Elena Bello.- En el día de hoy, varios compañeros del Grupo de Trabajo de Castilla-La Mancha hemos asistido al acto celebrado en Miguelturra en el que participaba la ministra Elma Saiz. Con carácter previo, nuestro colectivo había preparado una batería de 32 preguntas para trasladarle, además de un requerimiento formal, ya registrado, mediante el que se insta al Gobierno a aprobar de una vez el reglamento pendiente. Asimismo, se habían elaborado varias preguntas breves con la intención de plantearlas durante el encuentro.
Desde el inicio del acto quedó patente que gran parte de los asistentes mostraban un apoyo explícito a la ministra. Del mismo modo, pudimos comprobar que el supuesto coloquio distaba mucho de constituir un espacio de diálogo abierto, plural y transparente. Ante esta situación, decidimos centrar nuestra intervención en denunciar públicamente el incumplimiento de los plazos legales y la ausencia de una voluntad política real para resolver una cuestión que afecta a miles de personas.
Lejos de ofrecer una respuesta satisfactoria, la ministra afirmó con claridad que el reglamento no verá la luz durante la presente legislatura. Una declaración que, en la práctica, convierte su aprobación en una promesa futura, incierta y sin garantía alguna de cumplimiento. Su actitud resultó distante, poco receptiva a las críticas y alejada de la responsabilidad de rendición de cuentas que debe caracterizar a cualquier representante público.
Además, durante el desarrollo del acto se percibió una organización claramente orientada a reforzar el discurso oficial, facilitando intervenciones destinadas a ensalzar la gestión ministerial. Todo ello contribuyó a generar la impresión de que el encuentro estaba cuidadosamente dirigido para evitar preguntas incómodas y reducir la posibilidad de un debate auténtico, convirtiendo lo que se anunciaba como un coloquio en un acto de marcado carácter electoral.
Finalizado el encuentro, tuvimos la oportunidad de mantener una conversación con el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, cuya actitud fue notablemente más receptiva y respetuosa. El alcalde se comprometió a trasladar nuestras reivindicaciones tanto a la ministra como a la también ministra castellanomanchega Isabel Rodríguez, mostrando al menos disposición para escuchar las preocupaciones de nuestro colectivo.
Durante esa conversación dejamos clara una cuestión fundamental: la confianza se gana cumpliendo los compromisos adquiridos, y se pierde cuando estos se incumplen de forma reiterada. Un Gobierno que ignora un mandato parlamentario y desatiende la obligación de desarrollar un reglamento dentro del plazo establecido difícilmente puede reclamar credibilidad ante la ciudadanía.
No estamos únicamente ante el retraso de una norma. Estamos ante una cuestión de respeto institucional, de seguridad jurídica y de cumplimiento de los compromisos asumidos ante las Cortes Generales y ante miles de personas afectadas. Cuando un mandato parlamentario permanece incumplido y la única respuesta son nuevas promesas aplazadas en el tiempo, la confianza ciudadana se agota inevitablemente.
Por ello, consideramos que ha llegado el momento de trasladar un mensaje claro, firme e inequívoco: no se puede solicitar el voto de quienes han sido ignorados de manera sistemática. La credibilidad política no se construye sobre promesas futuras, sino sobre hechos, resultados y compromisos cumplidos. Quien incumple un mandato parlamentario y deja sin ejecutar una obligación legalmente exigida no puede esperar que los ciudadanos depositen nuevamente en él su confianza sin exigir antes responsabilidades.
Sin reglamento, no hay voto.








