El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica en su edición de este miércoles el informe definitivo de fiscalización de la rendición de la información contractual del sector público autonómico, correspondiente al ejercicio 2022.
En la resolución que acompaña al informe, firmado por el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar Hernández, se especifíca que el mismo fue aprobado el pasado 27 de noviembre.
El Informe de fiscalización ha analizado un total de 40 entes que componen el Sector Público Autonómico castellanomanchego, integrado por los órganos de la Administración General Autonómica, nueve en total, donde se encuentran todas las Consejerías del Gobierno y el Consejo Consultivo, y por otra parte, el Sector Público Institucional vinculado o dependiente, integrado por los Organismos Autónomos (5), las Entidades de Derecho Público (3), las Fundaciones públicas autonómicas (11) y las Empresas Públicas (8).
Del mismo modo, forman parte del sector Institucional, la Universidad de Castilla-La Mancha (1) y las entidades vinculadas o dependientes de ésta (2).
Los entes del Sector Público Autonómico tienen diversas obligaciones respecto a la información contractual, entre ellas se encuentra la de remitir información de los contratos que realizan, a través de diferentes plataformas del Tribunal de Cuentas, de la Administración Autonómica o de la Estatal.
El Informe ha analizado los entes del Sector Público Autonómico sujetos al deber de remisión de información contractual, revisando para ello su situación en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (Invente), registro administrativo público de las referidas entidades, concluyéndose la falta de validación/actualización de datos por parte de 12 organismos y entidades del Sector Público Institucional.
Respecto de la actividad contractual remitida, constan un total de 49.629 contratos formalizados en el ejercicio 2022, con un importe de 1.186.546.068 euros.
De estos, el 98,38% corresponden a contratos de obras, suministros y servicios y estas dos últimas categorías representan el 96,69%.
Asimismo, se han remitido un total de 269 contratos, por importe de 751.371.729 euros, acompañados del correspondiente extracto de expediente, por superar las establecidas en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público (600.000 euros, para contratos de obras, 450.000 euros para suministros y 150.000 euros para servicios).
El importe de adjudicación de los contratos formalizados por los Organismos Autónomos supone el 48,68% del total del Sector Público Autonómico, destacando el Sescam con el 98,87%.
Por su parte, la Administración General engloba el 38,08% del volumen de la contratación, destacando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que supone el 28,45% de la Administración General.
Finalmente se han analizado aspectos relevantes relacionados con la programación y publicidad de la actividad contractual, concluyendo que la mayoría de los entes del Sector Público Autonómico disponen de perfiles de contratante alojados en la Plataforma de Contratos del Sector Público, si bien los Departamentos, Consejerías y Organismos Públicos que disponen de sede electrónica propia no han alojado en la misma un enlace al perfil de contratante de sus órganos de contratación, tal y como requiere la normativa autonómica aplicable.
Por lo que a la planificación de la actividad contractual se refiere, los Departamentos, Consejerías y la mayoría de los organismos autónomos de la Administración Autonómica disponían de plan de contratación para el ejercicio 2022, sin que conste la misma para el resto de entes.
El Informe contiene 23 conclusiones, que ponen de manifiesto la situación de la rendición de la actividad contractual y 9 recomendaciones, dirigidas a los órganos con competencia en cada materia, para la adopción de medidas que impliquen una mejora en los aspectos analizados en el informe.
Entre las recomendaciones destaca el llamamiento a regular el régimen jurídico de organización y funcionamiento del sector público autonómico, y en particular del sector público institucional con el objetivo de aplicar una supervisión continua.
