El Tribunal Administrativo Central ha resuelto rechazar el último recurso presentado por el PSOE contra la capitalización de Aguas de Alcázar, lo que implica que permite seguir adelante con el proceso de conversión de la empresa en sociedad mixta como única solución a la deuda millonaria dejada por el anterior equipo de Gobierno socialista y que mantenía a Aguas en causa legal de disolución.
Así lo ha dado a conocer este martes el alcalde de Alcázar, Diego Ortega, quien ha asegurado que esta decisión se esperaba, dado que el segundo pliego de adjudicación, elaborado tras la suspensión del primero, ha seguido las instrucciones dadas por el propio Tribunal Administrativo Central. Además, ha hecho hincapié en que, frente al triunfalismo engañoso del PSOE, la suspensión cautelar del pasado 13 de junio era sólo eso, cautelar y no definitiva, como se ha demostrado ahora.
Para el alcalde alcazareño, el levantamiento de la suspensión es una buena noticia para la ciudad, para los vecinos y para la propia Aguas de Alcázar, que podrá ser salvada con este proceso de capitalización que, de no haber sido posible, habría llevado directamente a la disolución de la empresa. En este sentido, ha señalado que, al ser una buena noticia para Alcázar, que mantendrá las tarifas, verá mejorado el servicio y los trabajadores mantendrán sus empleos, es una mala noticia para el PSOE, “empeñado únicamente en defender los intereses personales de algunos de sus miembros y no el interés general de los vecinos”.
En cualquier caso, Ortega ha recordado que el Tribunal Administrativo Central es un órgano técnico, no judicial. De hecho, la justicia ha dado en todo momento, desde el inicio del proceso, la razón al equipo de Gobierno de PP y CxA.
El levantamiento de la suspensión se acoge desde el Ayuntamiento “con la misma normalidad con la que se acogió la suspensión cautelar”. Así, ha recalcado que no hay triunfalismos, sino responsabilidad para continuar con un proceso que va a solucionar un gravísimo problema que tiene Aguas de Alcázar provocado por la “nefasta gestión” del PSOE durante años. Un problema que se solucionará con la adjudicación definitiva a la empresa que se ha presentado al segundo procedimiento de licitación que ahora puede seguir adelante, y que se espera que pueda estar concluido a lo largo del presente mes de julio, pudiendo además aprobar las cuentas de 2013 que este lunes se dejaron sobre la mesa en la Junta General de Aguas.
Diego Ortega ha subrayado que los gobernantes actuales tienen la obligación de solucionar los problemas de la ciudad, ya que para eso fueron elegidos por los vecinos. Enfrente está un PSOE que acusó al equipo de Gobierno de falta de transparencia, de no respetar el principio de igualdad, de discriminación entre empresas licitadoras y de contradicciones en los pliegos de cláusulas administrativas. “Todo esto, punto por punto, ha sido desmontado en los 28 folios de la resolución del Tribunal Administrativo Central, desmontando también el intento del PSOE de evitar el proceso porque lo que no quieren es que se solucionen los problemas ni quieren reconocer las consecuencias de su mala gestión”, afirmó el alcalde.
Se trata, en definitiva, de una buena noticia para los vecinos y “un varapalo para el PSOE, para quien firmó el recurso, Ana Belén Tejado, y para el conjunto del Grupo Socialista, encabezado por su portavoz o portavoces, porque hay tantas voces discordantes en el PSOE que ya no sabemos quién es el portavoz”. “Y tras este jarro de agua fría, mucho me temo que las luchas internas se van a agudizar”, añadió.
Finalmente, Ortega ha subrayado que “ha triunfado el sentido común y la democracia, frente a la defensa de los intereses partidistas del PSOE, el boicot a todos los procesos y la utilización de los vecinos para atentar contra la legalidad y las normas más básicas de la democracia, como se pudo ver en la Junta General de Aguas en la que miembros de la plataforma del agua tuvieron que ser expulsados por la Policía Local porque las juntas de accionistas no son y nunca han sido públicas”. Una Junta General de Aguas en la que, además, la concejal Ana Belén Tejado hizo fotos al alcalde para subirlas a las redes sociales con insultos y comentarios injuriosos contra su persona, y en la que el ex alcalde, “imputado por varios delitos, se permitió dar lecciones de democracia y transparencia”.
