Cultura, intelectuales y política

 “De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”
JORGE LUIS BORGES
(Escritor argentino)

Estos días, el articulista Pedro García Cuartango ha publicado un artículo titulado “Leer, vivir”. En él analiza el libro y su consecuencia más valiosa, la lectura, como una herramienta potente para que todos los ciudadanos puedan ejercer su libertad de manera responsable frente a los poderosos, aunque nuestros dirigentes, pese a la impostura que exhiben, no la practican, y concluye diciendo: “y lo digo con conocimiento de causa”. 

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. – EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

A finales de los años noventa surgió el rumor de que la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, confundió al escritor portugués José Saramago con una artista a la que supuestamente se le atribuyó el nombre de Sara Mago. Aunque no hay evidencia de que tal declaración se produjera, ni vídeo, ni testimonio, ni documento que lo acredite, ha sido un recurso fácil para quienes sugieren la supuesta incultura de la entonces ministra, haciéndose eco de un bulo que se sigue repitiendo más de treinta años después.

En febrero de 2005, otra ministra de Cultura, Carmen Calvo, fue protagonista de un lapsus. Durante una sesión de control en el Senado, el senador Juan Van-Halen interpeló a la ministra sobre la situación del cine español incluyendo la frase: “Periodo negro, Calvo dixit”. A lo que la ministra le respondió muy molesta: “Señoría, usted para mí nunca será Van-Halen dixi ni pixi”, confundiendo el término latino dixit —que significa “dijo”, usado habitualmente para citar a alguien— con los personajes de dibujos animados de Hanna-Barbera Pixie y Dixie. Y así figura en el diario de sesiones del Senado.

De los ministros de Cultura que ha habido en España desde 1977 —estuvieran compartidos con Educación o en exclusiva—, ese departamento ha tenido más de veinte titulares. Aunque la gran mayoría de ellos eran licenciados universitarios, llama la atención que en dos casos no lo fueran: Jorge Semprún, ministro en uno de los últimos gobiernos de Felipe González, y Miquel Iceta, con Pedro Sánchez. Pero huyendo de la cuestionada titulitis que algunos defienden, es evidente que esta materia requiere de un mínimo de formación para dirigirla.

A veces se eligen como responsables de las altas instituciones del Estado a quienes aportan, además de su imagen, un plus de solvencia y profesionalidad. En ocasiones solo aportan una pátina de intelectualidad que luego no se corresponde con sus habilidades o su voluntad para gestionar con independencia los asuntos que requiere el desempeño del puesto para el que han sido nombrados. Recientemente, el actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurrió ante el Tribunal Constitucional la suspensión de la conocida como “ley de nietos” que dictó el Tribunal Supremo, recurso que fue inadmitido por nuestro tribunal de garantías.

Tomás Gómez, exlíder madrileño del PSOE, en un artículo reciente hace referencia a lo que, según él, es una pérdida de credibilidad del señor Gabilondo. Cuestiona su nivel de actividad como rector de la Universidad Autónoma de Madrid, como portavoz socialista en la Asamblea de Madrid y ahora como Defensor del Pueblo. La inadmisión de su recurso se ha basado en la falta de respeto al procedimiento constitucional que exige haber agotado la vía judicial para recurrir en amparo, lo que no se había producido con la suspensión impugnada.

Gómez plantea si la interpretación administrativa de la Instrucción de 2022, que estableció la presunción de exilio para los españoles que se fueron de nuestro país entre 1936 y 1955 excediendo lo dispuesto en la ley, se ha valorado antes de presentar el recurso. Si el Defensor del Pueblo ha establecido medidas para la aplicación de esa criticada instrucción y las garantías del censo. O si el Alto Comisionado de las Cortes, que exigió rigor administrativo para proteger el voto de una persona en Gijón, ha establecido el grado de supervisión administrativa que se requiere cuando afecta a más de 163.000 electores residentes en el extranjero.

Pero hoy parece irrelevante que el ejercicio de los cargos públicos requiera una formación específica, o ciertas habilidades para gestionar los servicios que se les encomiendan, porque lo que de verdad importa es la incondicionalidad y hasta el servilismo para con quien los nombra en sus puestos y que, salvo honrosísimas excepciones, esa es la pauta general de su actuación, sean intelectuales, expertos o simplemente profanos.

Continuando con el artículo de Cuartango, nos dice: “Creo que el deterioro de nuestra vida política tiene mucho que ver con que nuestros dirigentes no leen (…). El bochornoso espectáculo de sectarismo y confrontación proviene de la falta de entidad intelectual de nuestros políticos. No concibo que una persona que haya leído a Dante se rebaje a insultar a un adversario”. Y finaliza diciendo: “Para no arder en el infierno, tenemos que leer. Es una de las pocas terapias que nunca falla”.

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