Todos a una contra las mociones de «copia y pega» de Izquierda Unida

Los concejales del equipo de gobierno que han debatido las mociones presentadas por Izquierda Unida han coincidido en reprochar a Carmen Soánez que, pleno tras pleno, se empeñe en defender textos «enlatados», «contenidos improcedentes» alejados de las competencias municipales. Mociones de «copia y pega» que, según los populares, ponen de manifiesto la «falta de trabajo» de esta concejala.
La primera de las mociones que presentaba Izquierda Unida era referente a la reforma de las titulaciones universitarias. Según Soánez, una de las consecuencias del decreto 3+2 serán estudios más caros a los que sólo podrán acceder los hijos de familias con recursos económicos. Además, argumentaba que esta medida afectará a los puestos de trabajo del profesorado. Por ello, solicitaba que el pleno se posicionara en contra.

La portavoz socialista, Fátima Serrano, adelantaba que su grupo apoyaría la moción. «No estamos a favor de que un mismo título tenga un período de estudio diferente». Para Serrano, el objetivo del Gobierno está claro, y es «reducir el número de docentes y favorecer a las universidades privadas».

La concejala de Educación, Beatriz Sebastiá, comenzaba su intervención criticando la actuación de Soánez por tratar asuntos que escapan de la competencia municipal.  «Contenidos improcedentes», decía, a la par que solicitaba a la concejala de IU que pensara en el dinero que la corporación cuesta a los ciudadanos y le pedía que se pusiera a trabajar por la ciudad. «Sigan así y recogerán lo que merecen», advertía.

Sebastiá  hacía referencia a conclusiones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2006, en las que recomendaban que no todos los grados tuvieran una misma carga de créditos. Además, indicaban que el sistema 4+1 era «una rareza». Por otro lado, citaba también al Consejo de Estado para sostener que el modelo 4+1 no está en sintonía con los países del Espacio Europeo de Educación Superior. «Permitir, que no imponer», matizaba la concejala, otras opciones permitiría un acercamiento a modelos puestos en práctica en otros países y menos dificultades a la hora del reconocimiento de títulos.

Soánez defendía que el contenido de la moción afecta a los universitarios de la ciudad y que asuntos a simple vista generalistas tienen su impacto en la política municipal, porque «nada está aislado». Concluía exponiendo que este decreto se trata de imponer, que no ha sido consultado y pretende aplicarse sin evaluar la implantación del Plan Bolonia.

La moción fue rechazada con los votos en contra de los concejales del equipo de gobierno.

Asilo político para un activista saharaui
En otra de su mociones, IU solicitaba que el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real se sume a una petición de asilo político para el joven activista sahraui Hassanna Aalia, condenado a cadena perpetua en Marruecos. La moción fue rechazada pese a contar con el apoyo del grupo socialista. Carlos Gutiérrez, concejal Juventud, Infancia y  Cooperación Internacional, criticaba que se debatiera una nueva «moción tipo», una más de «copia y pega» de Izquierda Unida, que «pone de manifiesto su falta de trabajo». Gutiérrez, tras cuestionar el cumplimiento de los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba o Corea del Norte, proponía a Soánez apoyar la moción a cambio de que la concejala de IU correspondiera condenando la muerte del joven venezolano que recientemente perdió la vida en el transcurso de una manifestación en Caracas. El popular aseguraba que para Soánez y su grupo «hay derechos humanos de primera y de segunda», dependiendo del país donde se mire. «Izquierda Unida no puede dar lecciones de moralidad», concluía.

Por su parte, Carmen Soánez insistía en que su moción hacía referencia a un caso en concreto y que atentados contra los derechos humanos se producen en numerosos países, «no sólo en los que no le gustan al concejal».

Impuesto para las grandes superficies comerciales
La última moción de IU, también rechazada, proponía la creación de un impuesto regional a las grandes superficies con el que compensar y promocionar al pequeño comercio. En esta ocasión no encontró el apoyo del grupo municipal socialista, que votó en contra porque una medida de esas características «podría afectar al empleo», según indicaba su portavoz, Fátima Serrano.

Por su parte, Lola Merino comentaba que en la comisión preparatoria la concejala de IU pidió una tasa municipal, mientras que en el pleno solicitaba la creación de un impuesto regional. «No se lee ni sus propias mociones de copia y pega», le recriminaba Merino, quien, además, recordaba que esta moción ya se había debatido en 2012.

Entrando en materia, la concejala de Promoción Económica señalaba que la Comisión Europa había pedido se suprimiera ese impuesto en las seis comunidades autónomas donde se ha implantado. «Se entiende que puede ser una ayuda encubierta e ilegal al pequeño comercio». Por otro lado, le preguntaba a Soánez si sabía cuántas grandes superficies hay en Ciudad Real, el empleo que generan, sobre qué concepto se impondría el impuesto y si había tenido en cuenta que algunas grandes superficies aglutinan a muchos pequeños comercios.

La concejala de Izquierda Unida le respondía que era ella la que no se había leído la moción, pues en el texto constaban los conceptos y razones por los que abogaba por gravar a las grandes superficies: «ordenación del territorio y creación de infraestructuras con dinero público, alteración del medio ambiente, fiscalidad e intereses bancarios son los motivos». En cualquier caso, aclaraba, se habla de las grandes empresas y no de los pequeños comercios que puedan estar instalados en un centro comercial. Por último, respecto a las directrices europeas, subrayaba que indican que esos impuestos sería conveniente revisarlos pero que en ningún caso obliga a suprimirlos.