Paula Fernández.- Empiezo estas reflexiones con una pregunta, porque me preocupa y mucho lo que está ocurriendo para que en el imaginario popular la supervivencia del Gobierno parezca estar pendiente de un hilo.
Es preocupante la capacidad de las izquierdas para caer en la melancolía y la facilidad con la que medios, periodistas y politólogos de toda índole estén asumiendo que se ha iniciado un cambio de ciclo inevitable, que acabará con Núñez Feijoo, un político cuyo único mérito conocido hasta ahora es sostener una cosa y la contraria el mismo día, en la Moncloa escoltado por Santiago Abascal, eso sí, si la Sra. Ayuso da el beneplácito. Las personas progresistas tenemos que rebelarnos ante este relato, y para ello lo mejor es recordar qué hace y qué ha hecho este gobierno para mejorar la vida de las personas en nuestro país.
Este Gobierno desde el minuto cero ha puesto en marcha medidas dirigidas a estrechar la brecha de desigualdad que dejaron los gobiernos de Rajoy. No podemos obviar que toda gestión es susceptible de mejorarse, pero este gobierno se ha tenido que enfrentar a una pandemia que paralizó la economía mundial, la erupción de un volcán, a una invasión rusa en Ucrania, y ahora a un genocidio en Gaza; a pesar de todo este gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas que es necesario recordar y poner en valor para atajar los efectos negativos de todas estas crisis.
Mientras la oposición con el PP de Feijoo al frente se dedica a embarrar la política, al insulto grosero y la descalificación, con la ayuda y connivencia de algún sector de la judicatura este gobierno se dedica a promover medidas que sirvan para paliar los problemas reales a los que nos enfrentamos, algo de mérito habrá que concederle a Pedro Sánchez, que lleva ya casi una década liderando el PSOE y que está logrando cambiar ese nefasto relato de que la izquierda no sabe gestionar la economía.
En estos momentos, nadie en una sobremesa puede afirmar que la derecha gestiona bien y la izquierda no. Este verano ha servido al Gobierno para seguir extendiendo la narración contraria: en España al menos, la izquierda gobernante gestiona con un notable. La derecha con insuficiente.
La reforma laboral, (recordáis aquello de la derecha de que iba a destruir empleo, y hoy hay mas afiliados a la Seguridad Social que nunca), el crecimiento económico que sitúan a nuestra nación a la cabeza del crecimiento de las primeras economías de la UE, el salario mínimo vital, los ERTE …
Ahora toca luchar más activamente que nunca con un problema grave que se arrastra desde hace décadas, un déficit estructural de vivienda asequible, en buena parte derivado de una política de vivienda centrada históricamente en promover la propiedad y de una inversión pública insuficiente y discontinua en la construcción y conservación de parque residencial destinado al alquiler social o asequible.
Para garantizar de manera efectiva el acceso a una vivienda digna, especialmente para los colectivos más dificultades económicas, este Gobierno ha dado, desde el año 2018, un impulso decidido y sin precedentes a las políticas de vivienda, con la aprobación de reformas legales de gran calado, el refuerzo sostenido de las inversiones públicas por parte del Estado, pero desde luego se hacen imprescindible los programas de colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, así como la activación de instrumentos fiscales orientados a movilizar vivienda vacía y estimular la oferta asequible.
La aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, ha dotado por primera vez, en nuestra democracia, de un marco normativo estatal en esta materia para garantizar el acceso en condiciones de igualdad en todo el territorio, orientando la acción pública en materia de vivienda; como siempre hay comunidades como la de Madrid que se niegan de forma sistemática a la aplicación de dicha ley aunque beneficie a sus habitantes.
Diversos planes estatales en materia de vivienda han supuesto inversiones extraordinarias para atajar ese déficit estructural del que hablábamos al principio.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (PEV 2018-2021), contó con una dotación total en concepto de subvenciones de 1.443 millones de euros, el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, tiene un presupuesto que asciende a los 1.717 millones de euros, este plan refuerza la prioridad del alquiler asequible y la creación de un parque público y protegido más amplio y sostenible.
Ahora el gobierno acaba de presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, que se prevé aprobar a finales de diciembre y por el que se repartirán los 7.000 millones de euros que lo dotan de financiación.
El gobierno lo tiene claro, ahora toca trabajar con las CCAA que a fin de cuentas tienen las competencias en materia de vivienda.
Los cinco objetivos de este plan están perfectamente definidos, más viviendas, impulsando la construcción y adquisición de vivienda pública,( ya este año ha aumentado un 62% la construcción de vivienda protegida, frente a un 13 % la de vivienda libre ); mejores viviendas, rehabilitando para mejorar la eficiencia y la accesibilidad, ( un 30 % de la financiación del plan se destinará a este objetivo),apoyo a jóvenes para facilitar la emancipación de los mismos, favorecer el acceso a la vivienda en condiciones asequibles y luchar de forma decidida para revertir la situación en las áreas con más dificultades en materia de vivienda.
Las ayudas a la compra en zonas rurales con riesgo demográfico sin duda van a contribuir también en la solución de otro problema que arrastra nuestro país, la despoblación de la llamada “España vaciada”.
En definitiva, termino como empecé , la respuesta a la pregunta ¿Qué hace este gobierno? Es sencilla de contestar, alejarse del ruido y trabajar, trabajar y trabajar para mejorar las condiciones de vida los ciudadanos.
