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¿Existe el capitalismo en España? El sistema político-clientelar español

- 29 abril, 2014 – 00:10Sin comentarios
Lucio A. Muñoz. Socio director de Eurogroup Human Resources.- Uno de los objetivos que han intentado conseguir determinadas facciones, integradas de forma interesada en los diferentes movimientos sociopolíticos  creados en los últimos años en España, ha sido confundir a la sociedad. Lucio A. Muñoz Para ello, algunos de estos grupos (en general, vinculados a la ultraizquierda radical y a colectivos antisistema) han protestado en contra del capitalismo en diversas manifestaciones, en las que esgrimieron a tal efecto ciertos mensajes totalmente desvirtuados, tanto desde una perspectiva socioeconómica como ideológicamente. Es complicado encontrar sistemas económicamente puros, de este modo, multitud de países mantienen en la actualidad modelos de economía mixta. Considerando lo anterior, todos los sistemas capitalistas presentan un nivel mayor o menor de intervención estatal y de control regulador. No obstante, ¿es factible calificar con el término de capitalista al actual sistema económico español, tanto en cuanto nuestra economía está totalmente intervenida por el Estado, por mediación de los dos principales partidos políticos, y teniendo en cuenta que tanto el nivel de competitividad como el índice de libertad económica de la misma son ínfimos? Máxime, teniendo en cuenta que nuestra Justicia, al servicio del bipartidismo, impide que pueda desarrollarse el citado sistema libremente. En relación a ello, se puede afirmar que los principios que caracterizan al liberalismo económico no confluyen en nuestro actual modelo económico. (En el supuesto caso que España tuviera algún modelo definido). En este sentido, es contradictorio protestar actualmente contra el capitalismo en España, puesto que el sistema económico instaurado por los dos grandes partidos en nuestro país se podría definir como “político y clientelista”. Los españoles estamos atrapados en un malévolo modelo en el que la economía está íntimamente ligada a la política. (El Régimen del 78 desprendió en sus inicios una agradable fragancia que, desgraciadamente, se evaporó instantáneamente por el efecto de la corrupción política institucionalizada). La sociedad española está influenciada por el capitalismo de consumo pero nuestro sistema no está identificado con un modelo capitalista óptimamente competitivo. En todo caso, nuestro modelo económico puede estar asociado al concepto de capitalismo corporativo, en el que las grandes corporaciones tienen una gran influencia en las políticas y decisiones económicas adoptadas por el Gobierno y viceversa. Aunque en España, realmente, son los dos partidos mayoritarios los que controlan todos los ámbitos económicos a través de la politización de la Administración y la Justicia. (El ejecutivo actual, siguiendo el camino que inició el Gobierno de Felipe González, está diseñando una Justicia a medida de la casta política a través de la “Reforma del CGPJ”, el “Anteproyecto de la LOPJ” y la futura “Ley de Enjuiciamiento Criminal”). Todo ello, sin olvidarnos de la economía de la subvención, que mantiene todo este clientelar sistema en pie. Por consiguiente, las camarillas anticapitalistas (y antisistema) en España tienen el objetivo desenfocado porque en vez de enfrentarse al capitalismo, modelo económico que no existe como tal en nuestro país, deberían centrar sus protestas en luchar contra el sistema político corrupto que está ahogando a la economía española. ¿Es posible que estos movimientos, verdaderamente, defiendan a una pseudo ideología devaluada y obsoleta o a un partido concreto e, igualmente, protesten contra un Gobierno al que consideran enemigo (pero que representa lo mismo que el partido al que supuestamente defienden)? ¿Y para ocultar tal intención, abanderan una simulada lucha contra el capitalismo? El sistema político partitocrático actual (y el poder económico interconectado con los dos primordiales partidos) es culpable de dejar a España en la quiebra y a millones de españoles en el paro y la miseria.   La economía española únicamente crecerá y creará empleo a un ritmo sostenido cuando se regenere democráticamente nuestro sistema político corrupto y se reestructure el modelo territorial actual. Mientras no se lleve a efecto tal regeneración, todas las medidas que se adopten, tanto políticas como económicas, solo serán remiendos. La evolución de la economía española, como la de cualquier otro país, depende del buen funcionamiento de nuestro sistema político y, por tanto, de la independencia de la Justicia. Pero en España, aproximadamente, 10.000 aforados, fieles representantes de la partitocracia y blindados ante una Justicia politizada, bordean los límites de nuestro Estado de Derecho por obra y gracia de este privilegio feudal denominado aforamiento. El Gobierno, con la complicidad de la oposición, sigue centrándose en el discurso económico para desviar el verdadero problema de España, que es de naturaleza política. A nivel internacional, el FMI sigue sin enterarse de los verdaderos problemas de España, puesto que la última ocurrencia de este organismo ha sido recomendar al Gobierno que centre el ajuste en el gasto social (aunque se puede dotar de eficiencia a la gestión de las ayudas sociales) y en los sueldos públicos. ¿Es consciente el FMI que, desde el año 2009, España ha destinado casi 50.000 millones de euros (vía dinero público) al rescate de las bancarizadas cajas de ahorros, quebradas por los políticos, a la par que se han recortado tanto prestaciones sociales como educativas a los ciudadanos (e inversiones en I+D)? Respecto al recorte de sueldos públicos, acertaría el FMI en este diagnóstico siempre que dicho ajuste se concentrara en puestos políticos prescindibles, asesores, personal procedente de empresas públicas subvencionadas y en números rojos, y empleados públicos (sin oposición) enchufados por el PP-PSOE en la Administración. Recordemos que, hasta la fecha, los “interinos” son quienes han sido despedidos en las administraciones públicas.   No existe otro camino que el inicialmente emprendido por Francia (reducir el número de regiones y bajar impuestos y cotizaciones a la S.S.) e Italia (suprimir provincias y puestos políticos).
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