PACMA presentó entonces una denuncia ante la Guardia Civil y pidió al Ayuntamiento de Valdepeñas medidas para proteger a las colonias y a las mujeres que las cuidan, las cuales eran denominadas compulsivamente por Serrano como «locas del coño» y «mal folladas». El 8 de septiembre ampliaron la denuncia ante el SEPRONA con nuevas publicaciones en las que, según el partido, Serrano aludía también a la captura y muerte de otros animales silvestres. La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer los hechos relatados en los vídeos.
Insultos a vecinas y al presidente de PACMA
La preocupación de PACMA alcanza también a las personas señaladas en las publicaciones. Las capturas de comentarios del perfil «@eljuagarzo», nombre de la residencia canina y felina propiedad de Serrano, muestran ataques dirigidos a una gestora a la que se llama «basura humana», «estiércol de la sociedad» y «mal follada» repetidamente.
En otro comentario se la insulta como «pedazo mierda» y se le dirigen comentarios sexuales denigrantes relacionados con su ropa interior.
Después de que PACMA hiciera pública su denuncia, Serrano volvió a arremeter en un vídeo contra Javier Luna, presidente del partido. Según la información difundida por la formación, lo insultó y aseguró que no había sido denunciado, una afirmación que PACMA desmintió.
En esa misma grabación se refiere a animalistas que lo critican como «mierdosos», «borregos» y «parásitos», entre otros. El Partido Animalista reclama que se investiguen estos ataques y se garantice la protección de las personas afectadas.
Los orígenes de El Tigre: armas, ETA y vísceras
Serrano, recoge PACMA en su nota, fue entrevistado en 2018 por El Español como guardia civil retirado y antiguo miembro del Grupo Antiterrorista Rural. En aquel reportaje, al recordar una operación contra ETA, «empleó un lenguaje gráfico sobre los cuerpos de los fallecidos, el jugueteo de otros compañeros con las tripas de estos e incluso de cómo, orgullosamente, él mismo había escupido a los cadáveres».
En otra publicación, añade, que data de al menos dos años más tarde, el mismo Serrano aparece en lo que aparenta ser la captura de un vídeo en el que posa con el cadáver de un zorro en la cabeza.
Por estas razones, sumadas a la conducta actual del denunciado hacia personas y animales, el Partido Animalista ha solicitado que se valore la adopción de medidas cautelares para proteger tanto a su entorno más cercano como a los animales que se encuentren bajo su responsabilidad mientras se esclarecen los hechos.
Las consecuencias legales que asume quien mata a más de 50 animales
Si una investigación acreditase que causó intencionadamente la muerte de al menos cincuenta gatos, la responsabilidad penal dependería de las pruebas sobre cada animal y de la calificación de los hechos. El Código Penal prevé, para la muerte de un animal doméstico o que viva bajo control humano, prisión de doce a veinticuatro meses e inhabilitación de dos a cuatro años para actividades relacionadas con animales y para su tenencia.
Para otros vertebrados, contempla prisión de seis a dieciocho meses o multa de dieciocho a veinticuatro meses, además de la misma inhabilitación para su tenencia y el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, lo cual sería una sentencia de cierre para su negocio de residencia canina.
Sin embargo, la muerte de cincuenta gatos no se traduce automáticamente en cincuenta penas: el tribunal tendría que decidir si aprecia varios delitos o un delito continuado. La Ley 7/2023 califica además la muerte de gatos comunitarios fuera de los casos autorizados como infracción muy grave, sancionable con multa de 50.001 a 200.000 euros, y prevé como medida accesoria la inhabilitación para el ejercicio de actividades relacionadas con animales y su tenencia por un periodo de cinco a diez años, cuando proceda la vía administrativa. La concentración convocada por PACMA el 4 de octubre busca que las gestoras de colonias felinas dejen de afrontar insultos y conductas denigrantes sin una respuesta efectiva de las autoridades. La formación política considera especialmente preocupante que una persona que afirma haber dado muerte a decenas de gatos siga al frente de una actividad de alojamiento y adiestramiento animal mientras se esclarecen los hechos, así como que no asuma consecuencia alguna por su actitud beligerante y menosprecios graves a sus denunciantes
