El diputado regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz de Fomento, Nacho Redondo, ha acusado este miércoles al PSOE regional y a la portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page, Esther Padilla, de “fabricar deliberadamente el bulo de los fondos buitre” para atacar al PP y ocultar el contenido de sus enmiendas a la Ley de Vivienda.
Redondo ha rechazado las declaraciones de Padilla sobre “menos impuestos para los fondos buitre” y ha denunciado que presenta como un privilegio específico para fondos de inversión una propuesta que únicamente rebaja del 5 al 3% un tipo fiscal ya vigente, sin introducir nuevas empresas ni eliminar controles.
“Todo eso es rotundamente falso. El Partido Popular no modifica quién puede acogerse al tipo reducido, no amplía la relación de beneficiarios, no elimina ningún requisito, no suprime ningún control y no incorpora una sola referencia a fondos buitre. Solo propone que el tipo pase del 5 al 3%. No hay más”, ha recalcado Redondo.
Una norma de Page
Redondo ha recordado que los beneficiarios y las condiciones de este régimen están recogidos en el artículo 19.7 de la Ley 8/2013, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. Su redacción vigente fue incorporada por la Ley 1/2022, aprobada durante la presidencia de Emiliano García-Page, que fijó un tipo reducido del 5 por ciento para determinadas transmisiones de viviendas a empresas inmobiliarias.
El diputado ha subrayado que Page lleva once años gobernando y mantiene esta regulación desde 2022. La Junta la publica en su Portal Tributario como un beneficio fiscal, con la obligación de destinar la vivienda a su posterior venta en un máximo de tres años. “O Padilla está acusando al Gobierno de Page de haber aprobado una ventaja para fondos buitre o está mintiendo sobre la enmienda del Partido Popular. Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser verdad”, ha aseverado Redondo.
El representante del Grupo Parlamentario Popular ha explicado que la enmienda mantiene las cinco condiciones legales: incorporar la vivienda al activo circulante para venderla; desarrollar como actividad principal la construcción de edificios, la promoción inmobiliaria o la compraventa de inmuebles por cuenta propia; formalizar la adquisición en documento público que indique su destino a la venta; vender la totalidad de la vivienda y sus anexos en un máximo de tres años; y someter esa operación posterior a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
En caso de incumplimiento de los requisitos relativos a la venta posterior, la empresa debe presentar una declaración complementaria, aplicar el tipo general y abonar los intereses de demora correspondientes. “No estamos inventando una nueva categoría de beneficiarios ni entregando un cheque en blanco a nadie. Estamos actuando sobre operaciones reguladas, documentadas y sometidas a condiciones. La enmienda solo sustituye el 5 por el 3%; todo lo demás permanece intacto”, ha insistido.
Redondo ha defendido que el objetivo de la propuesta del Partido Popular es reducir la carga fiscal que soportan las operaciones dirigidas a rehabilitar, acondicionar o devolver viviendas al mercado, facilitando una mayor rotación y ampliando la oferta disponible.
“En Castilla-La Mancha existe un problema evidente de acceso a la vivienda. Frente a quienes creen que la solución consiste en aumentar la presión fiscal y demonizar a todo el sector, el PP propone reducir costes, incentivar la actividad y favorecer que haya más inmuebles disponibles para las familias”, ha manifestado.
“Si se rebajan los costes fiscales de adquisición y se mantiene la obligación de vender la vivienda dentro de los tres años siguientes, se facilita que más inmuebles sean adquiridos, acondicionados y puestos nuevamente en circulación. Eso significa movilizar vivienda, incrementar la oferta y dinamizar un mercado que el intervencionismo socialista está bloqueando”, ha defendido.
Redondo ha acusado al PSOE de utilizar una “doble vara de medir escandalosa” al hablar de “fondos buitre” para atacar al PP mientras defiende la actividad inmobiliaria de la pareja de su portavoz federal, Montse Mínguez, de la que han informado los medios de comunicación.
El diputado ha contrapuesto estas acusaciones con la defensa de Mínguez, que no negó la actividad inmobiliaria ni la condición de gran tenedor y sostuvo que se trata de una empresa familiar que paga sus impuestos y cumple la legislación de vivienda.
“Aquí el único fondo buitre es el del novio de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez”, ha afirmado Redondo.
El diputado popular ha denunciado que “para el PSOE, una empresa es un fondo buitre cuando puede utilizar esa etiqueta para atacar al Partido Popular, pero pasa inmediatamente a ser una respetable empresa familiar cuando pertenece a la pareja de una de sus principales portavoces”.
“Ahí está la verdadera hipocresía socialista. Padilla señala a empresas que cumplen una norma aprobada por el Gobierno de Page, mientras el PSOE federal justifica que el gran tenedor vinculado a la pareja de su portavoz alquile decenas de viviendas y acuda a los tribunales ante los impagos”, ha indicado.
Redondo ha emplazado al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Grupo Socialista a presentar una modificación legislativa si realmente consideran que las empresas incluidas en el artículo 19.7 no deben acogerse a un tipo fiscal reducido.
Redondo ha exigido a Esther Padilla que rectifique sus acusaciones y explique por qué el Ejecutivo de Page mantiene el régimen fiscal que ahora presenta como una amenaza, en lugar de modificarlo.
“Que Padilla deje de enredar. Que explique por qué su Gobierno aprobó esta regulación y por qué no la ha cambiado. Y, sobre todo, que deje de utilizar expresiones falsas para desacreditar una propuesta legítima de reducción de impuestos”, ha concluido.
