PSOE y PP han votado en contra este jueves de la enmienda a la totalidad de Vox al Proyecto de Ley de reactivación de la carrera profesional y de fidelización e incentivación del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Durante el debate de la enmienda a la totalidad presentada por Vox al proyecto, el diputado de la formación, Iván Sánchez, ha afirmado que los sanitarios reclaman “el pago de un derecho” que se les debe “desde hace 14 años”, y ha reclamado su recuperación “inmediata y retroactiva” desde 2012, con dotación presupuestaria suficiente.
Ha calificado la reactivación de “estafa de la factoría Page” y ha acusado al Ejecutivo de traerla “a la vuelta de unas elecciones” tras 11 años de gobierno.
Entre sus motivos, ha citado que se aprueba sin memoria económica, algo que, ha recordado, señala el Consejo Consultivo en su dictamen, así como un informe de la AIReF según el cual las cuentas de 2027 no contienen dinero suficiente. También ha criticado la tramitación por urgencia, la falta de consulta pública previa y que el proyecto remita a un nuevo modelo que el Gobierno tiene 18 meses para aprobar.
Sánchez ha propuesto financiar la medida con lo que ha calificado de “gasto político superfluo”, como los 207 millones de la Agencia de Transformación Digital o los fondos del Consejo de Transparencia y de la Cámara de Cuentas.
PP: “CARRERA PROFESIONAL PARA TODOS”
De su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, “ha engañado a los profesionales durante más de 11 años y medio” y ha usado la carrera “como arma electoral” desde 2015, pues votó “hasta en 64 ocasiones” en contra de recuperarla y solo la ha activado tras el acuerdo de abril de 2026 con los representantes de los trabajadores, quienes, ha dicho, “han hecho hincar la rodilla” al presidente.
Moreno ha cuestionado la financiación, ya que, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, el coste es de 260 millones de euros y solo se han presupuestado 99.
Ademas, ha anunciado que su grupo no ha presentado enmienda a la totalidad –de hecho, ha votado en contra de la de Vox– porque quiere “preservar la recuperación”, pero ha avanzado que sí planteará enmiendas parciales para incluir a todos los profesionales “en todos sus grados e independientemente de su relación laboral”. En su réplica ha recordado, además, que los sindicatos han presentado al Gobierno 20 folios de reivindicaciones el pasado 6 de noviembre.
PSOE: “ENMIENDA A LOS RECORTES DEL PP”
Por el Grupo Socialista, su portavoz, Ángel Tomás Godoy, ha defendido que el proyecto levanta, desde el 1 de enero de 2027, la suspensión del reconocimiento de nuevos grados, articula procedimientos extraordinarios para reconocer los años del periodo de suspensión conforme al pacto de 2026 y encomienda al Consejo de Gobierno aprobar en 18 meses un nuevo modelo que podrá contemplar un quinto grado. Incluye además medidas para plazas de difícil cobertura.
Godoy ha recordado que la carrera, implantada en 2006 y 2007, fue suspendida durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Junto a ella ha enumerado los recortes sanitarios de aquel periodo, como la pérdida de la paga extra de 2012, el cierre de urgencias nocturnas en el medio rural o la reducción de plantillas, y ha defendido que la ley es “una enmienda a la totalidad” a esa política.
Sobre el trámite, ha señalado que el anteproyecto estuvo en el Portal de Transparencia entre el 24 de julio y el 3 de agosto y que la norma ha sido negociada con los representantes de los trabajadores. A Vox le ha reprochado que su propia proposición de ley situaba la entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente a su aprobación.
SANZ: “ESTÁN EN CONTRA DE QUE HAYA CARRERA”
De su lado, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se ha mostrado “sorprendido del trilerismo” de la oposición y ha asegurado que lo que quiere es “que no haya carrera y que todo siga para poder seguir criticando”, reprochándoles que la carrera no desapareció. “La quitaron ustedes, el PP nos la robó”.
El consejero ha pedido a Iván Sánchez que no “retuerza” lo que dice la AIReF, que, según él, no cuestiona los presupuestos, y ha asegurado que el Consultivo “no ha hecho ninguna observación esencial”.
También ha defendido que la ley es necesaria para levantar la suspensión y para “blindar” la carrera como complemento retributivo, y ha insistido en que sus efectos se reconocen desde el 1 de enero de 2027 y en que la norma debe estar aprobada antes de que termine el año.
