El sindicato docente ANPE Castilla-La Mancha ha exigido a la Consejería de Educación y al Gobierno regional una batería de “medidas contundentes y directas” contra el acoso digital que sufre el profesorado de la comunidad autónoma a través del fenómeno de los denominados curis, un nuevo formato de ciberacoso que incluye grabaciones, burlas, hostigamiento y suplantación de identidad sin autorización en redes sociales.
A través de un comunicado de prensa, la organización sindical ha expresado su “profunda preocupación” ante la proliferación de cuentas y contenidos vejatorios que afectan a docentes de diversos institutos de la región. Desde ANPE han recordado que el servicio del Defensor del Profesor ya advirtió a principio de curso sobre el mal uso de la Inteligencia Artificial (IA) para señalar, humillar o menospreciar a los profesionales de la enseñanza.
El sindicato ha recalcado que estas acciones “no pueden justificarse como simples bromas ni normalizarse como parte del entorno digital”, recordando que detrás de cada docente “hay una persona, una familia y una trayectoria profesional que merecen respeto y protección”. Asimismo, inciden en la necesidad de abordar estas situaciones sin confundir la protección de la infancia “con la impunidad ante conductas que podrían ser ilícitas”, advirtiendo del impacto negativo en la salud mental y emocional de los afectados.
Exigencias a la Administración regional
Para frenar esta situación, ANPE ha trasladado a la Administración educativa un paquete de demandas prioritarias, entre las que destaca la creación de una regulación específica de actuación frente al acoso digital, la suplantación de identidad y la difusión de contenidos vejatorios dirigidos a docentes.
Junto a esta normativa, solicitan asesoramiento y respaldo jurídico y psicológico gratuito con acompañamiento integral durante todo el procedimiento para los profesores afectados, así como la realización de campañas de educación digital y respeto a la profesión docente dirigidas tanto al alumnado como a las familias.
Asimismo, la organización exige la intervención coordinada de la Administración, la Inspección Educativa, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Policía Nacional y la Guardia Civil para agilizar la localización y retirada de los contenidos difamatorios de Internet y preservar las pruebas necesarias para investigar los hechos.
Finalmente, ANPE ha reafirmado su compromiso de acompañar a los profesionales agredidos para que “ningún profesor tenga que afrontar estas situaciones en soledad”, poniendo a su disposición el servicio del Defensor del Profesor bajo el lema de que “defender al profesorado es defender la educación, la convivencia y el respeto”.
