El Juzgado de lo Social de Ciudad Real ha acogido este jueves el inicio del juicio contra la empresa cárnica Frimancha, ubicada en Valdepeñas, y la cooperativa Servicarne. La vista oral se celebra casi diez años después de las actuaciones de la Inspección de Trabajo derivadas de las denuncias de CCOO para erradicar la figura de los falsos autónomos y cooperativistas en el sector cárnico.
El sindicato confía en que el tribunal asuma la unificación de doctrina fijada por el Tribunal Supremo para que se reconozca la relación laboral de más de 300 personas trabajadoras con la mercantil entre los años 2013 y 2020. Durante este periodo, según recuerda la organización sindical, los afectados cotizaron bajo el régimen de autónomos dentro de una falsa cooperativa de trabajo asociado hasta que en 2020 fueron regularizados como empleados por cuenta ajena.
Esta primera sesión abre un calendario de cinco jornadas de juicio. Según ha explicado el secretario de Acción Sindical de CCOO Industria de Ciudad Real, Rafael Muñoz, la vista estaba fijada en un principio para el año 2020, pero tuvo que suspenderse por cuestiones de procedimiento, a la espera de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se pronunciaran sobre la legalidad de Servicarne.
Muñoz ha remarcado que el conflicto del colectivo en las industrias cárnicas responde a una lucha histórica originada por una denuncia estatal presentadas por CCOO ante la Inspección de Trabajo. Este organismo actuó en 2017 determinando que los presuntos socios cooperativistas desempeñaban idénticas funciones que el personal asalariado sin disponer de contrato laboral directo con la empresa.
En este contexto, desde el sindicato señalan la relevancia de la resolución dictada el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo con respecto a los socios de Servicarne en el Grupo Sada. Dicha sentencia determinó que la plantilla tenía la condición de trabajadores por cuenta ajena, sentando un precedente que aborda el uso de las cooperativas de trabajo asociado como vía para evitar la contratación ordinaria, recortar costes a la Seguridad Social y encubrir cesiones ilegales de personal.
