Nicolás Clavero, concejal de Economía y hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha presentado una moción que llevará el Grupo Municipal Socialista al próximo Pleno Municipal, instando al gobierno de España que permita que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal para esa reinversión.
Clavero ha explicado que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) recoge las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, y señala que “las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”. En cuanto al destino del superávit, señala que “éste se destinará reducir el nivel de endeudamiento”.
La Ley 9/2013 de Deuda Comercial, modificó la ley para permitir a los Ayuntamientos que cumpliesen una serie de requisitos, destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles. Estas excepciones no dieron satisfacción a las demandas municipales puesto que las condiciones para poder acogerse a la medida eran importantes: haber registrado superávit presupuestario y remanente de tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda.
El concejal insiste en la paradoja de que si bien los ayuntamientos son la única administración en superávit, están saneados y cumplen sus objetivos pero no, pueden invertir ese ahorro. Ponía de manifiesto que la administración local se ha convertido en la más cumplidora con los objetivos fijados para 2020, dado que la deuda local ya ha llegado este año a esos objetivos del 3%, con cuatro años de adelanto. Asimismo ha revelado que el superávit de las Entidades Locales, aporta al cómputo total de España medio punto del PIB y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus proveedores.
Nicolás Clavero cree que el Gobierno Central debe atender las demandas de los ayuntamientos, recogidas en esta propuesta que ha elaborado la Federación Española de Municipios y Provincias, con la recomendación de que sea presentada por todos los Ayuntamiento, independiente del color político, puesto que afecta a todos de igual manera.
El edil socialista concretaba que en el caso de Ciudad Real, el superávit sería destinado fundamentalmente a la generación de empleo y a incrementar las actuaciones en acción social, por lo que espera que el Gobierno escuche, y sea sensible a las reivindicaciones de los Ayuntamientos, “justas, razonables y necesarias para seguir poniendo los intereses de los vecinos por delante de cualquier otro, y continuar llevando a cabo inversiones, desarrollo y el fortalecimiento del Estado de Bienestar”.
El pasado día 30 de noviembre de 2016, el Gobierno presentó a las Entidades Locales la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las entidades locales que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que establece un objetivo de déficit del 0,0% del PIB para este año 2016 y para los tres ejercicios siguientes. De la misma manera, ha presentado a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) el objetivo de deuda pública del conjunto de las entidades locales, que es del 3,1% del PIB para 2016; del 2,9% para 2017, del 2,8% para 2018 y del 2,7% para 2019.
La Ley Orgánica española traslada y adapta al ordenamiento interno los dispositivos de restricción de gasto público, supervisión e intervención previstos en la normativa de la UE, con algunos añadidos derivados de las particularidades de la precaria situación de las Administraciones Públicas en España. En suma, si observamos conjuntamente la normativa comunitaria y la española (y, también, la catalana), podemos afirmar que nos hallamos ante un sistema de restricción y control del gasto público escalonado o en cascada que subvierte las ideas de soberanía estatal, democracia y descentralización política.
Las decisiones de los estados miembros de la UE sobre el sustento económico de la actividad material de los poderes públicos, los ingresos y gastos públicos presupuestados, proceden, en última instancia, de organismos foráneos ejecutivos: el Consejo (donde los Estados poseen distinto peso y donde impera la negociación, en la cual suele primar la ley del más fuerte, y no los procedimientos democráticos) y la Comisión (un organismo de tecnócratas obsesionados, al parecer, con las estadísticas, los sistemas de contabilidad, los acrónimos esotéricos y los planteamientos económicos neoliberales). Por tanto, en España, si realmente se está dispuesto a hacer todo lo posible (e imposible) para cumplir los quiméricos objetivos marcados para 2020, pronto no quedará casi nada de su carácter «social».
Sr. Clavero, sus intenciones son razonables y sensatas pero mucho me temo que el Sr. Montoro y, por ende, la UE ya tengan conocimiento de lo que se indica en Eclesiástico, 13 21-22: «Cuando el rico se tambalea, sus amigos lo sostienen, pero cuando cae el humilde, sus amigos lo rechazan.
Cuando el rico resbala, muchos lo cogen en sus brazos, y si dice estupideces, le dan la razón.
Cuando el pobre resbala, le hacen reproches,y si habla con sensatez, no le hacen caso»…