El colectivo pro-saharaui Daire denuncia la muerte en extrañas circunstancias de un preso de conciencia

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ‘DAIRA’ de Almodóvar del Campo manifiesta y denuncia, una vez más, la vulneración de los derechos humanos contra la población saharaui en el territorio del Sahara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos.
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La muerte, en extrañas circunstancias, del defensor de derechos humanos y preso de conciencia saharaui, Hasana El Ouali, en un hospital militar de la ciudad ocupada de Dajla, constituye para ‘Daria’ “una nueva muestra de crueldad por parte de las autoridades de ocupación, empeñadas en negar todos los derechos humanos a la población saharaui, incluso el derecho a la salud o el derecho a la vida misma”.

Hassana El Ouali, natural de Dajla y nacido en 1973, había sido secuestrado en esa misma ciudad el 6 de enero de 2012 a raíz de los sucesos ocurridos tras una manifestación pacífica saharaui, “reprimida de forma brutal por la policía ocupante marroquí”. Fue en esa misma manifestación, acaecida el 25 de septiembre de 2011, en la que el joven saharaui Maichan Mohamed Lamin fue “asesinado a golpes por una banda de colonos alentados por la policía marroquí”.

Tras este suceso y “rechazando la posibilidad de investigar los hechos para así perseguir a los responsables marroquíes, las autoridades coloniales secuestraron y condenaron a varios de los defensores de derechos humanos residentes en Dajla a tres años de cárcel, entre ellos el fallecido Hassan El Ouali”, informa el colectivo almodovareño que preside Paco Real.

Para esta Asociación pro-saharaui, España es también responsable también de esta tragedia, dado que “se mantiene neutral, distante y en cómplice silencio, mientras hace negocios -incluida la venta de armas- con una monarquía feudal anclada en la Edad Media”.

Y añade ‘Daira’ que “los derechos humanos no son para el pueblo saharaui; quienes hace tan poco fueron españoles, son ahora moneda de cambio, moneda manchada de sangre”. Por eso, desde esta asociación de Almodóvar del Campo se exige al gobierno español que, “como potencia administradora de dicho territorio y según las distintas resoluciones de la ONU, denuncie de una vez la vulneración continuada de los derechos humanos que comete ‘su aliado’ y que se posicione a favor de la legalidad internacional”.

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