La comunidad de 10 familias de un inmueble de Puertollano que tuvo que ser demolido por ruina inminente en el año 2013 en la calle Montesa, en la barriada Fraternidad, ha denunciado su «hastío» tras años de espera para conseguir la devolución de valor catastral de sus viviendas. «Pasa el tiempo y no se pone solución a que varias familias que nos vimos obligadas a abandonar nuestros hogares no recibamos un trato justo», señala en un comunicado la representante de los vecinos, María del Carmen Romero.
En el comunicado, este grupo de personas subraya que solo exige un «trato igualitario» y se le devuelva el valor catastral de las viviendas que les corresponde, «al igual que se había hecho con anterioridad con otros vecinos afectados por la misma problemática». En este sentido han puntualizado que estas familias «están compuestas sobre todo por personas mayores, beneficiarios de jubilación, o gente, que al igual que mucha otra de la localidad, se han quedado sin trabajo».
«Son familias que han tenido que asumir mudanzas, pagos de alquileres y reformas de las nuevas viviendas que, además del propio deterioro de las mismas, no reunían unas condiciones de habitabilidad adecuadas», aseveran.
«En algunos de los casos», prosiguen, «estos gastos no han sido asumibles y han obligado a los vecinos afectados a trasladarse a vivir con otros familiares o a situaciones de precariedad, situaciones que podrían verse favorecidas con el cobro correspondiente al valor catastral de las viviendas de las que éramos propietarios».
Según denuncia el colectivo, desde la fecha en la que les fue comunicaron el desalojo del inmueble, en el número 30 de la calle Montesa, han mantenido numerosas reuniones con los representantes institucionales del Ayuntamiento de Puertollano, sin éxito. «Sin ir más lejos, el último encuentro tuvo lugar en el pleno celebrado el día 26 de octubre, cuando la comunidad presentó nuevamente el caso demandando que se dejase de dar largas, ya que supone un problema real para muchas familias», relata Romero. «La respuesta por parte del concejal de Urbanismo fue simplemente que seguiríamos las negociaciones; ¿qué negociaciones?, ¿qué es lo que necesitan? A nosotros nos vuelve a sonar a que volverán a dilatar la solución todo lo posible para ver si así dejamos de insistir y termina desapareciendo el problema», afirma la representante de la comunidad.
Los afectados relatan que el origen de la situación se remonta al año 2011, cuando pusieron en conocimiento de las administraciones la situación que habían venido detectando en el estado del edificio, «con grietas en la estructura que se hacían cada vez más grandes». «Enviaron a técnicos a comprobar la situación y colocaron testigos para controlar el avance de las grietas, que terminaban cayendo por la apertura de las mismas; esta situación, como se recoge en escritos oficiales, se debía al mal estado del edificio colindante, (Montesa 32), y que ya se encontraba desalojado, tapiado y declarado en ruina», recuerdan.
Con el paso del tiempo, prosigue el comunicado, el deterioro del inmueble era cada vez más notable y en 2013 los técnicos realizaron un informe resolviendo que declaran el edificio en ruina inminente. Esto dio paso al desalojo del edificio por la inminente demolición. De las 10 familias, únicamente cinco fueron realojadas en viviendas sociales con alquileres de la Junta de Comunidades, ya que las otras cinco contaban con una segunda vivienda en propiedad, «sin recibir en ninguno de los casos el valor catastral de las viviendas, como ya se hiciera en su momento con el edificio colindante de Montesa 32», aclaran.
En todo caso el colectivo también recuerda que «en la barriada Fraternidad continúa el deterioro de inmuebles que terminan cayendo o siendo derruidos, pero a nadie parece importarle lo que les pueda pasar a cada una de esas familias, que siguen viéndose afectadas por la pérdida de sus hogares, por los que no reciben a cambio nada para poder volver a empezar».
«Por este motivo no hemos visto más solución que dar a conocer públicamente las situaciones que se están dando para intentar alcanzar la sensibilización institucional y que estas familias puedan mejorar su situación con la ayuda de un dinero que, al fin y al cabo, es suyo», concluye el comunicado.
A ver, unas viviendas particulares se deterioran, los realojan en viviendas públicas (son personas mayores o con pocos recursos, según manifiestan), pero además exigen que la administración pague por sus viviendas (valor catastral, seguramente hoy más que el valor de mercado). Y yo me pregunto, si yo vivo en la Plaza de María Auxiliadora y mi edeficio está en malas condiciones, mi comomunidad quiere repararlo entre todos los propietarios, pero yo no, por que espero que me realojen en otra vivienda (más nueva) y que además me paguen por ello. Es más, por qué todos los vecinos de Puertollano que tengan pocos ingresos o sus vivienda en mal estado no piden que les paguen por ello???
Podría decirme alguien que Ley, artículo, etc, recoge estas ayudas?
Debe la Administració pagar por viviendas particulares en mal estado?
Llevan razón estas personas?
En mi opinión no es justo. Cuántas personas mayores hay en Puertollano que con sus pensiones no pueden arreglar sus tejados, o reparar goteras, etc. Para eso sí hay líneas de ayudas y aún así no se llega a todos.
Si ya se hizo una vez, mal hecho. Es un trato discriminatorio para el resto de vecinos de Puertollano.
Si eres propietario de una vivienda (que adquiriste libre y voluntariamente), tienes la obligación de mantenerla y/o repararla, si no lo haces (decisión individual, libre y voluntaria), no esperes que la Administración supla esas carencias. Es sencillamente injusto y, provablemente, ilegal.