Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en Ciudad Real a los dos principales responsables y organizadores de una organización criminal dedicada al fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, a la que se le atribuye una defraudación total de 15,6 millones de euros durante el ejercicio 2024 mediante un entramado de sociedades instrumentales.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, uno de los dos arrestados –que ya han sido puestos a disposición judicial– había sido condenado recientemente por estos mismos delitos en la comercialización de carburantes. La red dirigía sus operaciones ilícitas desde las provincias de Ciudad Real y Córdoba y distribuía el combustible a clientes de todo el territorio nacional.
En concreto, la organización habría defraudado 9 millones de euros correspondientes a cuotas de IVA y otros 6,6 millones de euros en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, procediendo posteriormente al blanqueo de capitales con los beneficios obtenidos de forma ilícita.
La investigación judicial, dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se inició tras una denuncia de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria de Castilla-La Mancha. El operativo policial, ejecutado el pasado 10 de noviembre con el respaldo de la Fiscalía de Ciudad Real, contó con la intervención de funcionarios de Vigilancia Aduanera, Inspección y Auditoría Informática.
Durante la fase de explotación se practicaron dos registros domiciliarios en la localidad cordobesa de Villanueva de Córdoba, donde se intervino abundante documentación sobre la actividad fraudulenta. Asimismo, la autoridad judicial ha acordado el bloqueo de cuentas bancarias, el embargo de vehículos y de bienes inmuebles a nombre de sociedades patrimoniales de los cabecillas, así como la incautación de 25.000 euros en efectivo, relojes y joyas.
MECÁNICA DEL FRAUDE Y COMPETENCIA DESLEAL
El método empleado por la trama consistía en adquirir productos petrolíferos en régimen suspensivo de impuestos a través de una empresa instrumental ficticia que operaba simultáneamente como propietaria extractora y titular de un depósito fiscal.
Aunque sobre el papel los hidrocarburos eran trasladados a su propio depósito, los camiones cisterna no llegaban a descargar la mercancía y recibían nueva documentación de circulación para su salida directa a consumo hacia los clientes finales. Posteriormente, la sociedad facturaba la venta a una segunda empresa instrumental del grupo, que repercutía el IVA al cliente final pero se deducía un IVA supuestamente soportado que la primera sociedad jamás declaró ni ingresó en el Tesoro Público.
De este modo, ninguna de las dos entidades ingresaba las cuotas devengadas del IVA ni del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Este margen ilícito permitía a la organización ofrecer carburantes (gasolina y gasoil) a precios muy rebajados, generando una fuerte competencia desleal y distorsionando el mercado.
La operación continúa abierta a la espera del análisis de la documentación intervenida y de la posible adopción de nuevas resoluciones judiciales.









