El responsable de Agricultura del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres ha exigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que dé explicaciones sobre la insuficiencia de la convocatoria de ayudas para prevenir los daños del conejo de monte: «El campo está perdiendo cosechas, ingresos y posibilidades de seguir adelante. Y Page responde con dos millones de euros para una emergencia declarada en 364 municipios. ¿Ha hecho las cuentas o solamente ha preparado el anuncio?».
Lucas-Torres ha recordado que los municipios incluidos en la declaración de emergencia cinegética abarcan el 42,8% del territorio regional. «¿De verdad considera proporcionada esta convocatoria? ¿Cuántas explotaciones afectadas tiene contabilizadas? ¿A cuántas piensa ayudar? ¿Cuánto calcula que recibirá cada agricultor? ¿Cuántos se quedarán fuera cuando se agote el presupuesto? Que enseñe la división, señor Page».
El dirigente popular ha señalado que dividir los dos millones entre los 364 municipios arroja apenas unos 5.495 euros por municipio, como referencia de la dimensión presupuestaria de la convocatoria, aunque las ayudas se conceden por expediente.
«¿Con el equivalente a 5.495 euros por municipio pretende ofrecer una respuesta suficiente? ¿Cuántas mallas, cuántos protectores y cuántas explotaciones cree que puede atender? El presupuesto da para un titular; Page tiene que demostrar que también da para proteger al agricultor».
Lucas-Torres ha cuestionado si las exigencias administrativas guardan proporción con las cantidades que finalmente recibirán los solicitantes. «¿Ha calculado cuánto tiempo y cuánto dinero cuesta preparar, tramitar y justificar la solicitud? ¿Ha preguntado a los agricultores si les compensa? ¿O confía en que, entre los papeles, los límites y lo que deben pagar de su bolsillo, muchos terminen renunciando?».
«Una convocatoria no se mide por las páginas que ocupa en el Diario Oficial. Se mide por los agricultores a los que llega y por los daños que consigue evitar. ¿Va a publicar cuántas solicitudes recibe, cuántas deniega y cuánto dinero paga realmente?».
Lucas-Torres ha respaldado las críticas de ASAJA sobre la distancia entre los costes reales de las medidas y los importes reconocidos por la Administración. Según los datos denunciados por la organización agraria, eliminar un majano cuesta más de 400 euros, mientras el máximo subvencionable se fija en 200. Aplicando una cobertura del 70%, la ayuda alcanzaría como máximo 140 euros y el agricultor tendría que asumir más de 260 euros.
«¿Dónde está ese supuesto alivio, señor Page? ¿Le parece justo que un agricultor castigado por los daños termine pagando más del 65% del coste real de esa actuación? ¿Por qué sus baremos se quedan tan lejos de las facturas? ¿Quién ha hecho esos cálculos y cuándo piensa corregirlos?».
El responsable de Agricultura del PP regional también ha reclamado que la Junta explique cómo distribuye las responsabilidades y los recursos con las diputaciones que están financiando actuaciones de control.
«¿Por qué las instituciones provinciales tienen que movilizar recursos mientras la administración responsable presenta una convocatoria que el propio sector considera insuficiente? ¿Va a liderar la respuesta o seguirá esperando que otros cubran sus carencias?».
Lucas-Torres ha exigido ampliar la dotación de la convocatoria, adaptar los costes subvencionables a los precios reales, simplificar la tramitación y reforzar las actuaciones de control en las zonas donde se concentran los daños, con coordinación entre las administraciones responsables.
«Page no puede pedir paciencia a quien está viendo desaparecer su cosecha. Cada campaña perdida es dinero que no vuelve, deudas que permanecen y explotaciones que se debilitan». «Señor Page: ¿cuánto vale para usted el trabajo de nuestros agricultores? ¿Cuánto daño más tienen que soportar para que su Gobierno responda con recursos proporcionados? Gobernar exige resolver el problema. Anunciar dos millones y dejar al agricultor haciendo las cuentas de lo que tendrá que pagar es una respuesta políticamente inaceptable».
