El Gobierno regional modificará 50 medidas de la Estrategia Regional frente a la Despoblación en la que incluirá 13 nuevas actuaciones

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo Autonómico modificará medio centenar de medidas de la Estrategia Regional frente a la Despoblación entre las que se encuentra la inclusión de 13 nuevas actuaciones que servirán para adaptar este instrumento de aplicación de la Ley de Medidas contra la Despoblación a las nuevas necesidades que se están detectando en los pequeños municipios de la región.

Martínez Guijarro, que ha presidido el Consejo Regional de Desarrollo Rural y Despoblación que se ha reunido hoy en el Palacio de Fuensalida en Toledo, ha explicado que estas modificaciones surgen del proceso de participación que se ha llevado a cabo a lo largo de este 2025 con motivo de la primera evaluación intermedia de la Estrategia que tiene horizonte en 2031.

Se trata, ha dicho, de reorientar algunas de las actuaciones que ahora contempla el documento para lo que se van a incluir esas nuevas medidas entre las que ha detallado un bono de transporte rural, una vez desarrollado ya todo el Transporte Sensible a la Demanda en toda la región.

En este sentido, el vicepresidente primero ha señalado la puesta en marcha de “una tarifa plana para autónomos y prever la financiación para pequeñas cooperativas o sociedades anónimas laborales que presten servicios en el medio rural”.

Además, entre estas trece nuevas actuaciones se incluye el tema de la vivienda a través de “un programa específico de vivienda para el medio rural”, colaborando con los ayuntamientos en resolver cuestiones urbanísticas, a lo que se suma el fomento de las comunidades energéticas en el medio rural. 

Asimismo, se planteará la aprobación del Estatuto de los pequeños municipios de Castilla-La Mancha que se contempla en el nuevo Estatuto de Autonomía de la región. 

Todos estos cambios supondrán, tal y como ha sentenciado, que la Estrategia regional frente a la Despoblación crece tras la evaluación intermedia hasta alcanzar 216 actuaciones totales, lo que supondrá, además, el incremento del presupuesto destinado, que pasa de 3.322 millones de euros a 3.347 millones de euros.

Todas estas modificaciones se plantearán en el Consejo de Gobierno, antes de que finalice el año, para su aprobación.

Los resultados de estos tres años de Estrategia

Durante su intervención, Martínez Guijarro ha subrayado que la aplicación de las medidas de la Estrategia Regional frente a la Despoblación “comienza a dar resultados objetivos” en cuanto a freno de la despoblación y crecimiento de la población en las zonas despobladas de la Comunidad Autónoma.

Así, “la Estrategia está cumpliendo con su objetivo” tal y como muestran los datos a 1 de enero de 2025. Y es que, ha dicho, “en las 26 zonas en las que se aplica, hay un incremento de 4.672 personas con respecto de la población que había en el 2021” y el saldo migratorio positivo en estas mismas zonas durante este periodo concreto suma 15.423 personas. Es decir, “una de cada cuatro personas que vienen a vivir a Castila-La Mancha lo hacen a zonas despobladas”.

La aplicación de la Estrategia en sus tres primeros años de vigencia

Este proceso de evaluación intermedia de la Estrategia que se ha llevado a cabo a lo largo de este año muestra que, en los tres primeros años de vigencia, el cumplimiento de esta herramienta ha superado el 52 por ciento, superando las previsiones iniciales.

Ahondando en las cifras, Martínez Guijarro ha explicado que, a lo largo de este trienio, también se ha superado la ejecución presupuestaria ya que se han movilizado más de 1.854 millones de euros, lo que representa un 140,6 por ciento del presupuesto previsto para ese periodo, destinándolos a blindar los servicios públicos “para hacer atractivos nuestros pueblos para vivir y para invertir”.

Junto al vicepresidente han participado en el Consejo Regional de Despoblación el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; representantes de los agentes sociales CCOO, UGT y CECAM; y el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega.

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