Paula Fernández.- No sé cuánto tiempo es necesario que trascurra para que escribir después de una tragedia, no suponga una falta de respeto a las víctimas, a familiares y amigos.
El dolor por las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios nos estremece a todos. Como sociedad, la prioridad absoluta debe ser el respeto a las familias, el apoyo incondicional a los afectados, pero el mejor homenaje que podemos hacerles es que prevalezca la verdad, la justicia y el rigor técnico de una investigación rigurosa y transparente que aclare lo sucedido. La empatía y la dignidad deben guiar cada una de nuestras respuestas ante una realidad tan grave.
Sin embargo, asistimos una vez más a un espectáculo doloroso por parte de la derecha y la ultraderecha, que no han tardado en utilizar una tragedia humana como arma de confrontación electoral en vísperas del 29N. Frente a ese fango, la respuesta institucional ha marcado un estándar ético contundente: el ministro Óscar Puente ha presentado su dimisión y ha renunciado a ir en las listas en un ejercicio ineludible de dignidad política, coherencia y respeto absoluto a las víctimas. Con este paso al lado voluntario, el exministro demuestra que en el proyecto progresista la asunción de responsabilidades no es una declaración vacía, sino un principio firme para proteger las instituciones y blindar la campaña de cualquier ruido interesado.
Este gesto de coherencia desarma por completo la hipocresía histórica del PP. Resulta cínico que Feijóo intente dar lecciones de asunción de responsabilidades políticas cuando él mismo, siendo presidente de Galicia, se atrincheró tras el trágico accidente del Alvia en Angrois en 2013. En aquel entonces, con 80 muertos sobre la mesa, la derecha insistió hasta la afonía en señalar exclusivamente el “factor humano” del maquinista para salvar sus propias siglas, ignorando el clamor de las familias y las investigaciones independientes. Hoy, mientras la izquierda asume el coste político por responsabilidad institucional, el presidente del PP carece de credibilidad alguna para presumir de un “rigor en la gestión” que la maldita hemeroteca siempre se encarga de desmentir.
Frente a la crispación y el oportunismo, la izquierda debe ser el motor de la esperanza. No podemos aceptar ese relato pesimista que la derecha intenta imponer, según el cual la ciudadanía siempre debe asumir “sacrificios” y resignarse a vivir peor mientras se perdonan impuestos a los más poderosos. La verdadera alternativa no es el recorte ni la renuncia, sino la ambición de un país que progresa sin dejar a nadie atrás. La esperanza no es una idea abstracta; es la certeza de que mediante la política podemos transformar la realidad y conquistar nuevos derechos.
Esa transformación pasa inevitablemente por blindar y reforzar lo público, las soluciones a nuestros problemas actuales no van a venir de quienes precisamente impulsan privatizaciones en todas las áreas de la economía y del Estado del bienestar, desde la educación, la sanidad o las pensiones hasta el transporte y, por supuesto, la vivienda. Ese es el verdadero pulso sobre el que se juega en buena parte el futuro de nuestro modelo de sociedad el 29N.
Frente al afán privatizador que entiende los derechos esenciales como nichos de negocio, nosotros defendemos que la sanidad, la educación, las pensiones son el patrimonio de quienes no tienen otro patrimonio. Los servicios públicos no son un gasto prescindible, sino la red de seguridad de nuestra democracia y la garantía de una igualdad real. Reforzarlos es la mejor respuesta ante cualquier crisis.
No podemos permitir que el desánimo o el ruido polarizador decidan el rumbo de nuestro país. El voto es la herramienta democrática más poderosa para defender este modelo de sociedad basado en el bienestar común, la inversión y la justicia social. Hacer frente a quienes instrumentalizan el dolor implica acudir a las urnas con convicción. Este es el momento de movilizarse, de votar por la dignidad de lo común y de reafirmar que España avanza cuando se construye desde los valores de la izquierda.
La dimisión de Puente nos recuerda que en nuestro proyecto la coherencia se demuestra con hechos. Ahora nos toca a nosotros en las urnas. Este 29 de noviembre, que nadie se quede en casa: blindemos lo público y defendamos el futuro de España con la fuerza de nuestros valores.
