La Junta rechaza las acusaciones de “deslealtad y sectarismo” del Ayuntamiento de Ciudad Real sobre el Plan Corresponsables

La secretaria de Dinamización de Agrupaciones, Movilización y Campañas del PSOE y delegada provincial de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez, ha defendido el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con las políticas de corresponsabilidad y conciliación familiar frente a las acusaciones de deslealtad y sectarismo formuladas por el Ayuntamiento de Ciudad Real en relación con el Plan Corresponsables.

Para ello, ha puesto sobre la mesa un dato que considera esclarecedor: hasta la quinta edición del programa, el Ejecutivo autonómico ha transferido al consistorio capitalino 1,5 millones de euros, mientras que la aportación municipal con fondos propios ha sido de apenas 38.000 euros.

Nieto-Márquez ha subrayado que estas cifras evidencian “quién está apostando de verdad por las políticas públicas de igualdad y por facilitar la conciliación de las familias de Ciudad Real con menores a cargo”. En este sentido, ha recordado que el Plan Corresponsables permite habilitar recursos de atención y cuidado de niños, niñas y adolescentes de entre cero y 16 años, especialmente durante los periodos no lectivos, como las vacaciones de Semana Santa, Navidad y verano, cuando aumenta la necesidad de las familias de compatibilizar sus responsabilidades laborales y personales.

La delegada provincial de Igualdad ha añadido que, hasta la cuarta edición del programa, alrededor de 2.100 familias de la capital se habían beneficiado de estos recursos, una cifra a la que se sumarán las atendidas en la quinta edición, que permanece en ejecución hasta el próximo 31 de diciembre.

Un modelo de colaboración con los ayuntamientos

La responsable provincial ha recordado que el Plan Corresponsables comenzó en 2021 y que el Gobierno regional optó desde el primer momento por transferir los fondos directamente a los ayuntamientos, al considerar que son las administraciones que mejor conocen las necesidades de las familias de sus respectivos municipios.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo adicional realizado por el Ejecutivo autonómico en la quinta edición, con una aportación de 1,3 millones de euros de fondos propios para los municipios de más de 10.000 habitantes, entre los que se encuentra Ciudad Real. Una financiación que refuerza el compromiso regional con la continuidad de estos servicios.

En relación con la próxima convocatoria, Nieto-Márquez ha indicado que el plazo de adhesión a la sexta edición concluyó el pasado 20 de octubre y que el Gobierno regional trabaja para publicar el nuevo plan antes de finalizar el año. También ha puesto en valor la continuidad de la colaboración de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, que han vuelto a apostar por este instrumento para desarrollar políticas de igualdad y conciliación.

El reintegro responde al incumplimiento de los requisitos

Respecto al conflicto con el Ayuntamiento de Ciudad Real, la delegada provincial ha rechazado que la solicitud de reintegro de la subvención responda a razones políticas y ha defendido que se trata de una cuestión administrativa derivada del incumplimiento de los requisitos de ejecución y justificación establecidos en el decreto regulador del programa y en la normativa de subvenciones.

“No hay deslealtad ni sectarismo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Las reglas son las mismas para todos los ayuntamientos y deben cumplirse por igual”, ha afirmado Nieto-Márquez, quien ha señalado que el Ayuntamiento de Ciudad Real es el único al que se ha requerido el reintegro íntegro de fondos en el marco de la ejecución de estas ediciones del Plan Corresponsables por incumplir los requisitos establecidos.

La responsable provincial ha confirmado que el Ayuntamiento ha recurrido la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa y que habrá que esperar a la resolución judicial.

Nieto-Márquez ha concluido defendiendo la necesidad de mantener la colaboración institucional para que las políticas de corresponsabilidad sigan llegando a las familias y ha insistido en que la prioridad debe ser garantizar unos servicios de conciliación que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía, con independencia de las diferencias políticas entre administraciones.

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