La Fiscalía de Ciudad Real ha respondido con un «no» a la petición de reapertura de la investigación en relación al manejo irregular de subvenciones en la CEOE-Cepyme provincial, actualmente en fase de liquidación. Así lo han dado a conocer los responsables de IU en Miguelturra, Pedro Mellado y Luis Ángel Serrano, quienes han explicado que la Fiscalía sostiene que no puede reabrir el caso porque han pasado más de seis meses desde que el caso fuera incoado.
Según la Fiscalía, este asunto sólo podría ser reabierto por orden del fiscal general de Estado o bien acudiendo a la autoridad judicial. «No es la respuesta que esperábamos», señalan los dirigentes de IU, «en lo tocante a un asunto relacionado con presuntas tramas de corrupción». Aún así, no se rendirán y han anunciado que estudiarán el caso con su gabinete jurídico para «buscar toda la verdad en este asunto».
En este sentido han anunciado que estudiarán la conveniencia de dirigirse directamente al fiscal general del estado, o bien presentar la denuncia en los juzgados de Ciudad Real.
Según IU, CEOE-Cepyme Ciudad Real recibió casi cuatro millones de euros en subvenciones finalistas para formación, y los propios responsables de la patronal han reconocido un uso irregular de estos fondos, destinando parte de ellos al pago de facturas ajenas a sus fines. «La sensación es que ciertas instancias públicas tienen una actitud laxa a la hora de perseguir ciertos delitos económicos cuando las comete la élite del poder económico y financiero del país», subraya la formación.
Lo que está claro es que, de momento, las presuntas irregularidades en la gestión de CEOE-Cepyme Ciudad Real se han perdido en las covachuelas de la Justicia justo cuando ha transcendido el contenido del informe concursal de la patronal manchega, un documento que, como muchos esperaban, apenas ha profundizado en las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del ex presidente Arturo Mesa.
Informe concursal
Según el informe, al que tuvo ayer acceso la agencia Efe, los administradores concursales cifran en 2,4 millones de euros el déficit patrimonial de la confederación. Además, reconoce un pasivo por créditos de 6.380.526 euros.
Entre los acreedores destacan Banco de Castilla-La Mancha (con un préstamo hipotecario de 2.976.574 euros) y Globalcaja (1.337.000 euros).
Según el informe concursal, la principal causa del derrumbe de la patronal fue la «fuerte inversión» efectuada en la nueva sede de Miguelturra, a lo que habría que añadir la morosidad de los asociados y la dotación de «provisiones y pérdidas de créditos comerciales incobrables por importe de 740.738 euros».
Asimismo, el informe vuelve a hacer hincapié en las subvenciones finalistas por formación que tuvieron que ser devueltas por su imposible justificación.
¿Porqué no se investiga la mala utilización de los caudales públicos?. Para la mayoría lo público no es de nadie, una verdadera pena oiga, pero una miseria mal gestionada por UGT de los cursos de formación (que destinaron a promocionar algunos autocares para la huelga general) ha salido en todos los medios, mientras que para la fiscalía de Ciudad Real la malversación de fondos públicos por parte de la CEOE (1.800.000) euros destinados también a cursos de formación no merecen ni tan siquiera una investigación. Cuestión de gustos…, digo de videos.