Izquierda Unida de Cabarrubias del Puerto ha denunciado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Protección de la Naturaleza, el «secuestro y el uso partidista» por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, al tiempo que ha criticado la falta de convocatorias de la Junta Rectora y el incumplimiento de las inversiones comprometidas.
A través de su coordinador comarcal, Antonio Moreno, la formación ha lamentado la «dejación y el abandono» en materia de inversiones desde la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en abril de 2019. Según critica la organización, en los casi ocho años transcurridos desde dicha aprobación, el órgano rector solo se ha reunido en dos ocasiones (en noviembre de 2021 en Solana del Pino y en febrero de 2025 en Mestanza), a pesar de que el reglamento exige al menos una convocatoria anual.
Desde IU señalan la continua rotación de cargos en la Administración autonómica sin que se traduzca en una gestión efectiva. En este sentido, recuerdan el paso de dos consejeros de Desarrollo Sostenible —José Luis Escudero y la actual titular, Mercedes Gómez Rodríguez—, tres delegados provinciales en Ciudad Real y diversos cambios en la dirección-conservación del espacio protegido, destacando la toma de posesión en 2023 del actual director-conservador, José Ramón Ramos, o el relevo en la presidencia del parque a principios de 2025.
INVERSIONES PENDIENTES Y RESTRICCIONES A VECINOS
Asimismo, Izquierda Unida ha cuestionado el destino de la partida presupuestaria de más de 6,6 millones de euros (6.699.800 €) vinculada al PRUG. En concreto, la formación ha reclamado explicaciones sobre actuaciones presupuestadas como la lucha contra «la seca» del encinar y conservación de la dehesa (700.000 euros), el deslinde de vías pecuarias (1.250.000 euros) o la construcción de un centro de interpretación (750.000 euros).
La organización sostiene que el parque natural —con un 80 % de su territorio en manos privadas— se ha convertido en una «pesadilla» para los habitantes de la comarca, al haberse impuesto restricciones y condicionado la actividad económica y el desarrollo local «sin ninguna compensación». Además, advierten de que las pocas intervenciones realizadas responden a criterios de «tinte político afín» e «intereses muy localizados», calificando la situación de «ilegalidad manifiesta» al no dar cuenta a los colectivos legalmente representados en la Junta Rectora.
