El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado hoy el nuevo intento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Púbicas de torpedear las mejoras en materia de función pública que se están llevando a cabo desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, “un suma y sigue” que ha demostrado va a mantener hasta el último día de su etapa en funciones.
Ruiz Molina se ha manifestado de este modo después de que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas haya recibido hoy un burofax del Ministerio, fechado ayer, en el que se le solicita que, en el plazo de diez días, remita “información sobre las cifras de bajas y altas que se han tenido en cuenta para el cálculo de las plazas de nuevo ingreso” que componen la última Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Emiliano García-Page.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado su sorpresa por esta nueva comunicación del Ministerio, ya que a cada medida del Ejecutivo castellano-manchego por mejorar las condiciones de los empleados públicos de la región, le sigue, “con carácter inmediato”, un intento por boicotearla del Gobierno central en funciones.
En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que la Oferta de Empleo Público de 964 plazas de nuevo ingreso fue aprobada la semana pasada por el Consejo de Gobierno y publicada el día 17 de junio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y tan solo cuatro días después, con sorprendente celeridad, se ha remitido este burofax por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ruiz Molina ha querido trasladar a los opositores un mensaje de tranquilidad porque, tal como ya sucedió con la Oferta de Empleo Público para docentes, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha respetado la tasa de reposición fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Como se anunció la semana pasada, ha resaltado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, “hemos ofertado el número máximo de plazas posible, pero sin sobrepasar lo fijado en la Ley”, algo que al igual que hicimos con la OEP para docentes, aclararemos al Ministerio.
Además de las dudas sobre las ofertas de empleo, el Gobierno central en funciones actuó también con la máxima celeridad para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley por la que se aprobó la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, lo que ha supuesto que los trabajadores de la Administración regional hayan tenido que recuperar la jornada de 37,5 horas.
